Santos habla tras reunirse el jueves con los altos mandos militares en una base militar cerca de Bogotá.
Imagen: EFE.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que no habrá ningún tipo de cese del fuego mientras dure el diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En tanto, la Fiscalía General de Colombia difundió ayer el prontuario de los negociadores de las FARC que iniciarán conversaciones con el gobierno.

A poco menos de un mes del comienzo del diálogo –se anunció que sería el 5 de octubre, pero luego se habló del 8–, el proceso parece tener ya al menos dos diferencias claves: la del eventual cese del fuego y la de la presencia en la mesa de negociaciones de Simón Trinidad, preso en Estados Unidos. La propuesta de las FARC para que haya un cese del fuego bilateral durante el diálogo de paz con el gobierno de Colombia fue rechazada por el mandatario. “No va a haber ningún tipo de cese del fuego. Aquí no vamos a tener nada hasta que lleguemos al acuerdo final. No va a haber nada de eso”, indicó Santos. Asimismo, sostuvo que su administración está “preparada para la paz, pero también para la guerra”. Al término de una reunión con la cúpula militar desde la base castrense, el mandatario negó que pueda pactarse el fin de las operaciones e insistió con que las negociaciones se darán en medio del conflicto y las Fuerzas Armadas tienen la orden de seguir con las operaciones en todo el país. Desde la misma base de Tolemaida, a unos 100 kilómetros de Bogotá, y tras hacer algunos ejercicios físicos con soldados, Santos aseguró ayer que “la mano está abierta” para llegar a la paz. “El país está muy bien física y mentalmente para la guerra y para la paz, pero por supuesto que preferimos la paz”, subrayó el mandatario. Y renovó su esperanza de llegar al fin de este conflicto que “tanto daño, tanta violencia, tanta muerte le ha causado a Colombia”.

El cese del fuego fue pedido, también, hace una semana, por varias organizaciones de la sociedad civil para las cuales constituiría una garantía para el proceso de paz. “Tanto el gobierno como la guerrilla deben comprometerse a suspender el fuego bajo mecanismos de verificación”, opinó Carlos Lozano, miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz y ex mediador ante las FARC. Igualmente, Todd Rowland, representante en Colombia de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, declaró recientemente que “nuestra experiencia global indica que los procesos de paz funcionan mejor cuando hay cese del fuego”.

Una cuestión de relevancia en el proceso tiene que ver con la futura reinserción de los desmovilizados, en el caso de que las conversaciones sean exitosas, sobre el cual el director de la Agencia Nacional para la Reintegración, Alejandro Eder, destacó la experiencia colombiana. “Afortunadamente en nuestro país ya tenemos diez años de experiencia acumulada en procesos de reintegración. Nuestra experiencia es mucho más positiva de lo que muchos colombianos imaginan”, indicó Eder. Según el funcionario, en el último año 14.400 guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desmovilizaron y lograron vincularse laboralmente en la economía formal.

Por primera vez desde que se anunció el inicio de un proceso de paz para poner fin a casi medio siglo de conflicto armado en Colombia, la organización guerrillera se refirió el jueves a un cese de hostilidades durante las negociaciones que serán iniciadas en Noruega y luego trasladadas a Cuba. También mencionaron a Trinidad dentro del equipo negociador y señalaron que los otros dos representantes de la insurgencia serán Iván Márquez y Jesús Santrich. La Fiscalía General de Colombia difundió el prontuario de los negociadores a los cuales el gobierno colombiano les debe suspender las órdenes de captura nacionales e internacionales. El documento, publicado por sitios de diarios bogotanos, señala que el extraditado Juvenal Palmera, alias Simón Trinidad, cuya presencia las FARC reclaman, tiene en su contra once medidas de aseguramiento y 28 órdenes de captura, además de la condena a 60 años de cárcel que cumple en Estados Unidos. Por su parte, Luciano Marin Arango, alias Iván Márquez, tienen en su contra 66 medidas de aseguramiento y 132 órdenes de captura y 28 sentencias condenatorias, y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, solamente tiene tres órdenes de captura. Las condenas en contra de los negociadores guerrilleros fueron emitidas por los juzgados de Villavicencio, Popayán, Pasto, Neiva, Florencia y Bogotá. En esas sentencias aparecen condenados por delitos relacionados con el secuestro, rebelión, reclutamiento de menores, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico.

La decisión del gobierno colombiano de iniciar el proceso de paz recibió adhesiones de varios sectores y de la región. “Quiero que cuente con nuestro apoyo patriótico y respaldo incondicional. Entendemos nuestro papel histórico y seguiremos cumpliendo nuestros votos institucionales. Asimismo, le reiteramos nuestros votos de obediencia y de lealtad”, subrayó el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas. Mientras que recibió ayer otros dos apoyos vitales. Por un lado, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) respaldó las conversaciones y ofreció su colaboración, y por el otro, Chile, que será “acompañante” de las negociaciones junto a Venezuela. En un comunicado desde Rusia, el presidente Sebastián Piñera aseguró que su administración “va a entregar sus mejores esfuerzos y va a hacer todo lo que los países y las partes que están negociando nos pidan para que este proceso llegue a buen puerto”.