El camino de Honduras hacia una democracia plena ha sido tan sinuoso como violento. Las elecciones nacionales pautadas para el 24 de este mes, si algo tienen de novedosas, es que cuatro de las ocho fuerzas políticas que competirán por la presidencia se constituyeron después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. El histórico bipartidismo entre nacionales y liberales se rompió con la creación de Libre, que lleva como candidata a Xiomara Castro –la esposa del ex mandatario depuesto y ahora aspirante a una banca en el Congreso–; el PAC del presentador televisivo Salvador Nasralla y dos alternativas con menores chances de llegar al poder ejecutivo: la alianza de izquierda Faper-UD del abogado Andrés Pavón y el partido derechista del general retirado Romeo Vásquez, quien depuso a Zelaya.

La vigilia previa a los comicios no supera los índices deseables de tranquilidad y previsibilidad. Organizaciones de derechos humanos y sociales denuncian un “contexto peligroso” en Honduras. Los crímenes son moneda corriente. En el país centroamericano, la tasa de asesinatos llega a 86 cada 100 mil habitantes. La mayoría fueron cometidos contra militantes políticos que siguen a Castro, quien podría transformarse en la primera mujer que accede a la Jefatura de Gobierno en 192 años de independencia.

A tres semanas de las elecciones, 5.355.112 hondureños están empadronados, aunque el voto no es obligatorio. El gobierno de Porfirio Lobo puso toda su estructura a favor de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. La misma fuerza por la que aquel accedió a la presidencia en comicios considerados ilegítimos tras la destitución de Zelaya y el régimen cívico-militar de Roberto Micheletti que le siguió.

El ex titular del Congreso es ahora uno de los dos candidatos con más chances de ganar el domingo 24. Pero Castro le saca ventajas a Hernández, de acuerdo a ciertas encuestas. Los muestreos también arrojan resultados diversos. Incluso algunos determinaron un empate técnico entre los dos aspirantes que intentan suceder a Lobo.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) que controlan los nacionales y también los liberales del candidato Mauricio Villeda, sostiene que “es una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en Honduras en 1982”. Esa conclusión es refutada por Castro, de Libertad y Refundación (Libre) y el candidato Nasralla del Partido Anticorrupción (PAC), quienes coincidieron en exigir el voto electrónico utilizado en Venezuela porque sospechan un presunto fraude. El Centro Carter avala esta posición. El TSE les dijo que no. Denuncias cruzadas fomentan la idea de trampas. Mencionan que se están vendiendo las credenciales que utilizarán los delegados de mesa.

Los hondureños elegirán aspirantes a 27.000 cargos en todo el país, desde el presidente a 128 diputados y 298 alcaldes. Habrá 16.000 mesas electorales ubicadas en 5437 centros de votación que serán custodiados por 14.000 efectivos del ejército, la fuerza que secuestró a Zelaya hace más de cuatro años. A su frente estaba uno de los ocho candidatos presidenciales: el general Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto y ahora líder de la Alianza patriótica Hondureña. El militar que hoy dice: “Honduras no puede continuar siendo el país con mayor inestabilidad política de la región, el más pobre, el más corrupto y con menos desarrollo de América latina”.

Vázquez olvidó mencionar las conclusiones de la Mesa de Análisis sobre la Situación de los Derechos Humanos creada el 25 de octubre. La componen cinco organizaciones: el Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), el CDM (Centro de Derechos de Mujeres), el CEM-H (Centro de Estudios de la Mujer-Honduras), el Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla y el Stibys (Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares).

En un extenso comunicado denunciaron que “la situación extremadamente peligrosa en que se desenvuelve el proceso electoral en el país, impacta directamente en los derechos humanos”. Y mencionaron una serie de hechos recientes, entre los que se destaca: “El Partido Nacional, a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos”. Y señala que “hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación (Libre) el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista”.

Dos días antes de difundirse el comunicado, el 23 de octubre, fue encontrado muerto por tres tiros el camarógrafo Manuel Murillo Varela en la ciudad de Comayagüela. Era beneficiario de medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y había trabajado filmando a Zelaya durante su presidencia. El 2 de febrero de 2010, con Lobo recién llegado al gobierno, lo secuestraron y torturaron efectivos policiales mientras se desempeñaba en Globo TV. Es uno de los 36 periodistas asesinados en Honduras desde 2003. De esa cifra, un solo caso ha sido juzgado y recibió condena.

Bajo estas condiciones se votará en un país que registra uno de los índices de violencia más altos del mundo fuera de las áreas de guerra. Recién este año, pasó de encabezar el ranking en América al tercer lugar, según el reporte Vision Humanity (http://www.visio nofhumanity.org/) publicado por el Instituto de Economía de la Paz (IEP), con sede en EE.UU. La publicación es utilizada como fuente de consulta por la ONU, el Banco Mundial y organismos no gubernamentales. Honduras ocupó el lugar 123 en el índice de Paz Global (GPI por su sigla en inglés) sobre 162 naciones analizadas, detrás de Colombia (147) y México (133). Esta organización ubicó a EE.UU. en el puesto 99 de su lista y a la Argentina en el 60.

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