Un juez colombiano ordenó la restitución de unas 70 hectáreas de tierras despojadas en 1991 a un jefe comunal de la Unión Patriótica (UP) secuestrado y desaparecido por paramilitares como otros miles de militantes de ese partido, organizado tras el primer proceso de paz de 1985. El diario colombiano El Tiempo publica ayer el contenido del fallo emitido por la sala civil especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, en el que identifica como beneficiarios a la mujer y a los tres hijos del líder comunal desaparecido, del que no se difunde el nombre.

Se trata del primer reconocimiento a familiares de militantes que sufrieron el exterminio de la Unión Patriótica desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en enero de 2012, y se produce cuando el movimiento espera recuperar la personería jurídica que perdió en 2002. De hecho, se aguarda el fallo del Consejo de Estado, máximo tribunal de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de Colombia, y también se espera que este caso sea juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El terreno se encuentra en Servitá, ubicada a unos cuarenta minutos de la ciudad colombiana de Villavicencio, en el central departamento del Meta, que en los años ’90 acogió a guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, el dueño de la finca comenzó a recibir en 1991 amenazas de hombres armados para que la vendiera por diez millones de pesos de la época (5477 dólares) que nunca le pagaron.