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El Congreso de los Diputados español aprobó ayer el primer ajuste del gobierno del conservador Mariano Rajoy, con el que se recortan 8900 millones de euros del gasto público en España. El presidente continúa sin dar explicaciones a estas medidas frente a la opinión pública, desde que resultara electo en diciembre de 2011. El gobernante Partido Popular (PP) pretende recaudar otros 6300 millones en impuestos para reducir el elevado déficit público en medio de una grave crisis económica.

El paquete de medidas, de típico corte fondomonetarista como los aplicados por el anterior gobierno del PSOE, recibió 197 votos a favor, 130 en contra y 4 abstenciones. El primer tijeretazo salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, si bien también contó con el apoyo crítico de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU).

Con estas medidas, el Ejecutivo pretende reducir de forma drástica el desequilibrio presupuestario de España, cuyo objetivo de déficit comprometido con la Unión Europea (UE) para 2012 es del 4,4 por ciento.

El gobierno de Rajoy reveló que el déficit público de 2011 se situará por encima del 8 por ciento –y no en el 6 por ciento previsto inicialmente–, por lo que el ajuste exigido para este año será del doble, de entre 37.000 y 40.000 millones de euros, según fuentes del PP.

“Tuvimos noticia de este agujero a los pocos días de llegar a nuestro nuevo destino”, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al defender las medidas en el Congreso. Montoro, quien sustituyó en el debate a Rajoy e hizo de su interlocutor, aseguró que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero conocía la desviación del déficit, de dos puntos, en 20.000 millones de euros, y no lo explicó ni a la sociedad ni al nuevo Ejecutivo. “La economía está parada, estamos a las puertas de una recesión, con cinco millones de desocupados, y las cuentas están desequilibradas”, subrayó Montoro para justificar el fuerte incremento impositivo y el ajuste, que incluye el congelamiento del salario mínimo interprofesional y de los empleados públicos.