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Aunque el dólar cotizó por debajo de las expectativas barajadas durante el extenso feriado cambiario y bancario, el Gobierno debió aceptar que será inevitable el traslado a precios de una parte significativa de la devaluación. El ancla seguirá estando en la recesión. “Los empresarios saben que en este contexto nadie podrá obtener ganancias diferenciales remarcando, simplemente porque no van a vender”, se esperanzó un funcionario que participó de las negociaciones. Sin embargo, la realidad parece ir por otro lado. De la proyección de los aumentos registrados en lo que va de febrero surge que la inflación del mes podría llegar a los dos dígitos. Proveedores y comercializadores de alimentos atribuyeron culpas a los productores de insumos básicos, principalmente cereales y oleaginosas con precios de referencia internacionales. A pesar de la amenaza gubernamental de distribuir genéricos, los laboratorios mantuvieron su intransigencia hasta el punto de llegar a demandar una compensación cambiaria. “Hubo algunos abusos que no pudieron justificar”, graficó la fuente gubernamental. En tanto, diputados justicialistas presentaron un proyecto para establecer precios máximos.
El lunes no fue negro, y eso alivió a todos quienes esperaban valores de referencia luego de la incertidumbre generada por una semana de feriado bancario. Por las dudas, el Gobierno había convocado a la Casa Rosada a los formadores de precios de los productos básicos. Quienes participan de la cadena de valor de los productos alimentarios, proveedores y supermercadistas se quejaron de la ausencia de los productores de insumos básicos y aprovecharon para atribuirles buena culpa por los aumentos. Pero también hubo comprensión. “No puede haber dos precios, uno para el mercado interno y otro para el exterior, porque eso termina en control de precios”, señaló uno de los hombres de la COPAL en relación a los insumos. Según fuentes gubernamentales, la reunión fue armónica. El objetivo común estuvo en cómo minimizar, en el precio final, el inevitable aumento que transmitirán tanto los insumos importados como aquellos que son commodities (bienes transables internacionalmente y, por lo tanto, con precios dolarizados). Alberto Alvarez Gaiani, titular de COPAL, una de las cámaras que agrupan a los productores de alimentos, dijo a Página/12 que demandaron al Gobierno apurar la posibilidad de hacer giros al exterior, que, entre otras restricciones, impiden la apertura de cartas de crédito y dificultan las importaciones de insumos.
Pero en el Gobierno, sin embargo, no todo es tan armónico como describen desde el Ministerio de la Producción. El vicepresidente y el secretario del bloque de diputados justicialistas, Omar Becerra y Carlos Alesandri, respectivamente, presentaron ayer un proyecto de ley que declara el “Estado de Emergencia de Abastecimiento” durante seis meses y establece una lista de precios máximos para 65 productos de primera necesidad. “Cualquiera que vaya a un supermercado puede chequear que los índices de aumentos difundidos no reflejan la realidad. Con esto tratamos de introducir un instrumento que defienda el ingreso de los trabajadores”, expresó Becerra a este diario. “Hasta ahora hemos visto emergencia para los empresarios y los deudores, pero no para los asalariados”, concluyó. Entre los 65 productos no se incluyen los medicamentos.
En tanto, los representantes de los laboratorios justificaron los desmesurados aumentos que en los últimos días mostraron los precios de los medicamentos. En una reunión mantenida ayer con funcionarios de Defensa de la Competencia y los ministros de Salud, Ginés González García, y del Interior, Rodolfo Gabrielli, argumentaron demoras en los pagos de la seguridad social que afectan la cadena de pagos del sector y los efectos de estar endeudados en dólares con el exterior debido a sus insumos importados. Por eso, para no aumentar precios, llegaron incluso a pedir un subsidio por la diferencia entre el 1 a 1 y la nueva cotización del dólar y la inmediata autorización para girar divisas al exterior. Desde elGobierno, se acordó “crear una comisión para estudiar la situación sectorial”.