La divulgación de un pacto inconcluso que habría sido negociado hace más de una década entre el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) y militares uruguayos echó más leña al fuego del debate sobre la anulación de la Ley de Caducidad en el país. El texto del supuesto acuerdo, iniciado con el objetivo de sellar la discusión sobre violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno militar, fue difundido por el diario El Observador, que atribuye su divulgación a oficiales retirados. Sin embargo, el presidente José Mujica, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y el senador Eleuterio Fernández Huidobro, todos ex tupamaros, dijeron desconocer el documento. “Es un bolazo lo del pacto”, dijo de forma escueta el mandatario uruguayo.

“Yo no conozco ese documento que salió publicado. Nosotros hemos hablado mucho con los militares; Mujica, yo y muchos más, siempre, con el objetivo de elevar el reclamo de los compañeros desaparecidos y muy especialmente de los niños”, explicó Fernández Huidobro en declaraciones a la televisión uruguaya, en las que, además, desconfió de la procedencia del texto: “Eso parece ser la obra, ni siquiera de los Tenientes de Artigas, sino de alguien que hizo un mamotretito que dice que data de 12 años atrás y que, además, no se votó, no se acordó”.

Por su parte, Rosadilla negó tener conocimiento sobre el presunto acuerdo en cuestión, aunque también admitió la existencia de conversaciones entre el MLN y las Fuerzas Armadas. “Aún las tenemos”, remarcó. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, también desconoció el acuerdo. En declaraciones al diario Ultimas Noticias sostuvo: “Nadie que sepa algo (sobre el destino de los desaparecidos) va a decirlo porque sabe que inmediatamente va a ir preso. Entonces no puede haber verdad si hay justicia. Son palabras que una y otra no van unidas”.

El Observador difundió un documento que sería el proyecto de un pacto, bocetado en 1998, pero que nunca llegó a concretarse, entre el MLN y miembros de la logia militar Tenientes de Artigas, de ideología ultranacionalista y anticomunista. Ambos grupos se fundaron en la década del ’60 y jugaron roles contrapuestos durante los años de dictadura militar uruguaya. Mientras el MLN participó como guerrilla urbana y luego pasó a integrar la coalición política que gobierna Uruguay, Frente Amplio, la logia militar ejerció un rol central en el golpe de Estado de 1973.

En el texto, ninguno de los sectores procura desentenderse de la responsabilidad que les cabe por los hechos del pasado, pero sostienen que no fueron los únicos protagonistas de aquellos episodios violentos; aseguran que las desapariciones sucedidas durante la dictadura, cerca de 200, en su mayoría sucedidas en Argentina en el marco del Plan Cóndor, fueron consecuencia de una guerra que existió en el país, por lo tanto piden a toda la sociedad que asuman su parte de responsabilidad en ella.

La información sobre un pacto entre militares y ex guerrilleros había sido manejada a inicios de abril por el diario El País, donde el coronel retirado José Carlos Araújo aseguró que desde la década de 1990 se habían producido reuniones entre militares y ex guerrilleros con el supuesto objetivo de llegar a un acuerdo que pusiera punto final a lo ocurrido durante los años de gobierno militar.

El Observador vuelve a despertar sospechas en torno del tema, a poco más de una semana de que el Senado uruguayo aprobara la anulación de algunos artículos de la Ley de Caducidad que rige en ese país, que hasta ahora no permite el enjuiciamiento de militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En ese sentido, Fernández Huidobro, quien renunció a su banca de senador durante el tratamiento de esa modificación, consideró la divulgación del presunto pacto como “una maniobra de propaganda y una manera de presionar al Parlamento”. El proyecto de anulación de los artículos de la ley debe volver a pasar por Diputados para que quede plenamente aprobado.

La nueva polémica ocurre además un día antes de una interpelación en el Parlamento a Rosadilla y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para interrogarlos sobre un supuesto video en el que presuntos militares amenazan a jueces y fiscales por los procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, cuya existencia fue difundida en marzo.