Los familiares protestaron desde el lugar asignado a ellos en la sala de audiencias.
Imagen: Télam.

Patricio Poplavsky, querellante en la causa Cromañón II en representación de 222 familiares de víctimas –entre fallecidos y heridos–, admitió que esperaban “alguna absolución”, pero recalcó que no esperaban “tantas”, dado que “las pruebas que fueron presentadas eran muy contundentes como para acreditar que todos los imputados tienen responsabilidad penal, en algunos casos por acción y en otros por omisión”. Marcelo Parrilli, quien actuó como querellante representando a once de los familiares, recordó que ellos sólo presentaron acusación formal contra el empresario Rafael Levy, condenado a cuatro años y seis meses de prisión. “Con la legislación que tenemos, es muy difícil lograr la condena de un funcionario, de gobierno o policial, porque en un caso calificado como culposo, resulta casi imposible demostrar que hubo ‘negligencia’ o ‘imprudencia’.”

Los dos querellantes dialogaron con Página/12, luego de conocido el fallo en un caso en el que hubo 193 fallecidos y 1482 heridos o lesionados. Poplavsky insistió en que “todos tenían algún tipo de responsabilidad y deberían haber sido condenados”. De todos modos, dijo que tienen esperanzas de revertir la situación dado que “en el primer juicio la Cámara de Casación revirtió la absolución de (los integrantes del grupo de rock) Callejeros, de manera que todavía nos queda esa opción”. Aclaró, sin embargo, que antes de decidir las posibles apelaciones “tenemos que leer los fundamentos del fallo, que no se conocieron, y después reunirnos con los familiares para decidir”.

Parrilli, por su parte, recordó que en el alegato final sólo pidió la condena de Levy. “Lamentablemente no teníamos pruebas suficientes como para imputar a los funcionarios, incluyendo al comisario Gabriel Sevald”. Parrilli opinó que “no todos los problemas sociales o políticos se pueden resolver dentro de los cánones del derecho penal”. Estimó que “no se podía hacer mucho más con la legislación que tenemos”.

“Todas las figuras penales vigentes están muy sujetas a la acreditación del dolo directo y si eso no puede probarse, es muy difícil poder actuar sobre la figura del incumplimiento de los deberes de funcionario público.” Explicó que con el Código Penal vigente “es muy complicado establecer que un funcionario ha violado la ley en forma consciente, de manera que hay que contentarse con el delito culposo, con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, de manera que lo único en discusión es determinar si hubo negligencia o imprudencia”.

Según Parrilli, es “muy complicado, con el Código Penal que tenemos, poder juzgar la corrupción del Estado, que en estos casos se da a partir de las habilitaciones truchas de los boliches y de la falta de control por parte de los diferentes gobiernos”. Dijo que el camino que se debe seguir sería el de “lograr una modificación de fondo de las prácticas políticas y de los sistemas de control social para impedir o denunciar la corrupción”.

Parrilli resaltó que el problema “no ocurre sólo en el actual gobierno de (Mauricio) Macri, donde se han registrados casos de corrupción, sino que esto viene ya desde Cromañón, cuando el jefe de Gobierno era (Aníbal) Ibarra y también de mucho antes”. Agregó que “pasan los gobiernos, pero las situaciones se repiten y el camino para sancionar a los funcionarios pasa por el juicio político o por el pedido de renuncia, pero no hay forma de encuadrarlo dentro del actual Código Penal”.