Desde París

La derecha y los socialdemócratas son figuritas intercambiables, menos en el discurso. Las palabras los distinguen, los hechos los igualan. Como en los años más ardientes del mandato del ex presidente conservador Nicolas Sarkozy, los socialistas también expulsan a menores cuyos padres no tienen papeles –por consiguiente ellos tampoco–, y los van a buscar a la misma puerta del colegio. Esa es la suerte que corrió a principios de octubre Leonarda Dibrani, una estudiante kosovar de 15 años que fue detenida cuando participaba en una excursión escolar a la planta de Peugeot junto a sus compañeros del Colegio André Malraux, de la localidad de Pontalier, al este de Francia. La policía la fue a buscar al autobús, la hizo bajar frente a todos sus compañeros, la arrestó y luego la expulsó por no tener papeles junto a su madre y sus cinco hermanos. Fue enviada a Pristina, Kosovo.

La familia de Leonarda Dibrani no tenía derecho de residir en Francia. Había agotado todos los recursos para obtener la residencia, pero fracasó. Cuando Sarkozy hacía lo mismo, la oposición socialista ponía el grito en el cielo. La memoria es tan corta como la geometría variable con que se aplica la ley. Las condiciones degradantes en que fue expulsada la joven que llevaba tres años escolarizada en Francia provocaron una crisis interna dentro del PS, al tiempo que sacaron a la calle a miles de estudiantes en protesta por la expulsión.

La historia suele dar muchas vueltas. Las manifestaciones de los estudiantes funcionaron como un espejo invertido de los años ’80, una época en que, con los socialistas a la cabeza, millones de personas manifestaban en Francia contra el racismo de la derecha bajo la consigna Touche pas à mon pote (“No toques a mi compañero”). Las mismas consignas se ven ahora, pero contra la izquierda en el poder. Nadie escapa a la impecable renta de la manipulación del tema de los extranjeros como objeto de promoción electoral. En las protestas callejeras, el blanco principal de las pancartas y slogans fue el actual ministro francés de Interior, Manuel Valls, el miembro más popular del gobierno por su dureza con todo lo que atañe a los inmigrantes. “Valls dimisión”, “No a la educación mediante la expulsión”, decían muchos carteles. El año pasado, antes de ser electo presidente, François Hollande se había comprometido a poner término a los llamados “arrestos administrativos” de menores de edad y familias con niños. El entonces candidato socialista había dirigido una carta a la Red Educación sin Fronteras (RESF) y al Observatorio sobre el encierro de extranjeros donde decía: “La protección del interés del niño debe ser prioritaria”.

Palabras y palabras triviales. El caso de la adolescente Leonarda Dibrani no es el único que se descubrió. El pasado 12 de octubre, un alumno del ciclo superior de 19 años, Khatchik Kachatryan, fue expulsado de Francia luego de permanecer detenido durante varias semanas. El joven había huido de Armenia en 2011 junto a su padre, a quien se le negó el derecho de asilo político. De manera más global, la socialdemocracia en el poder superó a la derecha en lo que atañe a la expulsión de extranjeros. Demostrar quién es más malo se ha vuelto un jueguito fructuoso. En 2012, el ministro de Interior, Manuel Valls, les ganó a sus predecesores: 36.822 expulsiones contra 32.912 el año anterior. El ministro dijo: “En este gobierno hay una voluntad de aplicar una política humana, justa, pero muy firme en materia de expulsiones”. En el anterior gobierno socialista de 2001 –de Lionel Jospin– se expulsó a 9 mil extranjeros. Con éste, la cifra se multiplicó por cuatro. La expulsión de Leonarda Dibrani responde a un proceso legal; su metodología, sin embargo, ha sido puesta en tela de juicio por parte de la sociedad civil y líderes socialistas. Los profesores de Leonarda publicaron una carta abierta donde exponen su “estupefacción” por la forma en que se trató a la joven. El texto recuerda también que cinco de los menores de la familia Dibrani “llevaban más de tres años escolarizados, hablan perfectamente francés y habrían tenido pleno derecho a la naturalización en dos meses más”. Las denuncias apuntan hoy al ministro Valls: lo acusan de ser “cómplice” de los lineamientos de la extrema derecha, cuyos temas favoritos son la inmigración y la prioridad nacional. Hace unas semanas, Valls provocó un revuelo cuando asoció a los gitanos con la delincuencia. La política migratoria es impecable, gobierne quien gobierne; y la crueldad con ciertas minorías, un camino fácil y rápido para ser popular.

Los gitanos, de Kosovo o de otras partes, fueron un plato fácil para el gobierno conservador de Nicolas Sarkozy. Vuelven al mismo estatuto con un gobierno socialista. A nadie se le ocurriría expulsar a los miles de banqueros corruptos que viven en lujosos departamentos en los Campos Elíseos, ni a los más que identificables millonarios de las nuevas mafias del Este de Europa. Pero ser latino, africano, magrebí o gitano es otra historia. Ahí la ley sí que funciona. Con una extrema derecha situada por los sondeos de opinión a la cabeza de cara a las elecciones municipales del año próximo, los pocos caminos que quedan para hacer política es hacerles sombra a sus ideas.