Con marchas que se replicaron en las principales ciudades de España, los indignados volvieron a la carga ante una medida que consideran inconsulta y que hace peligrar las conquistas sociales. Para rechazar el proyecto de reforma constitucional consensuado por el Partido Socialista Español y el Partido Popular, que pretende imponer un techo al déficit público, entre 2000 y 5000 personas volcaron su hastío en las calles madrileñas, en un recorrido que comenzó en Atocha y culminó con una asamblea en Puerta del Sol. Bajo el lema “No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!”, los manifestantes, que respondieron a la convocatoria lanzada desde Twitter por las plataformas Democracia Real Ya (@DRYmadrid) y Acampada Sol (@acampadasol), entonaron una vez más el ya clásico “Que no, que no, que no nos representan” para enfatizar un descontento con el sistema bipartidista español. Además, pidieron a gritos que se convoque a un referéndum para opinar sobre la reforma de la Carta Magna y sumaron, entre sus exigencias, el llamado a una huelga general para esta semana.

Setenta y dos horas bastaron para que los dos grandes partidos de España ultimaran los detalles de la modificación del artículo 135 de la Carta Magna. El martes pasado, durante una sesión extraordinaria celebrada en el Congreso de los Diputados, el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó su propuesta de reforma constitucional para garantizar la estabilidad presupuestaria, en el mediano y largo plazo, en relación con el déficit estructural y la deuda, que vinculará a todas las administraciones públicas. El proyecto, sellado en un acuerdo con el referente del PP Mariano Rajoy, se inscribe, además, dentro de los reclamos que el presidente francés Nicolas Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel llevan adelante para que los países de la Zona Euro hagan frente a sus compromisos. El pacto entre el PSOE y el PP garantiza que la reforma se apruebe sin la necesidad de un referéndum. La oposición no suma el número mínimo de diputados o senadores necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10 por ciento, es decir, 35 diputados o 28 senadores.

Sin embargo, el referéndum podría alcanzarse con ayuda de los diputados del PSOE, donde ya se escucharon algunos voces en contra del proyecto. Tanto el gobierno como la oposición aseguran que el objetivo de la reforma será reforzar la confianza y la solvencia de España. Los partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales advierten que el problema de la crisis no es el déficit público sino la deuda privada fomentada por los bancos. También aseguran que estas medidas son una respuesta a la presión de los mercados y que, finalmente, afectarán a la recuperación económica y del empleo.

“La reforma (constitucional) forma parte de una decisión que pone en manos de la banca y del capital financiero una situación de privilegio que anteriormente no tenían, es una entrega de soberanía por parte de los poderes democráticos.” Manuel Molla forma parte de la Comisión de Economía de Acampada Sol. El técnico electrónico, a punto de jubilarse, sostiene que con la modificación del artículo 135, el pago de la deuda externa tendrá prioridad absoluta respecto de cualquier otro gasto o compromiso del Estado. Molla advierte en diálogo telefónico con Página/12 que el trasfondo de la modificación constitucional contiene un claro componente ideológico. “En España, la deuda pública no es el problema: ronda el 65 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El gran problema es la deuda privada que trepa a más del 200 por ciento del PIB.”

“¿Qué sentido tiene actuar sobre la deuda pública?, –se pregunta el activista–. Nosotros entendemos que se utiliza el fantasma de la deuda pública como excusa para atacar los derechos sociales y para repartirse el patrimonio público, la salud y la educación que son inversiones, no gastos.” Molla vuelve sobre la idea que ronda a miles de españoles: la reforma es una medida exprés tomada a espaldas de los españoles. Y señala que con un Parlamento prácticamente disuelto y a toda prisa, realizar una reforma constitucional en agosto hace que la gente no esté al tanto de lo que va a pasar. “Si los parlamentarios no asumen su propia dignidad democrática para oponerse a este chantaje de los mercaderes, entonces les exigimos que se le dé la palabra a la ciudadanía por medio de un referéndum vinculante para que el pueblo se pronuncie”, exige. Ante la consulta sobre si considera inviable la posibilidad del referéndum, Molla señala que si se impone la disciplina partidaria, será muy difícil. “Si los parlamentarios se atienen a lo que realmente piensan eso cambiará. Nos consta que en el PSOE existen claras divisiones ante la irracionalidad y el retroceso que significa esta decisión”, asegura.