“Fueron ocho autores, dos años de labor, nueve personas privadas de su intimidad, decenas de puntuales invasiones dentro de cada una de ellas, incontables comunicaciones entre los implicados, una sola conclusión: James, Palacios, González, Guarda, Quintana, Rojas, Amaral y Fernández (...) han sido, todos ellos, autores del delito de asociación ilícita”. Así, en esos términos, la Sala I de la Cámara Federal confirmó que el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el espía Ciro James, otros cinco policías y una empleada judicial de Misiones conformaron, abusando de los cargos que ocupaban, una organización que hizo del espionaje telefónico “una empresa del delito”.

El fallo, que confirma los procesamientos de este grupo, es una bisagra en la investigación a cargo del juez Norberto Oyarbide. No sólo deja al comisario favorito de Mauricio Macri y a su ladero James a las puertas de un juicio oral, sino que ubica al propio jefe de Gobierno porteño –complicado por una escucha a su propio cuñado– en la antesala del llamado a indagatoria. Allegados a la causa ya hablan de que la citación podría concretarse la semana que viene, y que también podría incluir al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Es que la escucha a su cuñado, el hecho de que después de retirar cintas de la SIDE Ciro James activara su celular en Barrio Parque –donde vive Macri– y la contratación del espía sin que se le verificara ninguna actividad en el Ministerio de Educación porteño complican al jefe de Gobierno.

La clave de la resolución es que mantiene en pie los procesamientos por “asociación ilícita”, la figura más grave –prevé de 3 a 10 años de prisión– que utilizó Oyarbide para describir cómo funcionaba esta red que se dedicaba a hacer escuchas con apariencia de legalidad, ordenadas por dos juzgados de Misiones y ejecutadas por la SIDE. En cuanto a Palacios y James, los confirma como dos personajes centrales de la trama y dispone que sigan con prisión preventiva hasta el juicio oral. El ex jefe de la policía porteña, indica el fallo, tendrá que ser indagado nuevamente, por todas las pinchaduras detectadas en la pesquisa. Hasta ahora fue procesado por tres: la del teléfono de Sergio Burstein, integrante de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA; la del empresario televisivo Carlos Avila y la del gerente de Coto Rodrigo Blas Velazco.

Mi cuñado

Para imputarle asociación ilícita a una persona basta con demostrar su vinculación con la organización y su papel en ella, explicó la propia Cámara. El principal problema que tiene Macri en el expediente es la escucha ilegal que se hizo entre mayo y junio de 2008 al celular de su cuñado, Daniel Leonardo. Al testificar, Leonardo atribuyó el espionaje a su suegro, Franco Macri, pero añadió que lo habría concretado con la ayuda de Mauricio. Todo giraba en torno de la fortuna familiar. Franco, explicó el parapsicólogo Leonardo, no aceptaba el matrimonio con su hija Sandra. El empresario, para colmo, admitió la enemistad con su yerno en una carta pública.

En catorce oportunidades, James retiró las grabaciones del cuñado de Macri de la SIDE. En nueve de ellas se fue directo, o con alguna breve escala, a Barrio Parque, según reveló la antena de su celular. Mauricio y Franco viven allí. Según los investigadores, Franco estaba de viaje. La última vez que James hizo aquel recorrido, el domingo 22 de junio, se quedó más de dos horas en Barrio Parque. A los pocos días fue nombrado en el Ministerio de Educación porteño como supuesto asesor legal, aunque jamás firmó un dictamen. La hipótesis del juzgado es que esa fue la pantalla para sus actividades de espionaje. La otra cuestión es que por esa misma época, Palacios –que venía de comandar la seguridad de Boca durante la presidencia de Macri– ya trabajaba en el armado de la Policía Metropolitana. Era la persona a la que el jefe de Gobierno le confiaba todas las cuestiones de seguridad, lo que hace imposible que el Fino haya estado al comando de la escucha ilegal a Leonardo sin tener el visto bueno de quien era su jefe, Mauricio Macri.

