En la larga noche de las dictaduras que regaban de muerte y desaparición a América latina, los familiares lograron imponer en el calendario un día para recordar a sus seres queridos que habían sido secuestrados para no volver. Desde 1981, el 30 de agosto es el Día Internacional del Desaparecido. Por eso, decenas de organizaciones salieron ayer a la calle para reclamar memoria, verdad y justicia para los ausentes.

Tic Tac. Así empieza la canción “A contrarreloj” que el joven músico uruguayo Ismael Collazo compuso meses atrás, cuando el fantasma de las prescripciones empezó a merodear en la República Oriental. En mayo, la Corte Suprema uruguaya se negó a calificar como delitos de lesa humanidad a los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), decisión que, en la práctica, implicaría el cese de cualquier acción de penal contra los represores a partir del 1º de noviembre próximo. Para protestar contra esta posibilidad y por la vigencia de la Ley de Caducidad que impide que sean juzgados quienes cometieron crímenes durante el gobierno militar, los organismos de derechos humanos llegaron ayer a la Plaza Libertad, la misma plaza a la que marchan todos los 20 de mayo para recordar a las víctimas de la dictadura y demandar justicia.

Los militantes de la agrupación HIJOS presentaron allí el audiovisual que lleva el mismo nombre del tema que escribió Collazo. “Es un video que trata de evidenciar cómo el paso del tiempo no diluye la problemática de los desaparecidos sino que la agrava”, explica por teléfono a Página/12 Valentín Enseñat, desde Montevideo. “Decimos que, conforme pasa el tiempo, se amplía el universo de víctimas. Ahora son nuestros hijos los que empiezan a preguntarse sobre sus abuelos y a tener los mismos interrogantes que nosotros cargamos acerca de nuestros padres desaparecidos”, agrega.

En el corto participaron referentes uruguayos de la cultura, del deporte y muy pocos de la política. Las relaciones entre el movimiento de derechos humanos y algunos sectores de la coalición centroizquierdista gobernante quedaron tirantes, después de que el Frente Amplio no lograra en mayo pasado disciplinar a su tropa para que votara la anulación de la Ley de Caducidad. Entre los que sí fueron convocados para participar del video, y sostuvieron los carteles que exigían “Memoria, Verdad y Justicia”, están el cantautor Daniel Viglietti y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Se les suman varios músicos jóvenes, conductores televisivos y algún deportista. Todos ellos hacen sentir que la demanda de los organismos no está aislada. “Qué difícil es seguir si todo parece olvidado. Igual sacás fuerza del hombro que se ofrece a tu lado”, se escucha cantar a Collazo.

Chile también recordó a los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) organizó un homenaje en el Paseo Ahumada, en pleno centro de Santiago. Allí, el organismo pidió el fin de la represión y recordó a Manuel Gutiérrez, el chico asesinado la semana pasada en una manifestación. “Es una fecha muy importante porque se recuerda el drama del genocidio en Latinoamérica. A nuestros seres queridos los asesinaron y ocultaron sus cuerpos. Pero, a pesar de eso, hoy nosotros salimos a la calle a reivindicar su lucha”, dijo a este diario Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que también participó de la conmemoración en la capital chilena.

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), con sede en Caracas, aprovechó la jornada para recordar sus 30 años de lucha y marcar el camino que queda por desandar. Pero también para celebrar los logros, como fue la Convención sobre la Desaparición Forzada adoptada por las Naciones Unidas en 2006 y que entró en vigor en diciembre del año pasado.

Sin embargo, los familiares saben que lo que falta por hacer es mucho. Son cerca de 205 mil los desaparecidos en América latina desde 1960. En los últimos cinco años, las desapariciones forzadas de personas –es decir, con intervención estatal– se incrementaron en Colombia y México.

Lo mismo sucedió en Honduras, después del golpe que en junio de 2009 arrancó del poder al presidente constitucional Manuel Zelaya. Según la Fedefam, hay unas 300 personas cuyo paradero se desconoce en el país centroamericano. “Las denuncias que recibimos nos indican que hay una política de Estado”, comentó a este matutino Bertha Oliva, referente del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Su marido está desaparecido por razones políticas desde 1981 y, para Bertha, cada 30 de agosto es una fecha especial. “Siento que es un día para tener cerca a nuestros desaparecidos, para sentir que están con nosotros”, se emociona.