El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y pieza clave para el control de la gestión pública. Hasta la fecha, este principio se encuentra diseminado en diversas instancias del sistema jurídico nacional e internacional sin que exista un marco normativo unitario. En este contexto, el pasado 29 de abril, un grupo de expertos integrado por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano, representantes de distintos Estados, académicos y organizaciones de la sociedad civil, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA una ley modelo de acceso a la información pública para la región. Su objetivo: fijar estándares mínimos para que el ejercicio de este derecho se garantice en sus Estados miembro. Se espera que el documento sea aprobado en la próxima Asamblea General de la organización panamericana a celebrarse el 6 de junio en Lima.

“Vamos paso a paso. Esta ley modelo lo que busca es replicar los estándares internacionales en la materia. Lo fundamental que contiene esta reglamentación es que brinda un marco para garantizar la máxima publicidad de la información que tiene y que produce el Estado con dinero del erario”, explicó a Página/12 la secretaria ejecutiva de la Alianza Regional, Karina Banfi, una coalición de 24 organizaciones de la sociedad civil de distintos países de Latinoamérica que participó en la presentación del texto. “Una ley modelo no es una convención, no es vinculante. Simplemente es un documento de consulta, que sirve tanto para la reflexión, como para la modificación y realización de leyes ajustadas a los lineamientos internacionales. Hoy estamos en la fase uno. Pero su mandato es importante, porque actúa como fuente de derecho y puede ser invocada dentro de los documentos del derecho internacional”, aseguró la especialista.

Aunque aún falta andar camino para que el acceso a la información tenga en todos los países de la región un soporte jurídico claro y equitativo, este primer paso marca un claro precedente para servir como modelo de ley en el hemisferio. “El objetivo es sacar una reglamentación que finalmente entre dentro del derecho interno de cada país y sea obligatoria. De esto se trata este documento. De lograr una incidencia sobre las legislaturas y los representantes para que acomoden sus legislaciones a esta guía internacional”, agregó Banfi.

La ley modelo presentada en Washington no sólo reafirmó la necesidad de una máxima publicidad en la información aplicada a toda autoridad pública de una nación, órgano u organismos propiedad del gobierno y organizaciones privadas que reciban fondos públicos, sino que además resaltó la necesidad de que la misma sea regular, proactiva y abierta a cualquier persona que lo solicite. El documento destacó que las excepciones debieran ser específicamente establecidas por ley y que en caso de que exista una negativa a proveer información, se podrá apelar la decisión ante los tribunales de justicia. Una de las resoluciones más innovadoras del documento apunta a la necesidad de establecer una Comisión de Información nacional en cada país con autonomía operativa, estipulada para supervisar y velar por su adecuado cumplimiento.

En la actualidad son más de 15 los países en América latina que ya han sancionado sus propias leyes de acceso a la información. México, Nicaragua, Guatemala, Chile y Uruguay son algunas de las naciones que ya cuentan con esta herramienta mientras que Brasil se encuentra en pleno proceso al haber dado el 13 de abril último la medida sanción a un proyecto de ley en Diputados. En las próximas semanas, la Cámara alta resolverá la aprobación del texto que contiene, entre otras cosas, una clara definición del derecho, una amplia cobertura que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una apertura absoluta a información relacionada con la protección de los derechos humanos, y sanciones claras para la obstrucción de su ejercicio.

En nuestro país, aunque el acceso a la información se encuentra consagrado en el artículo primero de la Constitución Nacional y se ha suscripto a varios tratados internacionales de jerarquía constitucional que lo protegen –como la Convención Americana de Derechos Humanos–, aún no existe una ley nacional que lo regule. El jueves de la semana pasada las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, con el aval tanto de oficialismo como oposición, comenzaron a debatir la necesidad de sancionar una ley orgánica de acceso a la información. Hasta la fecha existen más de 20 proyectos presentados por distintas fuerzas políticas en el Parlamento. Su última discusión fue en 2004, cuando la iniciativa para reglamentar el pedido de datos en poder del Estado fracasó en el Senado.