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Por el momento, Lula tuvo éxito. Los 27 gobernadores de los estados brasileños firmaron ayer una carta comprometiéndose con las reformas del sistema de pensiones y de tributación propuestas por el presidente para combatir la sangría en las cuentas públicas y promover el crecimiento. La “Carta de Brasilia” firmada por los 27 gobernadores y gobernadoras puso fin a una reunión maratónica e insólita de un presidente con todos los responsables de los estados, que duró dos días, y selló un paso importante hacia las reformas con las que el nuevo gobierno de izquierda del presidente Lula pretende impulsar su agenda de cambios en el país.
Sobre tributación, el principal acuerdo de los gobernadores se refiere a la creación de un Impuesto al Valor Agregado, que unificará el complicado sistema impositivo que implica 27 diferentes legislaciones en el país, una por estado, y acabar con ello con la guerra fiscal entre estados. Respecto de la reforma de las pensiones, se asegura “la preservación de los derechos de los que ya alcanzaron las condiciones” para recibir su pensión y se comprometieron con apoyar una medida que, entre otros objetivos, busca un techo a las pensiones de funcionarios públicos, como ya existe en el sector privado. Hoy el déficit del sistema de pensiones le cuesta al Gobierno 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), especialmente debido al peso de las jubilaciones de funcionarios y militares.
El compromiso de los gobernadores es una exposición de consensos, considerando que ambas reformas “son prioritarias”. Pero esto deja abiertos muchos puntos que deberán ser concretados y que rondan las principales discrepancias entre los estados, que se nutren de esos impuestos que pretenden reformar. Las definiciones serán concretadas en una próxima reunión, y encaminadas al Congreso aun en el primer semestre de este año, dijo el ministro de Hacienda Antonio Palocci en una rueda de prensa posterior a la reunión.