Para Juan Díaz Bordenave, uno de los más prestigiosos intelectuales de Paraguay, ampliamente reconocido en América latina y quien fuera uno de los principales asesores del derrocado presidente Lugo, “el golpe parlamentario” es “mercenario y farisaico”, y “en mi percepción, se trató de una manifestación natural de la confrontación continental y mundial de dos conceptos antagónicos de democracia: aquella que la ve como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y aquella que la ve como el gobierno de las clases dominantes, por las clases dominantes y para las clases dominantes”. Las afirmaciones del intelectual forman parte de un documento distribuido por él mismo vía correo electrónico en el que sienta su posición frente a los hechos que culminaron con la destitución de Lugo y en el que explica que “la caída del presidente del Paraguay fue planeada en sus menores detalles, y ni siquiera para los que la vivimos de cerca es fácil entender su génesis y proceso”.

La denuncia de Díaz Bordenave se conoció en el mismo momento en que desde el Frente por la Defensa de la Democracia (FDD) se denuncia censura informativa y bloqueos de cuentas de correo electrónico de allegados a Lugo. También se supo que el gobierno de Federico Franco comenzó una “limpieza” del sistema de medios públicos. Las nuevas autoridades echaron sin motivo fundado a periodistas y comunicadores a los que se considera afines a Lugo y que hasta ahora trabajaban en la Sicom (Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo), Radio Nacional, la Televisión Pública y la agencia oficial de noticias IP Paraguay. Mientras tanto en Asunción se sigue aguardando una resolución sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados de Lugo contra la determinación tomada por el Congreso. De no concederse el pedido del ex presidente, se adelanta que la destitución sería apelada ante los organismos internacionales.

En su análisis sobre el “golpe parlamentario”, Díaz Bordenave sostiene que “los principales autores del golpe no obraron por ideales sino por intereses” y asegura que entre los golpistas “estaban terratenientes latifundistas, empresarios del agronegocio sojero y propietarios de industrias”. Y agrega que junto a los mencionados se agruparon “miembros de la alta burguesía, políticos de partidos tradicionales, religiosos conservadores, jefes militares, miembros de la clase media alta, representantes paraguayos de multinacionales”, porque todos ellos estaban “preocupados por la amenaza que, en su entender, Lugo representaba para sus propiedades, intereses y privilegios”.

Al enumerar las causas que provocaron el golpe parlamentario, Díaz Bordenave señala “la intensificación de la lucha de los campesinos por acceder a la tierra; el aumento de la prohibición de semillas transgénicas, lo que puede afectar a los enormes lucros de la multinacional norteamericana Monsanto; la propuesta de aplicación de impuestos a la exportación de commodities; la fiscalización de pulverizaciones tóxicas aéreas por el Senave (Servicio Nacional de Calidad Animal y Vegetal); la decisión de realizar una reforma agraria que tenga en cuenta que el 82 por ciento de la tierra está en manos del 2 por ciento de los propietarios; la creciente organización de los campesinos; (...) el acceso del pueblo a los nuevos medios públicos de comunicación” y “la creciente comprensión popular de que la democracia representativa debería ampliarse hacia la democracia participativa”.

En la raíz de las afirmaciones de Díaz Bordenave están las presiones ejercidas por el grupo Monsanto, utilizando la Unión de Gremios de Producción (UGP) para legalizar el uso de la semilla de algodón transgénico Bollgard BT para su siembra en Paraguay. En octubre del año anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces a cargo del liberal Enzo Cardozo, habilitó el uso de la semilla, pero el Senave no validó esa decisión por inexistencia de controles técnicos y sanitarios. Fue entonces cuando el grupo Zuccolillo, aliado a Monsanto y que controla el diario ABC Color (el de mayor circulación en Paraguay), denunció por corrupción a Senave y a su director, Miguel Lovera, designado por Lugo. El 8 de junio pasado, ABC Color publicó una nota titulada “Los 12 argumentos para destituir a Lovera”. Luego, mientras desde el diario ABC Color se denunciaba por presunta corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez, y al ministro de Ambiente, Oscar Rivas, que negaron el aval técnico al uso de las semillas transgénicas de algodón, Monsanto, en complicidad con el ministro Cardozo (del mismo partido del actual presidente Federico Franco), insistió en buscar la legalización de otra variedad transgénica de algodón: BT y RR (resistente al Roundup). El grupo Zuccolillo es uno de los principales socios paraguayos de la transnacional Cargill.

Díaz Bordenave confirma también las denuncias en el sentido de que “el incidente de Curuguaty –que sirvió de pretexto para el juicio político– (...) demuestra que el asesinato de policías fue realizado con armas de alto poder, usadas por francotiradores profesionales de alta puntería”. En ese incidente murieron once campesinos y siete policías y, según las fuentes cercanas a Lugo entre los campesinos ocupantes, hubo “infiltrados” que atacaron y dieron muerte a los policías.

Desde el Frente por la Defensa de la Democracia (FDD) se asegura que Federico Franco, uno de cuyos principales colaboradores es el ecuatoriano Jaime Duran Barba –el mismo que cuida la imagen de Mauricio Macri–, ha contado con el respaldo de grupos religiosos conservadores y de ultraderecha. Allí están incluidos personajes de la Secta Moon, de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y grupos evangelistas fundamentalistas. Vale recordar que el Vaticano, a través del nuncio en Paraguay, Eliseo Antonio Ariotti, fue el primero en reconocer al gobierno golpista de Franco, y que la Conferencia de los Obispos católicos le había “recomendado” a Lugo, un día antes de su destitución, renunciar para “evitar más derramamiento de sangre”.

Desde el FDD se insiste en la activa participación que los grupos mediáticos tuvieron en el golpe. De hecho, los dos diarios más importantes del país, ABC Color y Ultima Hora, venían alentando desde hace mucho tiempo la idea del juicio político. ABC Color pertenece al grupo Zuccolillo y Ultima Hora al grupo Vierce, dueño también de Telefuturo, La Tele y diez radios repartidas por todo el país.

Por su parte, la Asociación de ONG de Paraguay (Pojoaju) alertó sobre la posible violación de los derechos humanos por parte de las nuevas autoridades, denunciando la “instalación de la desinformación y el miedo”, y la “paralización de programas y proyectos sociales”.