El gobierno regional de Madrid anunció que no seguirá adelante con el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos, después de que su proyecto neoliberal, resistido durante más de un año en las calles, sufriera un nuevo revés judicial. La decisión fue anunciada por el presidente regional, Ignacio González, del derechista Partido Popular (PP), quien explicó en conferencia de prensa que dejará sin efecto el proceso de externalización de la gestión sanitaria a la vista de las decisiones tomadas por los tribunales. Por otra parte, el gobierno de Mariano Rajoy permitirá el aborto en caso de malformación grave del feto para acallar las voces críticas con la reforma que prepara dentro de su propio partido, adelantó ayer el diario español El Mundo.

La renuncia al proyecto privatizador le costó el cargo al consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, quien dijo que se marchaba por sentido de la responsabilidad, al no haber podido completar el arancelamiento, que defendió por razones de ahorro económico. El anuncio llegó sólo unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera desestimar el último recurso presentado por el Ejecutivo madrileño y las empresas que hace seis meses se adjudicaron el servicio sanitario contra la suspensión del proceso privatizador.

En septiembre de 2013, la Justicia madrileña resolvió suspender las privatizaciones de forma cautelar, argumentando que si no se adoptaba la medida se podría llegar a una situación de no retorno, de cambio de modelo y, por lo tanto, jurídicamente irreversible. Además, en su resolución, el tribunal enterró el argumento del gobierno conservador de que la privatización de la gestión de los hospitales representaba una garantía de ahorro, puesto que proyectos similares no han conseguido ese objetivo.

La medida cautelar había sido solicitada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que considera que la privatización de la gestión de los hospitales vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y especialmente de los pacientes, al crear un “apartheid” sanitario, por dejar la salud en manos de empresas privadas. La paralización judicial se produjo cuando el gobierno regional había finalizado el proceso de adjudicación con tres empresas –Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo Hima San Pablo, de Puerto Rico–, tras diez meses de conflicto laboral, que incluyó varios días de huelga y movilizaciones multitudinarias de la famosa Marea Blanca, compuesta por trabajadores sanitarios y médicos.

El proceso sufrió marchas y contramarchas pero, tras el nuevo fallo judicial, González reconoció que se crea una situación de incertidumbre y falta de seguridad. El dirigente conservador, no obstante, volvió a defender el proyecto, afirmando que se trata de un “modelo de gestión legal y posible”, que está contemplado en la ley y está siendo aplicado por todas las administraciones públicas, e incluso en otros hospitales de Madrid.

A pesar de creer que tiene la razón, el Ejecutivo madrileño desiste de continuar con la batalla, lo que pone fin a más de un año de conflicto con el sector sanitario, que desde el inicio se opuso a las privatización de los hospitales públicos, uno de los primeros anuncios que hizo González cuando asumió su cargo en sustitución de Esperanza Aguirre, en octubre de 2012.

Desde entonces, el dirigente del PP no hizo más que fracasar con sus políticas. Entre sus más sonoras derrotas figuran la idea de implantar el “euro por receta”, la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2020 y Eurovegas, el megaproyecto turístico y de ocio que prometía invertir 6 mil millones de euros en la región y que finalmente se retiró.

Por otro lado, el Ejecutivo tiene previsto introducir una modificación en el anteproyecto de ley que fue presentado en diciembre y desató una fuerte polémica en España sobre el aborto. Lo hará, según informa El Mundo, durante la tramitación parlamentaria de la futura norma. A la fecha, el texto preliminar tipifica el aborto como delito despenalizado sólo en los casos de violación y de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, excluyendo de esos supuestos la malformación fetal.