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El gobierno de Uruguay les pidió al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia la apertura de los archivos con las fichas clínicas y judiciales que las dos dependencias conservan de la dictadura militar (1973-1985). La medida apunta a habilitar el acceso a esas fuentes a los integrantes del equipo de investigación de la Comisión de Seguimiento adscripta al Ejecutivo, informó el sitio de Internet de la Presidencia. Esa comisión de especialistas, en convenio con la Universidad de la República, realiza investigaciones históricas sobre detenidos–desaparecidos durante el régimen dictatorial.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, explicó que el Ejecutivo quiere completar el banco de datos genéticos para su comparación ante eventuales hallazgos de restos de desaparecidos, ya que continúan las excavaciones en el Batallón 14 del área metropolitana. El presidente de Uruguay, José Mujica, aprobó ayer un decreto para anular actos administrativos bajo el manto de la llamada Ley de Caducidad, que posibilitará la reapertura de más de 80 casos de violación de derechos humanos durante el gobierno de facto.

La promulgación del texto está anunciada para el jueves, para dar lugar a quienes quieran manifestar una voluntad discorde con la decisión del mandatario. Militares acusados de violar los derechos humanos buscarán impugnar el decreto, anunció hoy Emilio Micolick, abogado de alguno de los procesados por estos delitos. “Intentaremos por todos los medios jurídicos, con todo lo que esté a nuestro alcance, de rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad”, precisó el letrado. El también defensor de militares Miguel Langón consideró que “una vez más se ve la inseguridad jurídica, la cantidad de cambios permanentes” en la legislación sobre esta materia.

Sin embargo, la fiscal Mirtha Guianza, que entiende en causas de violaciones a los derechos humanos, consideró difícil que estos reclamos prosperen. “No me parece que se pueda pedir la inconstitucionalidad; a lo sumo podrán recurrir ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el decreto no es un acto judicial ni una ley que pueda ser catalogada de inconstitucional”, explicó. Guianza precisó “no hay cosa juzgada en materia administrativa, ya que los actos administrativos se pueden anular”.