Desde México, DF

La crisis de derechos humanos en México alcanzó la máxima atención internacional, luego de que dos de los principales líderes mundiales expresaran ayer su preocupación por la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre, luego de ser atacados por policías municipales de Iguala. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó la preocupación del presidente Barack Obama, mientras que el papa Francisco oró por los normalistas en la Plaza San Pedro.

Mientras tanto, en la capital mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto recibía a los padres de los jóvenes desaparecidos y al cierre de esta edición llevaban más de tres horas reunidos a puerta cerrada. Hasta ahora, poco o nada ha logrado la administración del priísta Peña Nieto para encontrar a los estudiantes desaparecidos, ante el descrédito nacional, al que se suma el hecho de que el costo político internacional que paga por ello cada vez es mayor.

Las posturas de Washington y el Vaticano expresadas ayer se suman a la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, que ha calificado el caso como una desaparición forzada, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó medidas cautelares. La investigación de autoridades mexicanas ha sido cuestionada por Amnistía Internacional y por Human Right Watch, que además han subrayado las dimensiones de la crisis de derechos humanos que el caso Ayotzinapa ha dejado al descubierto. Cientos de ciudades en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y Asia han sido escenario de manifestaciones de miles de personas contra el gobierno de México y en demanda de la aparición con vida de los 43 estudiantes desapareción. El año pasado, la administración de Enrique Peña Nieto reconoció 22 mil personas desaparecidas en México.

Ayer, en la residencia oficial de Los Pinos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos anunciaron que exigirían al presidente Enrique Peña Nieto que la búsqueda de los jóvenes continúe bajo la premisa de que están vivos y no muertos y enterrados en fosas clandestinas.

Poco antes de ingresar a las oficinas presidenciales, el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que acompaña a los padres de los normalistas desaparecidos, dijo que esperaban que Peña Nieto “pueda escuchar la inconformidad, enojo e indignación que tienen por la falta de resultados sobre el paradero de sus hijos”, y que dé respuesta a todos sus planteamientos, especialmente que no se criminalice a los normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, rechazaron que el ataque contra sus hijos hubiera sido fruto de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales. “Esto fue un acto de Estado”, dijo el abogado. Los familiares exigen que el gobierno mexicano tenga asistencia técnica de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la investigación.

La reunión con Peña Nieto ocurrió luego de que los familiares de los normalistas desaparecidos y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se retiraran del diálogo con la Secretaría de Gobernación, la Gendarmería Nacional y la Procuraría General de la República (PGR), el jueves pasado, y denunciaron que la Procuraduría pretende vincular a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con el crimen organizado de Guerrero. Al día siguiente, exigieron una audiencia con el presidente.

En la reunión de ayer participaron un centenar de personas, incluyendo a los familiares de los desaparecidos y de los tres estudiantes asesinados en Iguala, la noche del 26 de septiembre, así como el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y representantes de la sociedad civil que apoyan la búsqueda de los estudiantes desde la capital del país. A Peña Nieto lo acompañaron el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong; el procurador Jesús Murillo Karam, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Núñez.

Entre las demandas se destaca que “el equipo de forenses argentinos pueda formar parte de las investigaciones. No aceptaremos ningún otro resultado que no emitan los peritos forenses argentinos”, dijo el abogado Rosales.

Mientras tanto, por segundo día consecutivo, la cabeza de la Iglesia católica en el mundo se refirió a la violencia y a la desaparición de estudiantes en México. “Quisiera elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano, que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en este momento”, dijo en español el papa Francisco al término de la audiencia general celebrada ante más de 30 mil personas en el Vaticano.

En la víspera, durante el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, en el que participa el presidente de Bolivia, Evo Morales, junto con representantes de movimientos de base y populares de todo el mundo, buena parte de ellos provenientes de América latina, el Papa había pedido oraciones por los 43 estudiantes normalista de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre tras participar en una protesta reprimida a tiros por la policía municipal de Iguala, la tercera ciudad en importancia del estado de Guerrero. En el encuentro mundial, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, una organización gremial mexicana que reunía a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (desaparecida en octubre de 2009 por el derechista presidente Felipe Calderón, lo que generó un conflicto laboral que duró cinco años), denunció “la criminalización y represión que vive el movimiento social en México” e hizo un llamado al Papa a interceder por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expuso en Washington la preocupación del gobierno de Barack Obama por la desaparición de jóvenes normalistas en México. “Los reportes de la situación son preocupantes”, respondió Earnest a una pregunta expresa durante una conferencia de prensa. Esta es la misma postura expresada ya hace tres semanas por el Departamento de Estado, que además consideró que se trata de “un crimen que demanda una investigación clara y transparente”, en el que “los responsables tienen que ser presentados ante la Justicia”.