Fue largo el camino y, en el trayecto, los trabajadores petroleros de Las Heras no pudieron evitar que la acusación en su contra por el crimen del policía Jorge Sayago, durante la pueblada de febrero de 2006, los sentara en el juicio oral y público que comenzó en Caleta Olivia. El proceso fue declarado nulo en dos oportunidades por irregularidades en la instrucción y denuncias de obtención de pruebas bajo tortura, lo cual no impidió el inicio del juzgamiento de doce personas que el 7 de febrero de aquel año se habían manifestado en las calles y frente a la alcaidía por la detención del vocero del sindicalismo disidente Mario Navarro. La muerte de Sayago, por la que están acusados, fue el sangriento final del conflicto que los petroleros venían sosteniendo con huelgas y cortes de ruta contra el impuesto a las Ganancias, la tercerización y el encuadre sindical.

Durante la primera audiencia del proceso oral y público se leyó un resumen de la acusación impulsada por la querella, integrada por la madre y la hija de Sayago, y por el fiscal Fabio Ariel Candia. Por falta de espacio, los asistentes quedaron afuera de la sala con un parlante para seguir el juicio, entre ellos un grupo de abogados porteños que, junto a las organizaciones que integran el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, sostienen que se trata de “una farsa, una causa armada”. Tras escuchar la elevación a juicio, María del Carmen Verdú, de Correpi, dijo que “quedó en evidencia que seleccionaron arbitrariamente a estos trabajadores, entre más de 700, para aleccionar al conjunto”.

El más comprometido es Darío Catrihuala, quien está acusado de pedir a los petroleros que dejaran espacio para que un tirador disparara contra los policías. Sin embargo, las versiones sobre cómo murió Sayago no coinciden y tampoco está identificado quien disparó. Otros tres imputados están señalados como quienes golpearon a Sayago con una pala en la cabeza y le dieron una puñalada en la espalda cuando ya estaba en el suelo. El abogado de Catrihuala, Alberto Luciani, pidió la nulidad de las declaraciones indagatorias porque “fueron tomadas luego de ser sometidos a apremios ilegales, torturas y vejámenes”. Según detalló, “cuando fueron detenidos estaban en perfecto estado, según los exámenes médicos, y al día siguiente estaban todos salvajemente golpeados”. Luciani cuestionó que está vencido el plazo razonable de duración de un proceso penal, y que los mismos jueces de este tribunal fueron los que, en su momento, declararon la nulidad de la acusación del fiscal Candia por “imperfecta, vaga e imprecisa”.