Ocho documentos desclasificados de Estados Unidos sirvieron como pruebas de cargo en el proceso que desembocó en la condena a 30 años de prisión contra el dictador uruguayo Juan María Bordaberry, informó ayer el diario La República. Carlos Osorio, desclasificador del Freedom of Information Act –FOIA, organización no gubernamental que ha procesado cuatro millones de documentos del Departamento de Estado– presentó más de 70 documentos ante la Justicia uruguaya que fueron claves para la reciente condena del ex mandatario por “atentado a la Constitución”.

Uno de los documentos del FOIA recuerda que, según Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos, entre 1973 y 1976 Uruguay se convirtió en el país con mayor número de encarcelados y torturados per cápita en América latina. Otro de los archivos confirmó la existencia de órdenes gubernamentales para realizar operaciones “especiales”, que requirieron de los “escuadrones de la muerte”. Los informes de la época también revelan la sintonía de pensamiento entre Bordaberry y los militares uruguayos. “Creemos que Bordaberry fue el que inició la movida de cerrar el Congreso”, señalaba un informe del entonces embajador de Estados Unidos en Uruguay, Ernest Siracusa, al secretario de Estado, Henry Kissinger. En el documento, el ex embajador estadounidense aseguraba: “Fue Bordaberry, no los militares, quien esbozó un decreto que se espera vea la luz pronto, proscribiendo o disolviendo el Partido Comunista”. Estas y otras medidas, concebidas en términos de patriotismo, moralidad, o en consideraciones más prácticas, han aliado al presidente muy a menudo con los de línea dura como el comandante de la Primera División, general Esteban Cristi”, explicaba el informe de Siracusa.

Bordaberry era presidente constitucional desde el 1º de marzo de 1972, pero lideró el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, que instaló un gobierno de facto, y se mantuvo en el cargo hasta que el 12 de junio de 1976 fue relevado por la conducción de las fuerzas armadas.

Otro archivo indica que desde el 14 de agosto de 1975 existía una coordinación represiva entre la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, alianza que sería confirmada en 1976 con el nombre de “Plan Cóndor” para la eliminación de los principales líderes de la resistencia a las dictaduras en la región. El texto era un informe a Kissinger del embajador norteamericano de Buenos Aires, Robert Hill, quien ante una serie de muertes sospechosas de guerrilleros chilenos en la Argentina, señalaba la existencia de una coordinación represiva entre los países de la región.

La Justicia uruguaya notificó el 23 de marzo a Bordaberry la condena dictada en febrero a 30 años de prisión por los delitos de atentado a la Constitución, por el golpe de Estado de 1973 y nueve casos de desaparición forzada y dos homicidios durante el régimen militar (1973-1985). El dictador, de 81 años, está en prisión desde noviembre de 2006, pena que desde enero de 2007 cumple en su domicilio por diversas afecciones de salud.