A un cuarto de siglo del derrocamiento de la dictadura del general Alfredo Stroessner en febrero de 1989, todavía no se ha juzgado a los represores en Paraguay. El gobernante Partido Colorado hizo ayer un mea culpa por apoyar la dictadura, pero dejó sin respuesta los pedidos de justicia por parte de las víctimas, cuando se celebran los 25 años de la caída del régimen militar, el más largo de la historia de América latina.

La fecha se recordó en un acto oficial en el Congreso en el que participaron el presidente Horacio Cartes y otras autoridades del país, pero en el que no intervinieron las víctimas de la dictadura. Esos sobrevivientes se convirtieron por primera vez en protagonistas de una ceremonia en el Panteón de los Héroes, en la que hasta ahora habían sido militares y políticos los que dominaban la escena. La distancia física entre ambos lados también se reflejó en los discursos.

Cartes, que asumió el poder el pasado agosto de la mano del Partido Colorado, destacó los avances democráticos en los últimos 25 años, al tiempo que reconoció “los déficit de una prolongada transición”, marcada por escándalos de corrupción y “preocupantes índices de pobreza”. En su alocución no hizo ninguna referencia a los miles de paraguayos que sufrieron detenciones ilegales, torturas, asesinatos, o fueron forzados al exilio por Stroessner (1954-1989).

Por su parte el presidente del Congreso, el colorado Julio César Velázquez, admitió que su partido “fue el principal sostén político” de los casi 35 años de dictadura y dijo que sólo admitiendo los “errores” se pueden “suturar definitivamente las heridas”. Juan Carlos Wasmosy, el primer mandatario civil tras la caída del dictador, también reconoció que el partido apoyó “a un gobierno fuerte acorde en aquel entonces a esas circunstancias”.

Los héroes, en el acto en el Congreso, fueron los ex militares que participaron en el golpe de Estado que defenestró a Stroessner, urdido por su consuegro, el general Andrés Rodríguez. La líder de la bancada colorada en la Cámara de Diputados, María Cristina Villalba, calificó de “gesta histórica” esa asonada, que abrió la puerta a la democracia. A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, el liberal Juan Bartolomé Ramírez, reclamó “que se haga justicia” con los ciudadanos desaparecidos durante la dictadura.

En la madrugada de un día como ayer, hace 25 años, terminaron los combates iniciados la víspera, cuando tropas movilizadas por Rodríguez atacaron los reductos leales a Stroessner en busca del dictador, que tras su caída buscó asilo en Brasil. En los enfrentamientos se estima que murieron algo más de 200 personas, aunque no existe un cómputo oficial. Por la mañana, con los tanques aún en la calle, una marea espontánea de ciudadanos salió a celebrar el fin de una dictadura que parecía que no iba a acabar nunca. Pero esa alegría inicial se ha agriado para las víctimas, que han visto frustrada su esperanza de que se juzgara a los torturadores. Stroessner falleció el 16 de agosto de 2006 en Brasilia, a los 93 años. Sus restos yacen en un cementerio de esa capital ya que no prosperaron las gestiones de sus familiares y partidarios para repatriarlos, debido a la oposición de víctimas de la dictadura y sus familiares y de organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente.

En el acto en el Panteón, la titular de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, Judith Roló, hija de Martino Roló, desaparecido por la dictadura, exigió que se recuperen las tierras de las que se apropió ilegalmente el régimen, una petición que las víctimas reiteran cada año. La Comisión Verdad y Justicia (CJV) calculó que fueron 7,8 millones de hectáreas, un área que es casi el doble del territorio de Suiza. Unas 1300 hectáreas se las quedó el propio dictador, cuya fortuna familiar fue cifrada por el escritor Aníbal Miranda en 4000 millones de dólares, y el resto se las repartió a sus acólitos, incluido el propio Rodríguez, ya fallecido.

Durante la dictadura se cometieron crímenes de lesa humanidad y, según un informe elaborado por la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, un total de 20.090 personas resultaron víctimas directas de violaciones de derechos humanos. Algunas cifras de ese informe indican que 19.862 personas fueron detenidas en forma ilegal, 18.772 fueron torturadas, 425 fueron ejecutadas o desaparecidas y 3470 fueron obligadas a marchar al exilio. La Comisión identificó a 448 victimarios, en base a una enorme recopilación de documentos oficiales y testimonios de más de 2000 personas, pero, pese a esas pruebas, la Justicia paraguaya no ha imputado a nadie desde la publicación del informe, en 2008.