En un fallo que causó indignación en los organismos de derechos humanos, una jueza guatemalteca ordenó suspender el juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt y el ex general José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por los delitos de genocidio. Tras el fallo de la jueza del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala, Carol Patricia Flores, la continuidad del proceso deberá ser resuelta por la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, en las próximas 48 horas.

Flores afirmó el jueves que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia ordenaron que el proceso judicial regrese a la etapa en que se le recusó a la jueza. La magistrada explicó que el proceso deberá reiniciarse a lo actuado al 23 de noviembre de 2011, por lo que el caso regresa a una etapa intermedia, dejando las audiencias del juicio sin validez. “No lo hago porque yo quiero sino porque lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, argumentó. Pero el Tribunal Primero A de Alto Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios, envió ayer una consulta a la CC para que defina el procedimiento a seguir para la continuación del proceso, luego de que por unanimidad los miembros de ese cuerpo rechazaran por ilegal la anulación del juicio decretada el jueves por un juzgado de primera instancia.

La audiencia programada para ayer por el Tribunal A de Mayor Riesgo, a cargo del juicio contra Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia militar, Rodríguez Sánchez, no pudo realizarse por ausencia de los abogados defensores de ambos ex generales, señalados de haber conocido los planes militares para ejecutar al menos 15 matanzas en comunidades del pueblo maya ixil entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, cuando Ríos Montt ejerció de facto el poder en Guatemala, estimando que durante los ataques perdieron la vida al menos 1771 indígenas de esa etnia maya.

Barrios dejó claro su rechazo a la resolución “ilegal” de la jueza Flores. Además de la consulta del tribunal, los magistrados de la CC deberán resolver la apelación presentada por la Fiscalía en contra de la resolución de la jueza Flores, así como los amparos solicitados ayer por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), entidades que actúan como querellantes. “Este tribunal es independiente y ningún órgano jurisdiccional puede obligarlo a suspender el juicio o retrotraerlo a una etapa anterior”, informó Barrios en una breve exposición antes de levantar la frustrada audiencia. Ante la ausencia de los letrados de los dos acusados, Barrios ordenó a la Defensa Pública Penal nombrar a dos abogados que los representen en el juicio.

Ante lo ocurrido, activistas humanitarios que habían colmado la sala de visitas de la CSJ iniciaron ayer de inmediato una marcha rumbo a la sede de la CC lanzando consignas como “sí hubo genocidio” y “justicia, justicia”. Los organismos internacionales también se manifestaron sobre lo sucedido. Mediante un comunicado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó su preocupación por la suspensión del juicio y advirtió que la suspensión fue ordenada por un juez distinto del que escuchaba el juicio, hecho que consideró como una afrenta para las numerosas víctimas. “Este importante retroceso unos días antes de la sentencia esperada es una bofetada para muchos hombres y mujeres indígenas que tuvieron el coraje de participar como testigos en las audiencias públicas”, señaló. Asimismo, Amnistía Internacional pidió ayer revocar el fallo que anuló el juicio. “La decisión de anular el juicio por genocidio debe ser revocada con urgencia”, afirmó la entidad humanitaria a través de un comunicado.