Desde España

Aparecieron nuevas pruebas en contra del partido del presidente español Mariano Rajoy. El mismo día en que el ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, se negó a declarar ante el juez por los papeles que reflejan las supuestas cuentas B del partido oficialista conservador, la Fiscalía vinculó la financiación al PP con la mayor red de corrupción de la historia española.

Ayer era el gran día en el que el ex tesorero del partido que gobierna España iba a declarar sobre la presunta financiación ilegal de la organización. Pero Luis Bárcenas no habló. Ante el juez instructor del caso, Pablo Ruz, el imputado se negó a comparecer sobre los “papeles” publicados por el diario El País el pasado 31 de enero con supuestas donaciones de empresarios y entregas de dinero a altos cargos del Partido Popular (PP) entre los años 1990 y 2009. Además Bárcenas rehusó someterse a una nueva prueba caligráfica para comparar su cuerpo de letra con la de las fotocopias que registran la hipotética contabilidad B del Partido Popular (PP) y que se le atribuyen.

Bárcenas, que abandonó la Audiencia Nacional en menos de media hora, expresó que ésta era la octava vez que era citado a declarar por el caso y anunció que no iba a declarar ni hoy ni en ninguna otra ocasión en que se lo cite. En cuanto a la prueba caligráfica, señaló que ya se sometió durante una hora y media a un examen de este tipo ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 6 de febrero y que no considera necesario repetirla.

Grandes expectativas giraban en torno de este viernes porque, en principio, el ex tesorero estaba citado a declarar no sólo ante el juez Pablo Ruz, sino también ante su colega de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Ambos magistrados mantienen una pulseada desde hace tres semanas por el control del caso de corrupción más importante de España y llevan a cabo investigaciones paralelas hasta que no se defina cuál es el juzgado competente para la instrucción.

Y si bien las decenas de periodistas que aguardaban a Bárcenas en la puerta de la Audiencia Nacional no obtuvieron las declaraciones esperadas, sí pudieron testimoniar otro gran paso en el recorrido de las pesquisas sobre la supuesta corrupción del Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción que, desde la publicación de los manuscritos que reflejan la contabilidad B del PP, se hizo cargo del caso, descubrió ayer cuatro conexiones entre apuntes de las cuentas oficiales de la agrupación conservadora y documentos de la trama Gürtel, la macrocausa sobre corrupción en el entorno del partido del gobierno. Se confirma, así, la tesis sostenida por el juez Pablo Ruz acerca de la vinculación entre la financiación del PP, los sobresueldos a sus altos cargos y la red corrupta que mantiene en jaque al partido conservador desde 2009, a raíz de una investigación abierta en su día por el juez Baltasar Garzón.

La supuesta maniobra implicada en blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias operaba desde 1993 en Madrid, Valencia y la Costa del Sol y estaba liderada por Francisco Correa, encargado durante más de diez años de los actos de campaña del partido de Mariano Rajoy.

La Fiscalía Anticorrupción vinculó ayer por primera vez en cuatro años de investigación la contabilidad oficial del Partido Popular, remitida al Tribunal de Cuentas, con los pagos realizados a la formación conservadora por la trama Gürtel. Así lo manifestó el fiscal en un escrito de 11 folios donde detalla cuatro conexiones entre pagos acreditados a la trama Gürtel, tres de ellos entregados a LB (inicialmente identificado como Luis Bárcenas) y el cuarto a JS (Jesús Sepúlveda, ex senador del PP y ex marido de la ministra Ana Mato), y donativos recibidos por el Partido Popular según la documentación contable aportada por la organización política al Tribunal de Cuentas.

La primera de las operaciones detectadas data del 9 de enero de 2002, cuando un ingreso de 26.835 euros parece coincidir con la entrega de 4,5 millones de pesetas, esto es 27.045 euros, registrada a Luis Bárcenas, en un documento incautado en el caso Gürtel. En segundo lugar, el 28 de febrero de 2002 se anota en la cuenta de donativos del PP el ingreso de 12.000 euros, y en un documento de Gürtel del 15 de febrero del mismo año se habla de un reparto de dinero a LB de 2 millones de pesetas (exactamente 12.000 euros). Como tercera conexión, el 18 de diciembre de 2002 hay una anotación como donativo en el PP de 60.000 euros. El mismo día, un documento de la trama Gürtel habla del reparto de un millón de euros, de los que 60.000 se entregan a JS (Jesús Sepúlveda). Por último, el 13 de mayo de 2013 se registra en la cuenta oficial del PP el ingreso de 60.000 euros. La trama Gürtel consigna dos días después en sus papeles, la entrega a LB de la misma cantidad.

Tras la exposición de esta serie de pruebas inéditas acerca de la vinculación entre la red corrupta y el partido que gobierna España, el fiscal Antonio Romeral matiza que los indicios hallados “no son nada más que una muestra, fruto de un somero análisis en dos ejercicios: 2002 y 2003”. El magistrado señala que la existencia de más conexiones en otros ejercicios fiscales “requiere de un contraste pormenorizado” entre las anotaciones registradas en la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas, los papeles de Bárcenas y la documentación del sumario del caso Gürtel”.

La relevancia de estos descubrimientos no sólo supone un importante avance en el proceso contra la corrupción política del país, sino también da por formalizado un conflicto de competencias entre los dos jueces que desde hace tres semanas se pelean por el caso Bárcenas. El escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción deniega la inhibición que le solicitaba el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, al también juez de la misma institución, Pablo Ruz, para que se apartara del caso y le otorga a este último la competencia de la instrucción de los denominados “papeles de Bárcenas”, por estar conectados con el caso Gürtel, que ya investigaba Ruz. La última palabra la tiene, de todos modos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la que decida en los próximos días el futuro de una investigación que mantiene en vilo a la cúpula política española y que está perjudicando seriamente la imagen del presidente Mariano Rajoy.