Al menos 16 seguidores de los Hermanos Musulmanes fueron detenidos ayer por pertenecer supuestamente a un grupo terrorista en la provincia egipcia de Al Sharquiya, en el delta del río Nilo. Según la agencia estatal Mena, esas personas –que fueron trasladadas a la fiscalía– también están acusadas de promover la ideología de ese grupo mediante publicaciones y folletos, incitar a la violencia y destruir instalaciones públicas. Su arresto se produce al día siguiente de que el gobierno egipcio declarara grupo terrorista a los Hermanos Musulmanes, a los que responsabilizó del atentado contra una sede policial el martes que causó al menos 16 muertos. De hecho, las autoridades prohibieron la difusión del diario Libertad y Justicia, del brazo político de los Hermanos Musulmanes. Por otra parte, la fiscalía de Zaqaziq, capital de Al Sharquiya y localidad a la que pertenece el depuesto presidente Mohamed Mursi, ordenó la detención preventiva durante quince días de once partidarios de la cofradía acusados de intentar asesinar a estudiantes y miembros de la seguridad de la universidad de esa ciudad.

Los once acusados, entre los que figuran tres alumnos universitarios, también afrontan cargos por pertenencia a un grupo terrorista y por destruir propiedades públicas y privadas. Además, decenas de islamistas organizaron una marcha en Zaqaziq y atacaron con piedras la sede de la gobernación, al tiempo que destruyeron varios autos y carteles que piden el voto en el referéndum constitucional el 14 y 15 de enero.

Siete personas fueron detenidas en esos disturbios, mientras que se registraron choques en la universidad local que causaron veinte heridos y la detención de otras cuatro personas. Asimismo, al menos 35 personas fueron detenidas en la provincia de Menufiya, entre el miércoles y ayer, por su supuesta implicación en disturbios y manifestaciones.

El clima de violencia y tensión se hizo sentir también en El Cairo. Una bomba dejó cinco heridos, al estallar al paso de un colectivo público en el barrio de Ciudad Naser, en el este de la capital, donde las fuerzas de seguridad desactivaron otros dos artefactos. Cerca del lugar de la explosión se hallan la sede de la Seguridad Nacional y una comisaría, así como la universidad de la prestigiosa institución del islam sunnita Al Azhar. Los cinco heridos eran pasajeros del colectivo, que pasaba por la misma avenida sobre la cual el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, salió ileso de un atentado en septiembre pasado. A pesar de que esa acción fue condenada por la cofradía y reivindicada por un grupo jihadista, las autoridades civiles de facto aprovecharon la ocasión y dieron un paso más en su lucha abierta contra los islamistas.

La persecución contra la Hermandad llegó también a sus órganos de difusión. El cierre de Libertad y Justicia, según un comunicado del Ministerio del Interior, se da en cumplimiento de la decisión adoptada el miércoles por el Consejo de Ministros sobre la cofradía. La nota afirma que este diario, que apareció en noviembre de 2011 tras la formación del Partido Libertad y Justicia, representa y refleja el pensamiento de los Hermanos Musulmanes. La autoridades, en coordinación con la Fundación Al Ahram, responsable de la imprenta, pararon la distribución e impresión de la publicación. Las fuerzas de seguridad incautaron, además, varios números de la edición de ayer.

A partir de ahora se aplicarán las sanciones estipuladas en la ley antiterrorista contra aquellas personas que participen en las actividades de la Hermandad, las financien o hagan propaganda a su favor mediante cualquier medio. A quienes pertenezcan al grupo islamista, propaguen sus ideas o se unan a sus manifestaciones les espera una condena de cinco años de prisión, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, explicó el portavoz del Ministerio del Interior, Hany Abdel Fatah. En caso de ocupar un cargo en la organización, financiarla o darle información, la pena va acompañada de trabajos forzosos, agregó.

El Ministerio del Interior anunció un plan para reforzar la seguridad en las principales calles del país, edificios públicos y embajadas, así como para desactivar posibles artefactos explosivos en determinadas zonas, como escuelas y universidades. No obstante, el jefe del ejército, Abdel Fatah al Sisi, aseguró que la situación no es preocupante y que las Fuerzas Armadas se sacrificarán por Egipto y pueden llevar al país hacia la estabilidad. Asimismo, instó a las tropas a mantener alta su moral, después de que hayan sido objeto de un creciente número de ataques desde la destitución de Mursi, en julio pasado.

La aplicación de la ley antiterrorista contra la Hermandad fue celebrada por distintas fuerzas liberales y no islamistas, como el Partido Socialdemócrata o el de los Egipcios Libres, y el movimiento juvenil Tamarrud. En cambio, el grupo radical islamista Gamaa al Islamiya, responsable de numerosos atentados en la década de 1990 hasta su renuncia a la violencia en 2003, consideró injusta la decisión. También se pronunció en contra el movimiento revolucionario 6 de Abril, que motorizó la revuelta contra el ex presidente Hosni Mubarak.