El primer ministro británico, David Cameron (foto), anunció ayer, en un discurso pronunciado en un campus universitario de Ipswich (este de Inglaterra), un nuevo plan para restringir el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales en materia de sanidad, de vivienda y de desempleo. Estas nuevas medidas se enmarcan en un plan del gobierno para reducir el número de inmigrantes de cientos de miles a decenas de miles. De hecho, la fecha es clave porque en 2014 terminan las restricciones que tienen los búlgaros y rumanos, que entraron a la Unión Europea en 2007, para trabajar en el Reino Unido. Además de ser un nuevo paso en su política para recortar la inmigración, el discurso de Cameron se produce también en un momento en que su partido (conservador) se encuentra bajo la amenaza electoral potencial del UKIP, una formación soberanista y antieuropea que está ganando adeptos.

Tras afirmar que los gobiernos laboristas anteriores habían adoptado una política “blanda” hacia la inmigración, Cameron advirtió a los futuros aspirantes a instalarse en el país que ya no iban a recibir “algo a cambio de nada”. En este sentido, el político conservador señaló que el acceso a los servicios públicos es “algo que los inmigrantes se ganan, no un derecho automático”. Entre las medidas que adelantó figuran, por ejemplo, limitar a seis meses la duración de los subsidios de búsqueda de empleo o de desempleo, que, según Cameron, envían un mensaje “totalmente equivocado” a los extranjeros. Hasta ahora, al igual que los británicos, las personas procedentes del Espacio Económico Europeo (los 27 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega) tienen derecho a una prestación de 71 libras (85 euros o 110 dólares) semanales durante un período ilimitado sólo por buscar empleo.

La reforma propuesta por Cameron prevé que estos pagos se detengan después de seis meses, salvo si el beneficiario demuestra que está realmente buscando un empleo y tiene una posibilidad “genuina” de obtenerlo, lo que supone un buen nivel de inglés. Paralelamente, el gobierno tiene intención de limitar también la suma de las ayudas que reciben los migrantes por hijos que residen en el extranjero. Por otro lado, dijo que enviará al Parlamento un proyecto de ley para que aquellas personas con situación migratoria irregular no puedan alquilar una casa u obtener la licencia de conducir.

En cuanto al sistema de seguridad social, el primer ministro insistió en que era un “Servicio Nacional de Salud gratuito, no un Servicio Internacional de Salud gratuito”. Según el canal Telesur, el premier dijo que “es correcto que los inmigrantes europeos, o sus gobiernos, paguen por utilizar el Servicio Nacional de Salud (NHS), hasta ahora gratuito”. Así, el gobierno buscará recuperar el dinero invertido en los europeos que se atiendan en el país que no contribuyan a la economía, y podría requerir un seguro privado para cubrir los costos. Los cambios afectarán también a la atribución de vivienda social: los inmigrantes sólo podrán pedirla ahora a partir del momento en que hayan vivido y “contribuido” al país durante al menos dos años. Por su parte, el responsable del Partido Laborista en temas de inmigración, Chris Bryant, señaló que los anuncios de Cameron “prueban la creciente lista de fracasos del gobierno, especialmente en terminar con la inmigración ilegal”.

Entretanto, la Comisión Europea (CE) ya adelantó que analizará las medidas presentadas por el gobierno británico, para comprobar si respetan los principios de libre circulación o al derecho de residencia que existe en el bloque.