Desde Barcelona

Ya está en marcha el proceso legal que permitirá la sucesión del trono español de Juan Carlos a su hijo, el príncipe Felipe. En el consejo extraordinario de ministros, el gobierno redactó la ley orgánica que la semana próxima tendrá que ser aprobada por la Cámara baja y, finalmente el 18 de junio, ratificada por la Cámara alta para que se formalice la abdicación y se dé paso al nuevo reinado.

La norma, por ser una ley orgánica, requiere ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de Diputados y simple en el Senado. Una vez superado el trámite –y todo apunta a que así se hará– el texto se verá sancionado y promulgado por el propio Juan Carlos, que también será el encargado de ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hecho con el cual se haría efectiva la abdicación del actual monarca. Según explicó Jesús Posada, presidente del Congreso, las Cortes culminarán el día 18 de junio el trámite parlamentario de la sucesión del rey y, a partir de entonces, será la Casa Real la que establezca la fecha de la coronación de Felipe VI en el hemiciclo en sesión conjunta de Congreso y Senado.

De momento, todo parece indicar que la mayoría de los grupos parlamentarios no pondrán trabas a este calendario. Tanto el Partido Popular (PP) como el Socialista (PSOE) mostraron su claro apoyo a la sucesión directa de Juan Carlos a su hijo y el único grupo que anunció que votaría en bloque en contra es el de Izquierda Plural, dentro del que se encuentra Izquierda Unida. En cualquier caso, el porcentaje de rechazo a la sucesión no llegará al 10 por ciento de la Cámara baja, con lo cual el traspaso de la Corona es prácticamente un hecho.

Lo que, sin embargo, no está aún tan claro es cómo quedará la situación jurídica del rey, una vez fuera del cargo. El proyecto de ley orgánica aprobado ayer por el Consejo de Ministros sólo cuenta con un artículo único y una disposición final para hacer efectiva la renuncia a la Corona, pero no dedica ni una palabra a otras cuestiones que –por tratarse de una situación inédita en la historia de España– no están reguladas. Después de 36 años de reinado, ninguna ley de la Corona desarrolló el artículo 57 por el que se pauta la abdicación o renuncia del jefe del Estado. De ahí el apuro del gobierno por convocar una reunión extraordinaria y dar una solución rápida al desconcierto actual.

La normativa recién aprobada, que ordena el pase del trono desde Juan Carlos I a Felipe VI, deja muchos cabos sueltos. Uno de ellos es el relativo a la inviolabilidad y el aforamiento del monarca que abandona el cargo. De acuerdo con el artículo 56.3 de la Carta Magna, “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, pero la pérdida de tal condición sólo se da por supuesta en caso de muerte. Así es que cuando abdica se abren los interrogantes. ¿Podría ser juzgado a partir de ahora como “una persona normal”? Los juristas opinan que Juan Carlos estaría habilitado para sentarse ante los Tribunales sólo por delitos que cometiera una vez convertido en civil, pero no de forma retroactiva. Esto significa que jamás el ciudadano Juan Carlos de Borbón podría ser juzgado por sus actos oficiales y personales mientras fue rey.

El diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirmó que si la ley orgánica en la que se recoja la sucesión al trono no protege al rey Juan Carlos de responsabilidades penales cuando deje de ser monarca, su partido será el primero en “plantear querellas por los hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado”.

La figura de Juan Carlos se encuentra, en cualquier caso, blindada por los principales grupos políticos. Sin ir más lejos, el gobierno aprobó en su reunión extraordinaria, además del texto que regula la abdicación, una declaración institucional de apoyo a la monarquía, agradecimiento a la labor de don Juan Carlos y afirmación de que la Constitución “asegura la normalidad en la sucesión a la Jefatura del Estado”. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declaró también ayer en unas jornadas de la revista The Economist que la decisión de renunciar de Juan Carlos fue “meditada y no fruto de la coyuntura actual”, a la vez que se encargó de ensalzar a su heredero, Felipe, como una figura con “gran apoyo popular, que conoce bien la realidad española y que sabrá desempeñar su papel al frente de la Corona con el mismo acierto que lo ha hecho el rey”.

El Partido Socialista, por su parte, anunció a través de quien hasta dentro de un mes es su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, su empeño por mantener el pacto monárquico para garantizar el poder a Felipe de Borbón, aunque esta idea empieza a no ser respaldada por amplios sectores del partido, como las Juventudes y la Izquierda Socialista, la federación balear, la gallega, el PSC de Barcelona, el alcalde de Soria o la agrupación de base Foro Etico, que cuestionan la posición oficial y exigen pasos hacia la III República.

Entre las filas del PP, en cambio, no hay fisuras. Rajoy aprovechó para retar a los que rechazan la monarquía a emprender el camino de la reforma constitucional si no comparten el modelo, después de que el movimiento republicano haya salido a protestar en las plazas de las principales ciudades del país contra la sucesión automática del rey a su hijo. “Ahora hay quien pide un referéndum (entre monarquía y república). Pueden hacerlo, pero tienen que respetar los procedimientos establecidos en la Constitución. Yo creo que la monarquía tiene el apoyo mayoritario en España pero, si no les gusta, que planteen una reforma en las Cortes, tienen pleno derecho a hacerlo. Lo único que no pueden hacer en democracia es saltarse las leyes, la democracia es el imperio de la ley”, aseguró el mandatario para dejar en claro que, si alguien quiere ese referéndum, debe llevar una reforma al Congreso que obviamente sería derrotada por la mayoría absoluta del PP.

Pero las amenazas gubernamentales no parecen amedrentar a los cientos de miles de personas que salieron a la calle con banderas amarillas, moradas y rojas, símbolo de la República española, y que hoy siguen en pie de lucha con la recolección de firmas a través de diversos portales de Internet para la convocatoria de una consulta sobre la continuidad de la monarquía.