Desde Brasilia

Verde que te quiero verde. En vísperas de la cumbre Río+20, Dilma Rousseff accedió a las demandas del movimiento ambientalista y vetó parcialmente una ley que, de hecho, libraba un salvoconducto para proseguir con la depredación de la Amazonia. La presidenta tachó 12 de los 84 artículos del Código Forestal, aprobado hace un mes en el Parlamento, entre ellos algunos que sacramentaban la amnistía, o sea la eximición de penas y multas, a las mayores firmas del agronegocio, entre las que sobresalen las exportadoras de soja.

El anuncio fue realizado el viernes luego de que la ministra de Medio Ambiente, Isabella Teixeira, recibiera un petitorio con dos millones de firmas recogidas en decenas de países, solicitando a Dilma que archive la ley por completo en vez de suprimir algunos puntos y mientras un grupo de militantes realizaba una vigilia frente al Planalto.

Las derechas no aprobaron la posición del gobierno, y horas después del veto presidencial el Partido Demócratas anunció que promoverá una acción en el Supremo Tribunal Federal, objetando su constitucionalidad, al tiempo que el Partido Social Democrático, de la senadora de botas tejanas Katia Abreu, la combativa cow-girl de los sojeros, se reunía para estudiar la forma de neutralizar la medida.

Hoy debe ser publicado en el Diario Oficial el alcance de las correcciones al Código Forestal, tras lo cual se espera que la numerosa “bancada ruralista”, en cuyas filas hay partidos derechistas aliados al gobierno, emprenda la contraofensiva para derribar los vetos presidenciales. El mismo bloque de diputados y senadores fue el que se opuso al gobierno para frenar la aprobación de una enmienda constitucional sobre el trabajo esclavo, que aún es corriente en las fincas madereras y otras explotaciones amazónicas.

Haberse granjeado el repudio de los farmers y los traficantes de maderas preciosas de Pará (estado del noroeste amazónico) por poner límite a sus tropelías, no sorprendió a Dilma; el problema es que, a 17 días de Río+20, el gobierno tampoco logró lo que buscaba, que era conquistar el respaldo de los miles de ambientalistas que viajarán a Río de Janeiro para el mayor evento ecológico del año y uno de los más significativos en lo que va del siglo.

Igual que lo hizo Lula en la XV Conferencia del Clima de Copenhague en 2009, cuando asumió el compromiso de controlar la deforestación amazónica y la emisión de gases, la presidenta precisaba de una medida de gobierno resonante para que Brasil, además de ser el anfitrión del encuentro, se proyecte como potencia de la biodiversidad y uno de los líderes en la materia.

En el plano de la “diplomacia verde”, las medidas adoptadas por Dilma pueden fortalecer al embajador Luiz Alberto Figueireido Machado, jefe de la misión brasileña que negocia el acuerdo, hasta ahora vago, que se espera sea aprobado por los más de 100 líderes que vendrán a Río, entre quienes estarán los gobernantes del grupo Brics. Ya fueron confirmadas las ausencias de la canciller alemana Angela Merkel, objeto de críticas frecuentes por parte de Rousseff, y el premier británico David Cameron, mientras es improbable la participación de Barack Obama.

Por lo pronto, las correcciones al Código Forestal antes que motivar el aplauso de la comunidad internacional, como sucedió en Dinamarca hace tres años, cuando Brasil hizo promesas sobre la Amazonia, causaron un rosario de críticas y algunas expresiones de apoyo del movimiento ambientalista.

El Comité Brasil en Defensa de las Florestas y del Desarrollo Sostenible, que tiene entre sus miembros a la Vía Campesina, la Central Unica de Trabajadores, la Conferencia Nacional de Obispos y Greenpeace, calificó la posición del Planalto como “preocupante, frustrante y poco transparente”. “Es una decepción no sólo para nosotros, no sólo para los ambientalistas, sino para toda la población brasileña, porque Dilma no vetó la totalidad del texto del Código. Los cambios no son satisfactorios. (El gobierno) divulgó que habrá vetos, pero no precisó cuál será la extensión”, cuestionó Marcio Astrini, coordinador de la Campaña por la Amazonia de Greenpeace.

El decreto presidencial establece una diferencia entre la superficie que deberá ser reforestada en las grandes propiedades, que puede llegar hasta 100 metros desde las riberas de los ríos, y las que deberán sembrar los productores pobres, que estarán obligados a recuperar tierras en fajas de 5 a 20 metros.

Por esto, uno de los pocos sectores afectados directamente por los cambios en el Código Forestal que expresó su respaldo fue la Confederación de Trabajadores de la Agricultura (Contag), en la que se encuentra representada la agricultura familiar, cuya producción está volcada hacia el mercado interno, contra lo que ocurre en el agronegocio, orientado hacia la exportación.

Es lógico que “las pequeñas propiedades sean obligadas a recomponer la mata nativa que fue retirada, pero que la superficie deba ser menor que la de las grandes propiedades... La medida del gobierno parece diferenciar las cosas”, señaló Alberto Broch, titular de la Contag.