El gobierno de Bolivia anunció ayer que la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) será indemnizada en 180 días en un monto a fijar por una auditoría privada. El gobierno también expropió ayer una segunda empresa generadora de electricidad, Rurelec, filial de British Petroleum. Mientras tanto, la filial española dijo confiar en un acuerdo amistoso y la Unión Europea (UE) marcó su preocupación.

La TDE fue expropiada el martes en el ciento por ciento de sus acciones por el Estado boliviano, horas antes de que el presidente Evo Morales inaugurara con el titular de Repsol, Antonio Brufau, una planta de gas para aumentar la venta de ese producto a la Argentina.

“De 1997 hasta 2012, TDE sólo invirtió 81 millones de dólares, un monto insuficiente, ya que la inversión anual estaba en alrededor de cinco millones”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Juan José Sosa. “Se trata de una cifra baja, porque nuestro gobierno invirtió en los dos últimos años unos doscientos millones en generación de electricidad”, aseguró el funcionario.

Sosa confirmó haber sostenido un diálogo cordial con José Manuel Soria, ministro español de Industria, sobre una futura negociación con ejecutivos de la compañía REE para el pago por las acciones de la empresa nacionalizada por Bolivia, que tiene el 73 por ciento del tendido eléctrico de este país. El ministro boliviano precisó que el sector de transmisión eléctrica fue privatizado en 1997 por el derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 39,9 millones de dólares.

En cambio, el ministro de Economía español, Luis De Guindos, criticó la decisión del gobierno boliviano. “Bolivia ha garantizado que se va a compensar a la empresa de los costos invertidos en la red de electricidad del país, lo cual evidentemente es un elemento que el gobierno español va a vigilar”, señaló el ministro. De Guindos resaltó que la decisión de nacionalización es negativa. “No gusta al gobierno español”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario consideró que la decisión tomada por Morales es independiente de la del gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a la empresa española Repsol.

“No creemos que exista en absoluto una situación generalizada en América latina”, expresó.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) manifestó ayer su preocupación por la decisión del gobierno de Bolivia de expropiar TDE y confió en que las autoridades bolivianas cumplan completamente los acuerdos de inversiones suscritos con España, que trasladan la decisión –en caso de litigio– al Ciadi, organismo para la resolución de controversias del Banco Mundial. “La Comisión Europea está preocupada por la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar (la filial de la empresa) y sigue de cerca la situación”, comentó el portavoz de comercio del bloque europeo, John Clancy.

El que también expuso su postura ante la decisión del gobierno de Evo Morales fue Estados Unidos. “Estas acciones contra inversores extranjeros realmente desalientan el clima de inversión en Bolivia, Argentina”, concluyó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.

Distinta fue la postura del secretario general español de Cooperación Internacional al Desarrollo. Gonzalo Robles afirmó que la expropiación no cambiará la relación entre España y Bolivia. “No afectará a la cooperación al desarrollo que España presta en el país andino. España ha tenido con Bolivia, desde hace muchos años, como con todos los gobiernos democráticos, una larga tradición en cooperación. La voluntad es que nada lo altere”, declaró el secretario general de la comisión parlamentaria española encargada de canalizar ayuda para el desarrollo de las economías del Hemisferio Sur. Robles aseguró que Bolivia seguirá siendo un país prioritario en la cooperación española.