El fiscal solicitará “que se investiguen presuntas irregularidades” en el otorgamiento y control de la guarda de la niña que estuvo encerrada y sometida a malos tratos durante por lo menos nueve años, en una casa de Villa Lugano. El titular del Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos denunció a “funcionarios judiciales que justifican las entregas directas” de niños, y desde entidades de defensa de derechos de la infancia criticaron a “los equipos técnicos de una Justicia irresponsable” y advirtieron sobre “la actitud incumplidora del Estado”. Un informe policial consigna que la niña tenía “cicatrices en el abdomen a consecuencia de quemaduras realizadas por integrantes de la familia” y que, al convivir con un mono enjaulado, “no le permitían tocar las bananas de las que este último se alimentaba”, mientras ella permanecía a pan y agua.

“En el otorgamiento de la guarda provisoria intervino el Juzgado de Menores de Berazategui –puntualizó el fiscal Juan Necol, a cargo de la causa–: solicitaremos investigar presuntas irregularidades en el trámite, no sólo por haber sido entregada la niña a alguien que no reunía las condiciones, sino en el control que durante tanto tiempo no se efectuó.” El fiscal explicó a este diario que el responsable podría no ser un juez en particular, ya que “como el proceso de guarda provisoria se prolongó por nueve años o más, intervinieron distintos magistrados”.

Entretanto, la fiscalía investiga “el hecho específico de reducción a servidumbre, lesiones y privación de la libertad”, por el cual Daniel Miguel Gómez, de 43 años, y Adriana María José Barros, su pareja, de 56, están detenidos desde el 5 de abril a disposición de la jueza María Gabriela Lanz, quien rechazó su pedido de excarcelación.

La niña, de 15 años, había sido rescatada en noviembre pasado del encierro en una casa de la calle Pola 2758, barrio de Villa Lugano. Su liberación fue posible gracias a la acción de una hermana mayor (son siete hermanos en total) que, al cumplir los 18 años y salir de la institución de menores donde ella misma estaba internada, acudió a la Justicia en busca de su hermana. La niña, que pesaba entonces 20 kilos, fue trasladada a un instituto de menores, donde se halla “fuera de peligro”, según fuentes judiciales.

Un informe policial señala que la adolescente presentaba “ausencia de tejido celular subcutáneo generalizada, lesiones y cicatrices en el abdomen, a consecuencia de quemaduras que refirió le fueron realizadas por integrantes de la familia, y que en distintas ocasiones fue atada”. Además, “refirió que convivió con animales, entre los cuales se hallaba un mono que alimentaban con bananas, y que a la menor no le permitían tocar las frutas y era alimentada con levadura, pan y agua, y a veces le daban de comer alguna otra cosa. Dormía en el piso”. Y la policía encontró “ganchos del tipo carnicero y cadenas”, dispuestos “para evitar que se escapara”. En la casa convivían también una joven de 18 años y una mujer de 65, “la primera hija de la pareja aludida y la segunda un familiar”.

Gustavo Herrero, director nacional del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, sostuvo que “estas situaciones son evitables” y denunció que “todavía hay funcionarios judiciales que avalan las entregas directas y guardas de hecho”, cuando “el único camino debe ser a través de las nóminas de este registro, que cuenta con los equipos técnicos para seguimientos en los procesos de adopción”.

El Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), que dirige Nora Schulman, denunció a “una Justicia irresponsable que entregó la niña a personajes siniestros”, y preguntó “dónde estaban todos estos años los jueces que resolvieron la entrega, los operadores y equipos técnicos que no evaluaron a esta familia y los profesionales que se olvidaron de la niña. Quién controló si comía, si iba a la escuela, si tenía sus vacunas”.

Laura Musa, titular de Fundación Sur Argentina y ex asesora general tutelar de la ciudad de Buenos Aires, observó que “la hermana de la niña, ella misma en condiciones de vulnerabilidad, fue capaz de averiguar dónde estaba y encontrarla: hizo lo que el Estado no pudo hacer”. Señaló que “por ley, la guarda provisoria debe ser por el menor tiempo posible, luego de lo cual hay que decidir si devolver el niño a la familia o darlo en adopción”. Y afirmó que “funcionaron mal todas las instancias estatales. El juez tenía la obligación de controlar la guarda, mediante los equipos técnicos del juzgado. El asesor de menores debía verificar en qué condiciones estaba la niña. El Organismo Local de Protección, dependiente de los ejecutivos municipales y provincial, debía haber seguido, en comunicación con el juzgado, la asistencia a la madre y a la familia de origen, en procura de que pudieran hacerse cargo de la niña”.

Musa destacó que “la ley 26.061 procuró poner fin al ‘patronato’, por el cual los jueces hacían lo que querían con los chicos: se pensó en un sistema mixto entre los jueces y la administración, pero hoy muchos jueces declinan sus responsabilidades, que la administración no termina de asumir. Tenemos las mejores leyes, pero el sistema funciona mal”.