Desde México, D. F.

La batalla por la presidencia de México entró en el terreno jurídico, en el que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, exigió la anulación de la elección del pasado 1º de julio debido a que “la compra y manipulación de millones de votos no permiten dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto”. En tanto, PRI y PAN parecen reeditar las negociaciones que hace 24 años legitimaron la presidencia de Carlos Salinas de Gortari pese a las sospechas de fraude electoral contra el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

A la par del proceso legal, López Obrador prepara un movimiento de resistencia e hizo un llamado para “no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele en los hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos fundamentales y admitir la antidemocracia como forma de vida y como sistema de gobierno”.

La noche del jueves, en el Instituto Federal Electoral, el Movimiento Progresista que postuló a López Obrador presentó un recurso para solicitar la nulidad total de la elección presidencial y la “declaración de no validez”, así como la cancelación del registro de la candidatura del priísta Enrique Peña Nieto, que ya se exhibe como ganador. De proceder el recurso, se tendría que convocar a una nueva elección presidencial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene hasta el 6 de septiembre para declarar válido, o no, el proceso electoral y, en su caso, declarar presidente electo a quien se determine que haya ganado.

La impugnación del equipo jurídico de López Obrador, redactada en 400 folios, reseña y documenta la compra y coacción del voto; la adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión; rebasar el tope de gasto de campaña por más de 4 mil 263 millones de pesos (más de 315 millones de dólares); financiamiento encubierto en la campaña de Peña Nieto a través de tarjetas de débito y de consumo, y la manipulación de encuestas como medio de propaganda y presión de electores. El recurso denuncia la intromisión de gobernadores y alcaldes priístas así como una serie de omisiones de la autoridad electoral para impedir los delitos electorales en los que habría incurrido la campaña presidencial de Peña Nieto.

López Obrador anunció que iniciará un plan nacional “para la defensa de la democracia y la dignidad de México”. Todas sus acciones, dijo, será en apego a sus derechos ciudadanos y siempre por la vía pacífica. Por lo pronto, el fondo de la impugnación que presentó anoche es la violación sistemática de una serie de principios constitucionales que garantizan elecciones libres y auténticas.

Incluso el todavía oficialista PAN inició recursos para que se investigara la fuente ilegal de millones de pesos que financiaron al candidato priísta. El presidente Felipe Calderón llegó a reconocer la necesidad de limpiar la elección. Al final, los panistas dejaron solo a López Obrador y no acompañaron su impugnación, aunque sí interpusieron sus propios alegatos jurídicos.

En respuesta, el priísta Enrique Peña Nieto acusó a la izquierda de falsear las evidencias de la compra de votos, lo que habría engañado “hasta al presidente Calderón”. De paso, el candidato priísta le recordó a Calderón que fue su partido el que le permitió tomar posesión de la presidencia hace seis años. Ahora, el PRI necesita que le devuelva el favor.

No sería la primera vez. Ya en 1988, ante las sospechas de fraude electoral para instalar en la presidencia al priísta Carlos Salinas de Gortari, el PAN avaló el resultado de los comicios que su propio candidato, Manuel J. Clouthier, había cuestionado.

Clouthier participó en manifestaciones públicas junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien había roto con el oficialismo junto con un grupo de prominentes priístas, y quien presumiblemente habría ganado los comicios. De ese rompimiento y de la unión de algunos partidos de izquierda surgió el PRD. Al reclamo se unió la también candidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra, fundadora de Eureka, un grupo que reclama la desaparición de guerrilleros y activistas de los ’70, similar a Madres de Plaza de Mayo.

Clouthier murió un año después en circunstancias extrañas cuando su auto fue embestido por un camión en una carretera en el noroeste de México. Hace unos meses, el PAN le negó a su hijo Manuel la oportunidad de competir en las internas panistas por la postulación a la presidencia y terminó sumándose a la campaña de López Obrador.

La ilegitimidad de Salinas de Gortari fue subsanada mediante una negociación con el PAN, que finalmente lo reconoció como presidente. A cambio, obtuvo una serie de reformas constitucionales que beneficiaron a grupos conservadores, incluyendo la Iglesia Católica. De paso, abrió las puertas para que la derecha mexicana accediera al poder doce años después.

A diferencia de López Obrador en 2006, Cárdenas no llamó a ninguna movilización en 1988. Años después se sabría que también se entrevistó con Salinas en la residencia oficial de Los Pinos, sin que se revelara el contenido de las conversaciones.