Después de dos semanas de escalada verbal y militar constante en el Este de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el gobierno interino ucraniano llegaron a un acuerdo en Ginebra que abre el camino para comenzar a solucionar la profunda crisis que vive hace meses esa ex república soviética. Los cancilleres de Rusia, Serguei Lavrov; de Estados Unidos, John Kerry; de la UE, Catherine Ashton, y del nuevo gobierno ucraniano, Andriy Deschytsia, se reunieron ayer en Suiza para tratar la serie de levantamientos armados prorrusos que tienen tomadas sedes de gobierno en algunas ciudades del Este y del Sur de Ucrania, y que intentan copiar a Crimea y conseguir la independencia y la anexión a Rusia. Tras varias horas de negociaciones a puertas cerradas, el canciller ruso habló con la prensa y anunció que habían alcanzado un acuerdo para desarmar a todos los grupos ilegales que operan en este momento en Ucrania y que ofrecerán un plan de amnistía a aquellas personas que participaron en los levantamientos prorrusos en el Este del país.

Del acuerdo alcanzado, Rusia consiguió excluir cualquier mención a la situación de Crimea, territorio que anexionó el pasado mes, una acción a la que siguieron los levantamientos de grupos prorrusos en distintas localidades de la región oriental de Donestk. En cambio, Moscú no arrancó –como había adelantado que lo intentaría– del gobierno de Ucrania ninguna promesa de que este país se convertirá en una federación en la que las autoridades locales tengan amplios poderes.

Contrariamente a las bajas expectativas que generaba este encuentro, las cuatro partes acordaron pasos concretos para reducir los riesgos de un enfrentamiento mayor entre Rusia y Ucrania. Así, Lavrov explicó que todas las dependencias públicas tomadas por grupos armados, que pedían la independencia de Ucrania y el ingreso a la Federación Rusa, en el Este y Sur del país, serán desalojadas. Por su parte, Rusia prometió cooperar para que entreguen las armas y abandonen las dependencias estatales que ocupan desde hace más de diez días, todo lo cual será supervisado por observadores internacionales.

En este sentido, las potencias y Kiev acordaron el envío de una misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a esa convulsionada región ucraniana. “Se acuerda que esa misión debe tener un rol preponderante en asistir a las autoridades ucranianas y a las comunidades locales en la implementación de las medidas para rebajar las tensiones allí donde más se necesiten, empezando en los próximos días”, explicó el comunicado final aprobado por las cuatro partes.

Los observadores de la OSCE ya se encuentran en suelo ucraniano y deberán trasladarse a la convulsionada región lo antes posible para comenzar a negociar el desarme y la liberación de edificios públicos con las milicias prorrusas. Hasta ahora, los separatistas desconocieron la autoridad del gobierno interino ucraniano y denunciaron que ese armado incluía fuerzas ultranacionalistas que representaban una amenaza para la seguridad de las comunidades rusoparlantes en el Este y Sur del país. Por último, el gobierno interino de Ucrania, que asumió el poder a finales de febrero pasado tras el derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukovich, se comprometió a comenzar un proceso de reforma constitucional que incluya las demandas y aspiraciones de todas los ciudadanos del país, tal como pedía Rusia.

Desde la caída de Yanukovich, Moscú reclama que el nuevo gobierno apruebe una constitucional federalista, que reconozca las comunidades rusoparlantes del Este y Sur del país, donde en algunas ciudades y distritos representan una amplia mayoría de la población. Lavrov volvió a repetir ayer que su gobierno no tiene ninguna intención de enviar tropas a Ucrania. Sin embargo, tras la anexión de la península de Crimea el mes pasado, Washington ya no parece confiar en las promesas de Moscú.

“Es absolutamente claro que lo importante es que las palabras se traduzcan inmediatamente en acciones”, destacó Kerry en una conferencia de prensa posterior a la de Lavrov. Codo a codo con Ashton, el secretario de Estado norteamericano contó que ya advirtió a Moscú que “si no vemos avances en los esfuerzos inmediatos para implementar este acuerdo este fin de semana, no tendremos más opción que imponer más costos a Rusia”.

El jefe de la diplomacia norteamericana también adelantó que no suspenderán todavía las sanciones impuestas en las últimas semanas a funcionarios rusos y recordó que, pese al acuerdo alcanzado ayer, la Casa Blanca sigue sin reconocer la anexión rusa de Crimea, la estratégica península sobre el mar Negro.

Washington señaló asimismo que tiene listo un tercer paquete de sanciones contra Rusia, a las que la UE presenta cierta reticencia de cara al próximo diálogo que entablará con Moscú y Ucrania para resolver los problemas de suministro energético causados por esta crisis.

Al comentar los resultados de la reunión ante la prensa, el ministro Deschytsia consideró que los próximos días serán cruciales y “se requerirá del esfuerzo sincero de todos” para poner en práctica “las fórmulas que se han diseñado cuidadosamente”. Consultado sobre la confianza que puede tener su país en que Rusia cumpla con lo acordado, el responsable ucraniano de Exteriores destacó que ese país asumió el compromiso formal de ser parte de este proceso. Lavrov enfatizó que la solución a los problemas surgidos debe ser encontrada “entre los propios ucranianos”, para lo cual instó a las autoridades de Kiev a lanzar un diálogo nacional “inclusivo y transparente”. A su vez, consideró desafortunado que el acuerdo no haga referencia a Ucrania como una futura federación y defendió que cualquiera que sea el modelo de Estado que se adopte en el marco de una próxima reforma constitucional, debe concederse más competencia a las regiones y un mayor rol al idioma ruso.

“Cada región debe preservar su identidad cultural y su lenguaje”, dijo. En la zona oriental de Ucrania reside una significativa minoría de origen ruso, que Moscú pretende defender de abusos y discriminación a través de su apoyo a las milicias prorrusas. Sin embargo, observadores de derechos humanos de Naciones Unidas desmintieron cualquier tipo de opresión o maltrato contra los rusohablantes repartidos en el Este ucraniano.