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Venezuela entró en compás de espera. Ayer, los dos militares que se rebelaron contra Hugo Chávez –el coronel Pedro Soto y el capitán de la Guardia Nacional Pedro Flores– se presentaron ante la citación exigida por sus mandos. Ninguno quedó detenido, pero ambos serán sometidos a Consejos de Investigación “que determinarán qué se va a hacer con ellos”, declaró el ministro de Defensa, José Vicente Rangel. Por su lado, Soto denunció que le pusieron “mordazas” en forma de amenazas judiciales en caso de que hablara ante sus seguidores y reveló que le manifestó su apoyo un tercer militar en actividad, el capitán Hugo Sánchez, de quien no se tienen datos y tampoco se manifestó públicamente. A la hora de entrada de Soto a la base aérea La Carlota –donde declaró durante ocho horas–, un centenar de personas se manifestaba al ritmo de las cacerolas pidiendo la renuncia de Chávez. En el centro de Caracas, el ritmo era otro: los chavistas recorrían la capital en una popular y nutrida caravana alegórica al carnaval en apoyo al presidente. Entretanto, la oposición prepara su ofensiva.
Tras dos horas de reunión, el comandante general de la Guardia Nacional (GN), general Francisco Belisario –un leal de Chávez–, informó que pedirá “el sometimiento del capitán Flores a un Consejo de Investigación, donde se examinará minuciosamente su caso a los fines de evaluar el comportamiento o conducta desarrollada por el oficial”. Belisario argumentó en una rueda de prensa que Flores, “durante su ausencia de las instalaciones militares, desarrolló actividades que se identifican, según el alto mando de la Guardia Nacional, con una conducta no acorde con su condición de militar activo”. Y aclaró que el capitán “no quedará detenido, porque hay que considerar el debido proceso y la presunción de inocencia consagrada en la Constitución nacional”. Belisario adelantó que el Consejo de Investigación estará presidido por el ministro de Defensa y lo integrarán el comandante general de la GN, el jefe de personal de ese componente militar, un oficial de mayor antigüedad que Flores y el director del servicio de justicia militar. A su salida, Flores reiteró su exigencia de que Chávez abandone el poder para evitar un “baño de sangre” y dijo tener el apoyo implícito de la fuerza. Belisario, a la vez, negó que exista un alzamiento de la Guardia Nacional contra el gobierno provocado por el anuncio de investigar a Flores. Y dijo tener noticias de un documento que circula en la fuerza que anuncia un supuesto alzamiento pero enfatizó que “la Guardia Nacional lleva en sus venas la sangre de la democracia y en tal sentido jamás, nunca, apoyaría un golpe militar”.
El ejército es el fuerte de Chávez: allí tiene a sus hombres de mayor confianza en los puestos clave, y tanto la Marina como la Fuerza Aérea, donde el mandatario es más débil, son incapaces de articular un golpe militar por sí mismas. Tal es la razón por la cual, de intentarse un golpe, Chávez estaría en condiciones de resistir, a diferencia de lo ocurrido en los dos últimos golpes de estado en el país: en 1948, contra Rómulo Gallegos y en 1958, que derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Esa hipotética resistencia enfrentaría incluso a los sectores más radicalizados del chavismo y el antichavismo, identificados con la dirección del Movimiento Quinta República (MVR) y el líder del Comando Político de la Revolución, Guillermo García Ponce, por un lado; y, por el otro, con la Asociación de Ganaderos y la mayoría de los partidos políticos (entre ellos, los más importantes: Acción Democrática, Proyecto Venezuela y Primero Justicia). El apoyo civil chavista, en el caso de que el conflicto alcance mayores proporciones, serían algunos de los más combativos Círculos Bolivarianos. Al respecto corre un rumor: que varios de ellos contarían con armas.
En el terreno de los hechos, la oposición está decidida a ir a la carga. Con el argumento del éxito del paro empresarial del 10 de diciembre, hay un bloque que tiene en la mira organizar una huelga general por tiempo indefinido. Sus impulsores serían la organización de empresarios reunidos en Fedecámaras, el líder sindical de la Central de Trabajadores deVenezuela (CTV) Carlos Ortega, el ex presidente Carlos Andrés Pérez y los sectores civiles y partidarios contrarios al presidente. Con tal objetivo de máxima, el 27 de este mes aspiran iniciar un “período de precalentamiento” con huelgas parciales.
Soto, entretanto, respondió a la acusación que Chávez le había propiciado: “¿Quién es más traidor, el que vende el país a la guerrilla o quien expresa su opinión?”, retrucó al insistir en que Chávez mantiene vínculos con los insurgentes colombianos y admira a Fidel Castro. A la vez, aclaró que sólo iba a “dialogar” con su superior, el general Régulo Anselmi, porque “sólo se entregan los delincuentes; yo no he cometido ningún delito; sólo he expresado mis ideas”. El oficial, además, argumentó que “la Constitución venezolana permite a todos los ciudadanos expresarse libremente (...), yo estoy buscando interpretar el sentimiento del pueblo de Venezuela y la FAN (Fuerzas Armada Nacional); eso no es ilegal”. Soto se refería al artículo 330 de la Constitución venezolana, que establece el voto para los miembros activos de las Fuerzas Armadas “sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”. Flores también recurrió a la Constitución: “Yo soy militar y me amparo en la Constitución para deliberar”, concluyó.

Informe: Verónica Gago.