En Brasil se habla con cierta ironía de una nueva unidad de medida: el estándar FIFA. Marco Antonio Villalobos, periodista y profesor universitario brasileño, lo describe por e-mail desde Porto Alegre: “Los manifestantes quieren hospitales, escuelas y seguridad con el estándar FIFA que se aplica a los estadios”. Cientos de miles salen a las calles a pedirlo en portugués: “Hospitais, escolas y segurança padrâo FIFA”. La presidenta Dilma Rousseff ratifica y les asegura que los 15 mil millones de dólares que cuestan las obras para el Mundial de Fútbol 2014 se recuperarán. Romario, el ex delantero de la selección campeona del mundo 1994 y ahora diputado del Partido Socialista, no piensa igual: “El verdadero presidente del país hoy se llama FIFA. Llegó aquí y montó un Estado dentro de nuestro Estado”. Además, desliza que la Federación Internacional recaudará el año próximo “unos 2 mil millones de dólares sin haber gastado un real”. A nuestro socio comercial y vecino, ¿cuánto dinero le quedará después de la Copa del Mundo? Los opositores del gobierno sostienen que una docena de canchas son estándar FIFA.

Se sabe cuándo se enciende la chispa, pero no cuándo se apaga. En Brasil, lo que empezó con un reclamo contra el aumento del transporte público en la ciudad más poblada del país, San Pablo, se extendió a tantas localidades como demandas. En todas las sedes donde se está jugando ahora la Copa de las Confederaciones (Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Recife, Salvador y Fortaleza) hubo protestas. Las obras costosas levantadas para el próximo Mundial le dieron un valor agregado a esas movilizaciones donde hubo de todo: miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales, opositores a Dilma de clase media, vecinos de barriadas humildes que lindan con los estadios y depredadores que aprovecharon para hacer su agosto y destruir lo que encontraban a su paso. Incluso un puñado de policías que se plegó a las marchas con una sentada en San Pablo.

En estos días convulsionados que vive el país, nadie tiene idea de cuánto costará organizar el Mundial, el segundo en la historia de Brasil. El primero fue en 1950 con trece selecciones; el año próximo serán 32 participantes. En enero de 2010, se calculaba una inversión de 12.650 millones de dólares; en 2011 la previsión oficial había trepado a 13.200 millones y, a septiembre del 2012, la suma ascendía a 15.485 millones, el monto al que aludió Rousseff en su discurso conciliador del último viernes.

Romario, el crítico más ácido de lo que se lleva gastado, pero asimismo afiliado a un partido político aliado del gobierno, comenta que con la inversión de 590 millones de dólares destinada a reformar el estadio Mané Garrincha de Brasilia “podrían ser construidas 150 mil casas populares”. Una suma parecida de 600 millones fue destinada a la remodelación del mítico Maracaná en Río. Más módica, la reconstrucción del estadio Fonte Nova de Salvador, Bahía, tuvo una inversión de 345 millones. El caso del escenario levantado en la capital, que no estimula la convocatoria de Río, San Pablo o Belo Horizonte, deja una pregunta picando: ¿qué pasará después del Mundial con un estadio para 70 mil personas cuando el promedio de entradas vendidas en Brasilia ronda las mil por el torneo estadual? Ahí la presidenta dio el puntapié inicial de la Copa de las Confederaciones, mientras Romario despotricaba contra la FIFA que “no paga nada de impuestos”.

En Brasil se crispó tanto el clima social que hasta se crearon los “comités de perjudicados por la Copa del Mundo”. Funcionan en las doce sedes del próximo mundial: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaos, Natal, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y San Pablo. Tienen su página web donde denuncian que “la FIFA, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), las multinacionales y los grandes contratistas, junto con políticos profesionales, explotan la pasión brasileña por el fútbol con el fin de obtener grandes beneficios a costa de un debate más amplio sobre las inversiones y las políticas públicas”.

“Un profesor vale más que Neymar”, “No estamos contra el fútbol, estamos contra la corrupción” se leía en varias pancartas durante las movilizaciones. En un país que respira ese jogo bonito que siempre identificó a los brasileños, desde los tiempos de Pelé hasta los de Ronaldo, las denuncias de sobreprecios son, por ahora, las estrellas del Mundial.

En Porto Alegre, el Tribunal de Cuentas del Estado de Rio Grande do Sul (TCE) logró detectar en febrero que podía ahorrarse un 70 por ciento de todo lo que había sido gastado por el municipio en obras: unos 19,5 millones de reales, alrededor de 6,5 millones de dólares. Los sobreprecios, de no haber sido por el TCE, se habrían pagado en tubos y galerías de concreto. Además, el pavimento retirado para dar lugar a los trabajos era tratado como un residuo peligroso y encarecía los precios, cuando podía reutilizarse. Estos datos fueron publicados en el diario Zero Hora, de Porto Alegre.

Otra obra cuestionada fue la del Maracaná, donde la empresa IMX, del magnate Eike Batista, consiguió en mayo pasado la concesión del estadio por 35 años. En su caso, las sospechas van más allá del Mundial, porque será utilizado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

El camino del gobierno hacia el Mundial está plagado de obstáculos. A las exigencias de los brasileños movilizados por mejores hospitales y escuelas, se suman las de la FIFA, porque las obras en los estadios siguen atrasadas. La multinacional del fútbol exige porque pretende optimizar sus ganancias. Ya lo hizo cuando presionó para que se autorizara la venta de bebidas alcohólicas en las canchas vedada por una norma de 2003 y que se les cobrara la entrada completa a los mayores de 65 años, que en Brasil pagan la mitad del precio. Consiguió lo primero para no perder a su espónsor, la cervecera Budweiser, pero no lo segundo. Romario quizá se refería a estas concesiones cuando habló de un Estado adentro del Estado.

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