“El actuar coordinado, conjunto, funcional de los imputados, que incluso ha atravesado tiempos y distancias, demuestra que lo acaecido entre los años 2007 y 2009 no se instituyó en la canalización de un plan aislado”, sino en función de “un designio criminal emanado de una voluntad social espuria”, dicen los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. A James lo señalan como el “encargado de establecer y mantener el contacto entre la sede de operación local individualizado, hasta ahora, en la persona de Palacios, y de aquellos que serían los nexos necesarios para el despliegue de las maniobras acordadas: la policía de Misiones y los funcionarios judiciales”.

La cadena, recuerdan los jueces, era así: James contactaba a los policías misioneros de Homicidios e Investigaciones y ellos introducían el nombre de alguien a quien querían espiar dentro de un expediente judicial en trámite en Posadas. Así vincularon falsamente a nueve personas con dos homicidios, dos jueces que ahora enfrentan un juicio político –Horacio Gallardo y José Luis Rey– y que firmaban órdenes para pinchar sus teléfonos a través de la SIDE y a James, que mantenía un contacto permanente (acentuado el año pasado) con Palacios, retiraba las cintas o cds de la central de espías en Buenos Aires. En los juzgados misioneros nunca apareció el material y ni siquiera en los expedientes incluyeron transcripciones de escuchas que, supuestamente, se realizaban a personas vinculadas con crímenes y robos. Esto demuestra que a los jueces no les importaban esas escuchas: eran parte de otro “negocio”.

La punta del ovillo

El caso de la escucha a Burstein, que ilustra la participación de Palacios, fue la punta de ovillo de la causa penal, a partir de un llamado anónimo que recibió su hija: “El teléfono de tu viejo lo tiene pinchado el Fino”, le avisaron. Uno de sus celulares, el que usaba para hablar de la causa AMIA, había sido intervenido –comprobó la Justicia– en septiembre del año pasado, por la misma época en que reclamaba que echaran a Palacios de la nueva policía y cuando era inminente su procesamiento por encubrir el atentado. La indicación la había dado un juzgado de Misiones que lo involucraba en el crimen de un contador en Posadas. Una vez más, las escuchas las retiraba James. Antes y después se comunicaba religiosamente con Palacios.

El fallo de la Sala I reconstruye también las visitas de James al edificio del Ministerio de Seguridad porteño, donde funciona la Policía Metropolitana. Muestra que algunas se producían inmediatamente antes o después de que retiraba grabaciones de la SIDE. Tres de esas visitas se produjeron durante la gestión de Palacios. La última ya corresponde a la etapa de Osvaldo Chamorro, socio del Fino, también expulsado días más tarde bajo sospechas de espionaje. La presencia de James en ese edificio, aunque pertenecía a la Metropolitana, es una de las pistas que podrían complicar también al ministro Montenegro.

Hay un detalle de la letra fina de la resolución de ayer que es el que también favorecería la citación del propio Macri: los camaristas rechazaron un planteo de James que pretendía dejar afuera de la causa parte de algunas de las escuchas, en especial las de Daniel Leonardo, con el argumento de que en ese momento de 2008 había un vacío legal, ya que todavía no estaban tipificadas las pinchaduras. Sin embargo, para los camaristas la norma que existía antes era amplia y preveía el castigo por la apropiación de información privada.

Por lo pronto, quienes quedaron implicados en la asociación ilícita según la Cámara, además de Palacios y James, son los policías Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández y Rubén Alberto Quintana y la secretaria judicial Mónica González. También les confirmaron los procesamientos por falsedad ideológica de documentos, es decir, por truchar las causas judiciales y sembrar pistas falsas sólo para conseguir la intervención de teléfonos. El tribunal revocó los procesamientos de otros tres secretarios de juzgado y sacó de las actuaciones, por ahora, el delito de defraudación a la administración pública.

La Cámara le dice a Oyarbide que avance en rastrear si hubo más escuchas e insiste en que “se puso al ruedo toda una maquinación debidamente concertada, concretamente planeada, que involucró a diferentes personas, con diversas funciones, y que en razón de ellas quedaron convocadas en la asociación, en procura de ese fin ilícito en donde la privacidad de las personas y los recursos estatales quedaron a merced de unos pocos que estructuraron, en derredor de todo esto, una empresa del delito”. Lo que aún no está claro en la investigación es si se trató de una banda de policías que hacían negocios vendiendo escuchas, en la que pudieron haber participado ciertos funcionarios o si la gestión PRO estaba intentado armar una estructura propia de espionaje.