El gobierno catalán ratificó ayer su voluntad de convocar un referéndum soberanista, aunque paralizó la campaña institucional a favor de la consulta del 9 de noviembre para evitar violar la ley después de que el Tribunal Constitucional español suspendió la convocatoria, mientras miles de catalanes salieron a las calles en su defensa. “El proceso soberanista continúa”, fue la respuesta del Ejecutivo regional del presidente catalán, Artur Mas, ante la resolución judicial conocida ayer.

Por la tarde, miles de personas se reunieron frente a los edificios municipales de las principales ciudades de Cataluña, con Barcelona a la cabeza, en respuesta a la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que llamó a los ciudadanos a defender la consulta del 9 de noviembre frente a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional.

Pese a la intensa lluvia, los manifestantes colmaron la emblemática plaza Sant Jaume de Barcelona, donde clamaron por la independencia y exigieron su derecho a votar.

El gobierno catalán se vio obligado a paralizar la campaña a favor del referéndum para evitar violar la ley y un eventual proceso por desacato, pero anunció que presentará recursos para que se levante la suspensión cautelar dictada el lunes por el Tribunal Constitucional, cuando admitió dos recursos de inconstitucionalidad contra la consulta, presentados por el gobierno central de Mariano Rajoy. “Si alguien pensaba que con lo que pasó el lunes todo se pararía y quedaría liquidado, el mensaje que queremos dar es que no acabó nada”, aseguró el portavoz del gobierno catalán, Frances Homs.

En ese sentido, el funcionario instó al máximo tribunal a resolver rápidamente las alegaciones que se presentarán para que el referéndum se pueda celebrar el 9 de noviembre. “El proceso no termina aquí, el gobierno seguirá promoviendo iniciativas legales, políticas e institucionales para que los catalanes puedan votar”, añadió Homs, aunque no especificó qué medidas se impulsarán.

Tras la suspensión de la consulta independentista de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional español, la líder del derechista Partido Popular (PP) catalán, Alicia Sánchez Camacho, advirtió a Mas que lo denunciaría por malversación de fondos públicos si no levanta la campaña institucional pro referéndum. “Si sigue, el PP presentará inmediatamente ante la Fiscalía una denuncia por malversación de fondos públicos, de todos los impuestos que pagamos los catalanes que estarían siendo utilizados para una actividad que está suspendida y que es ilegal”, afirmó Sánchez Camacho en conferencia de prensa desde el Senado, en Madrid.

Ayer entró en vigor la resolución del Tribunal Constitucional que suspende durante cinco meses tanto la convocatoria firmada por Mas como la ley catalana de consultas que lo habilitó. En su resolución, el máximo tribunal especifica que la suspensión afecta a “todas las partes implicadas en el proceso”, así como a “terceros”. La Asamblea Nacional Catalana, principal impulsor de las manifestaciones independentistas de los últimos años, llamó a los catalanes a concentrase frente a sus ayuntamientos y lanzó una campaña para mantener activa la movilización.

Algunos de los partidos que impulsan la independencia, como Esquerra Republicana de Catalunya, también lanzaron sus propias campañas publicitarias. La formación liderada por Oriol Junqueras dijo que la mantendrá pese a la resolución del Constitucional.