El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reclamó la “disolución definitiva” de ETA, la organización separatista vasca que abandonó las armas en octubre de 2011. La ETA difundió un comunicado en el que aseguró que la expulsión de sus negociadores de Noruega acarreó “consecuencias negativas”.

Desde París, junto a su par francés François Hollande, Rajoy respondió el comunicado etarra. “Me gusta pensar en positivo, no quiero hablar de consecuencias negativas, y las positivas para todos vendrán cuando ETA anuncie definitivamente su desaparición como organización terrorista.”

El grupo guerrillero acusó al Ejecutivo español de “deshacer el espacio de diálogo y negociación” que supuestamente se había abierto en Oslo después de que la ETA anunciara su abandono definitivo de la violencia y se mostrara dispuesta a negociar el desarme, aunque pidió a cambio la liberación de alrededor de 700 presos.

La reacción de la organización vasca vino después de la expulsión por parte de Noruega de sus miembros y negó que haya tratado sobre el desarme con la Comisión Internacional de Verificación. Según la prensa española, representantes de la dirección de ETA –Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal– fueron expulsados de Noruega entre el 10 y 15 de febrero pasado por el gobierno escandinavo, que alegó la ausencia de “gestos” que demostraran su voluntad de avanzar en el proceso iniciado en octubre de 2011 tras varios meses de estancia en Oslo. Allí la dirigencia etarra se había reunido con observadores internacionales y representantes de la izquierda abertzale, pero no con el gobierno español, que niega estos hechos y que en numerosas ocasiones ha reiterado su rechazo al diálogo hasta que la organización terrorista no abandone las armas.

De hecho, Rajoy se desvinculó hace dos semanas de la presencia de los etarras. “Para dejar las cosas claras: si estaban en Noruega o no, si dejaron de estar allí o no, es algo que nada tiene que ver, nada, con las decisiones del gobierno que yo presido”, dijo el mandatario. Sin embargo, según el diario El País, “ETA mantiene su disposición a hablar de desarme dentro de la agenda de diálogo que propuso el pasado noviembre, es decir, en lo que la banda llama ‘las consecuencias del conflicto’, esto es, los presos y los refugiados, el propio desarme y lo que también denomina ‘desmilitarización’”.

El grupo independentista armado cerró su comunicado asegurando que “seguirá trabajando por construir una resolución definitiva y que mantendrá activa la representación que ha designado”. “No cederemos ante las dificultades, porque Euskal Herria merece y necesita la paz y la libertad”, añadió.

Además, el comunicado se conoció cuando en París esa misma tarde la Justicia francesa condenaba a ocho años de cárcel a Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, considerado ex jefe militar de ETA, e impuso cinco a su compañera Leire López Zurutuza, con la que fue detenido el 17 de noviembre de 2008. Se trata de la tercera condena en Francia contra Aspiazu Rubina y en este caso el Tribunal Correccional de París también sentenció a ambos a la expulsión definitiva de Francia al término de las condenas. El tribunal juzgaba a la pareja por pruebas encontradas durante su arresto en un piso en la estación de Cauterets, en los Pirineos franceses, que los situaban en el aparato militar de la organización separatista en ese momento. Antes de conocer la sentencia que le impuso el tribunal, Txeroki aprovechó su turno de palabra para hacer un llamamiento “al gobierno francés para que se implique en la resolución del ‘conflicto’”.

Sin embargo, tanto España como Francia se niegan a negociar con la banda armada que está considerada responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de lucha armada para la independencia del norteño País Vasco español y las regiones de mayoría vasca al suroeste de Francia. De hecho, la ETA está incluida en la lista de organizaciones terroristas por la Unión Europea y los Estados Unidos, y tanto Madrid como París reclaman su disolución sin condiciones.