La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, señaló que habrá “seguridad pesada” en Salvador de Bahía y en todas las sedes del Mundial de Fútbol. Con esas palabras, ratificó su decisión de enviar tropas federales para controlar la ola de asesinatos ocurrida en la capital del populoso estado del nordeste a partir de una huelga de la policía local. “La Copa será muy segura. Las fuerzas armadas participarán en el plano disuasorio y, si es necesario, también en la contención de situaciones que amenacen el evento”, aseguró Rousseff. Al menos 40 homicidios, además de saqueos y disturbios, se registraron en la ciudad de Salvador de Bahía desde que la policía militarizada inició hace dos días una huelga cuya finalización fue declarada ayer por un tribunal regional.

La mandataria dijo que autorizó el envío de tropas federales a Salvador para dar apoyo a la seguridad pública y garantizar la paz en Bahía. “No hay la más mínima posibilidad de que el gobierno acepte cualquier tipo de violencia. En ninguna hipótesis permitiremos que la Copa sea contaminada”, expresó la mandataria en un discurso pronunciado ante ministros y empresarios que integran el Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia.

Según Rousseff, durante el Mundial el gobierno utilizará un esquema de seguridad en el que efectivos de las fuerzas armadas, de la Policía Caminera y de la Policía Federal se sumarán a las fuerzas policiales de los doce estados que recibirán el evento deportivo. “Nosotros tenemos que entregar una Copa que sea segura, que tiene que ser cómoda para las personas que vienen y tiene que ser cariñosa en el recibimiento”, agregó.

El esquema de seguridad diseñado por el gobierno brasileño, con un costo que se calcula en 870 millones de dólares, es el mayor de la historia de los Mundiales e incluye un contingente de 170 mil agentes policiales, militares y privados, apoyados por equipos de tecnología de punta, como los centros de control móviles que operarán en inmediaciones de los estadios.

Los militares –alrededor de 57 mil efectivos– podrán actuar en caso de protestas populares y también son entrenados para sustituir a agentes policiales en caso de que éstos decidan realizar una huelga durante la cita. En su discurso de ayer, Rousseff aseguró que espera que las manifestaciones de protestas que sacudieron el país durante la Copa Confederaciones de junio pasado no se repitan durante el Mundial. “Tenemos la certeza de que la Copa es otra cosa. Es el fútbol volviendo a su casa, es algo que desean todos los brasileños”, dijo y aseguró que todos, sin excepción, incluso los que hablan en contra de la Copa, “formarán una hinchada apasionada por nuestro equipo”.

Por otra parte, la mandataria minimizó en su discurso el retraso de las obras de infraestructura –en especial las de movilidad urbana y de ampliación de aeropuertos– prometidas para el Mundial y sostuvo que estos proyectos no fueron planeados para los encuentros futbolísticos, sino para que se queden como legado para el pueblo brasileño. “Todo lo que logremos arreglar en casa se quedará después para nosotros”, afirmó.

“Es inaceptable que la seguridad de la población bahiana sea puesta en riesgo, el gobernador Jaques Wagner tiene todo el apoyo de mi gobierno para garantizar la seguridad de la población de Bahía”, insistió la presidenta brasileña. Rousseff firmó un decreto para restablecer el orden en la capital de Bahía similar al que había emitido hace 15 días cuando autorizó la presencia de las fuerzas armadas en una zona de favelas de Río de Janeiro, donde permanecerán hasta 18 días después de la final del Mundial.

Según informaron medios locales, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF-1) decretó ayer el fin de la huelga policial. De no acatar la medida, las asociaciones y dirigentes que promueven la paralización deberán pagar una multa diaria de 1,4 millones de reales (unos 636 mil dólares) y sus líderes podrán tener hipotecados sus bienes como forma de garantizar el resarcimiento al Estado por las pérdidas ocasionadas por la medida de fuerza.

Desde que el martes la corporación policial inició la huelga por tiempo indeterminado, 40 asesinatos fueron registrados en la capital de Bahía, entre ellos dos de policías militares. El número de homicidios representa un aumento del 400 por ciento respecto de los mismos días de la semana anterior.

Además, varias tiendas fueron saqueadas, por lo que el comercio no abrió ayer sus puertas. Tampoco funcionaron escuelas, bancos y universidades, y el transporte colectivo mermó considerablemente por temor a ataques criminales. El vicepresidente de la asociación de policías y bomberos (Aspra), Fabio Brito, dijo que el decreto de paralización no terminará con la huelga, que tiene como principal reivindicación un reajuste salarial y la equiparación entre funcionarios activos e inactivos. “La huelga sólo será interrumpida si hay negociación de nuestras reivindicaciones. No sirve de nada querer atemorizar y coaccionar al trabajador con multas absurdas”, afirmó.