La represión contra la revuelta en Libia es la más violenta en esta ola de manifestaciones que se vive en los países árabes. Y la situación se deteriora sin cesar a medida que pasan las horas. Por lo pronto, Human Rights Watch (HRW) aseguró que más de 170 personas murieron en los últimos dos días durante las protestas contra el régimen de Muammar al Khadafi, primer ministro y “Hermano guía de la revolución”, tal como se define a sí mismo. Sin embargo, la versión de algunos hospitales estiman que las víctimas son más de 200. Las cifras oficiales, por otro lado, no existen. Pese al temeroso clima que reina en el país, entre 20 y 30 mil personas regresaron a las calles ayer, para continuar con los reclamos que iniciaron hace poco menos de una semana, y para repudiar la represión estatal. Los manifestantes tomaron la ciudad de Benghazi, el foco más crudo de los enfrentamientos. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron al gobierno que frene de inmediato el conflicto.

HRW elaboró el registro de muertos y heridos en base a entrevistas a testigos de los enfrentamientos. Según el trabajo realizado, aseguró que hay al menos 173 víctimas mortales en todo el país desde el martes pasado, cuando empezaron las protestas. De ese total, el 30 por ciento –55 personas– fallecieron en Benghazi, el foco más violento de las revueltas, ubicado a 1200 kilómetros al este de Trípoli, la capital, donde decenas de jueces, abogados y profesores de universidad se han concentrado delante del Tribunal de Justicia para pedir que cese la matanza. La cifra coincide con los cálculos de Amnistía Internacional, que añadió que la mayoría de las muertes se produjeron por impactos de bala en la cabeza y el pecho. “La ciudad se convirtió en una zona de guerra. Los vecinos armaron barricadas. Las fuerzas de seguridad siguen disparándonos”, explicó Mofta, un vecino, a Al Jazeera.

El líder libio está enfrentando el desafío más grave de su historia como concentrador máximo del poder en ese país (lleva 42 años como primer ministro). Su respuesta frente a los reclamos de su pueblo se convirtió en la más brutal de las que esgrimieron el resto de los regímenes árabes que se vieron puestos en jaque por protestas callejeras durante el último mes. Durante la madrugada de hoy, su hijo, Saif el Islam, emitió un discurso a través de la televisión estatal en el que aseguró que Libia está al borde de una guerra civil, atribuyó la violencia a un complot extranjero y sentenció: “Destruiremos a los elementos de la sedición”.

Para el régimen, en Benghazi sólo murieron 24 personas. Esa información fue difundida sólo por el diario Quryna, directamente relacionado con el hijo del primer ministro. Es que el gobierno prohibió las transmisiones y las coberturas periodísticas de las revueltas y la represión policial, excepto las desarrolladas por medios oficialistas. No existe registro alguno –por fuera del de Quryna– que hable sobre la situación en el país desde hace poco menos de una semana. La televisión estatal libia difunde, desde el inicio, las imágenes de Khadafi participando en marchas junto con sus partidarios en el centro de la capital. Los medios de comunicación internacionales no pueden ingresar al país y, desde el viernes, la transmisión de la cadena de noticias árabe Al Jazeera fue interrumpida.

No obstante, periodistas nacionales y extranjeros se convirtieron en testigos de los hechos. El cronista Sami Mahmoud coincidió con el abogado Mohamed Abdallah ante Al Jazeera en que el número de víctimas es superior a 200, mientras que los heridos son más de 900. El periodista ejemplificó que, sólo durante la mañana de ayer, al menos 100 cadáveres fueron recuperados del hospital de Jala, Benghazi, para ser enterrados. El abogado, por su parte, aportó definiciones sobre las fuerzas represoras. En ese sentido explicó que los servicios de seguridad libios, ayudados por “mercenarios africanos pagados por el clan Khadafi para reprimir a los manifestantes”, han cometido “una verdadera matanza” en esa ciudad.

Según informó la cadena de noticias árabe, durante la tarde de ayer, miles de manifestantes tomaron autos y armas de las brigadas del ejército que custodiaban las calles de Benghazi y las obligaron a retirarse. Muchos soldados se unieron a las protestas.

Las versiones que manejan los organismos defensores de los derechos humanos sobre lo sucedido en otras ciudades no son más optimistas. Algunos testigos señalaron que los “cascos amarillos” –como nombran a los mercenarios de diferentes nacionalidades africanas que actúan para Khadafi– perpetraron “un genocidio” en la ciudad Derna, donde dejaron “cadáveres calcinados en la carretera que va al aeropuerto”. Esa ciudad esteña está “asediada” por tropas armadas y sus habitantes no tienen alimentos ni otros productos básicos, comentó un testigo que optó por el anonimato. La ciudad de Zouia, en tanto, se encuentra “bajo el control de los manifestantes”, según un activista de derechos humanos que se identificó como Rabi Chrait.

A través de un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias libia Jana, el gobierno explicó que la policía detuvo a varias decenas de tunecinos, egipcios, sudaneses, turcos, sirios y palestinos. “A estas personas se les encomendó la misión de destruir la estabilidad del país, la seguridad de sus ciudadanos y la unidad nacional”, señalaba el documento, en el que el gobierno apuntó bajo sospecha a los servicios secretos israelíes.

Estados Unidos se sumó a la Unión Europea (UE) en la condena a la represión del gobierno libio sobre sus habitantes. “Libia restringe las comunicaciones, pero no puede ocultar la gran cantidad de víctimas de la represión a manifestantes pacíficos”, sostuvo el vocero de la Casa Blanca, Philip Crowley. Varios ministros de Relaciones Exteriores de la UE coincidieron en que es su “obligación” denunciar la violación a los derechos humanos que está sucediendo en Libia. La organización emitió un comunicado en el que instó a Khadafi a terminar con la represión.

La respuesta del gobierno africano no tardó en llegar. O mejor dicho, las amenazas: es que Khadafi amenazó a la UE con dejar de cooperar en materia de inmigración si sus representantes no renuncian a hacer comentarios sobre las manifestaciones en el país.