José Luis Rodríguez Zapatero presidió ayer la última reunión de su gobierno en un consejo de ministros con sabor a despedida, antes de mantener un encuentro con el próximo jefe del Ejecutivo, el líder conservador Mariano Rajoy, con quien trató los últimos detalles del traspaso de poderes. Fue una reunión en el Palacio de la Moncloa, la sede del Ejecutivo español, que está previsto que Zapatero deje el próximo lunes coincidiendo con el comienzo del debate de investidura de Rajoy en el Congreso de los Diputados. En vísperas de completar el traspaso de poderes, Rodríguez Zapatero mantuvo el perfil discreto, casi de segundo plano, que ha adoptado tras la victoria electoral del Partido Popular el pasado 20 de noviembre, y ayer se despidió de su gabinete sin declaraciones ni balances en público.

Tampoco será él quien dé la réplica a Rajoy el lunes en el debate de investidura, en el que actuará como jefe de la oposición socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente y ministro del Interior y candidato en las pasadas elecciones, en las que sufrió una dura derrota al obtener tan sólo 110 diputados de 350. Zapatero sigue siendo el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que celebrará un congreso en febrero para elegir nuevo líder y reorientar su estrategia tras el batacazo electoral.

Después de casi ocho años de gobierno, Zapatero, de 51 años, adelantó que se mantendrá alejado del primer plano político. Su salida del gobierno de España, al que llegó por primera vez en abril de 2004 tras una inesperada victoria electoral, se produce en momentos difíciles tanto en el país como en su partido, muy castigado en las elecciones locales y regionales de mayo, al igual que en las generales de noviembre, por la gestión de la crisis económica de su Ejecutivo.

Zapatero sostiene que las reformas y recortes que hizo para contener el déficit público fueron necesarios y evitaron que el país esté en una situación más comprometida. Entre esas medidas, las más impopulares han sido el congelamiento de las pensiones y el recorte del salario de los empleados públicos un cinco por ciento, junto con la reforma laboral aprobada en junio de 2010, que los sindicatos interpretaron como perjudicial para los intereses de los trabajadores y recibieron con una huelga general. Ahora, desde el PP, a las puertas de asumir el gobierno, y la patronal, se reclama una nueva reforma del mercado de trabajo que complete la anterior.