Las cárceles bonaerenses llegaron como tema de preocupación ante la Comisión Interamericana de DD.HH., en Wa-shington. Se realizaron una audiencia en el marco del 153º período de sesiones ordinarias y una reunión por medidas cautelares. La audiencia, pública, solicitada por la Asociación Pensamiento Penal, se refirió a la situación de las cárceles bonaerenses y el alojamiento en comisarías ante el incremento de detenciones y la falta de cupo en las unidades penitenciarias. La reunión por las cautelares se realizó a pedido del CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de la situación del Complejo Penitenciario de San Martín, luego del asesinato del detenido Patricio Barros Cisneros en enero de 2012. El Gobierno sostuvo que se incrementaron las plazas carcelarias y el presupuesto en cárceles de toda la provincia, y que en lo específico de San Martín, se redujo en un 20 por ciento el total de detenidos. Que la CIDH haya decidido mantener las medidas cautelares, que haya decidido realizar una visita a la provincia por las pronunciadas diferencias entre la mirada de los denunciantes y del Gobierno, y que haya instado al Estado a tomar las medidas necesarias para evitar las detenciones en las comisarías señala que si hubo avances fueron escasos y de emergencia.

La audiencia pública fue realizada en el marco de las sesiones ordinarias de la CIDH, a pedido de APP, y trató sobre el incremento de detenidos en todo el sistema carcelario bonaerense, cuyo hacinamiento desbordó hacia las comisarías. De hecho, las cifras indican que en territorio bonaerense los detenidos superaron las cifras de 30 mil presos que motivaron el fallo Verbitsky de la Corte Suprema en 2005, y que la resolución 642 del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, que habilita el alojamiento en comisarías viene a ser una suerte de muleta. En la audiencia se encontraba el representante de APP, Mario Juliano, y por el Gobierno, César Albarracín, subsecretario de Política Criminal, y Florencia Piermarini, directora del SPB.

Albarracín sostuvo que “desde el año 2004 a la fecha se incorporaron casi 11 mil nuevas plazas penitenciarias, 16 nuevas unidades penitenciarias, 7 alcaidías departamentales y 104 viviendas del programa Casas por Cárceles” a la vez que se rehabilitaron pabellones que se encontraban clausurados y se realizaron mejoras, ampliaciones y refuncionalizaciones en otras dependencias. Albarracín anticipó que esta semana Daniel Scioli anunciará el envío al Parlamento del proyecto de ley por los mecanismos provinciales contra la tortura. En 2012 ya se había dado media sanción en el Senado a un proyecto presentado por los organismos de DD.HH., pero perdió estado parlamentario. Ahora, el proyecto no surge de los organismos sino del propio Ejecutivo.

En la reunión por la medida cautelar dispuesta en 2012 para el Complejo San Martín, luego del caso de Patricio Barros Cisneros, muerto a patadas por penitenciarios, participaron Paula Litvachky (CELS) y Roberto Cipriano García (CPM). Por el lado oficial, Albarracín y Piermarini. En la reunión surgieron algunos avances, como la creación de un nuevo reglamento disciplinario para aplicar en San Martín, pero que podría extenderse al resto de los penales luego de que demuestre sus ventajas cuando se lo ponga en práctica. El Gobierno sostuvo que se redujo en un 20 por ciento el total de detenidos en el Complejo. Desde el CELS respondieron que el descenso se debe al traslado de presos a otros penales y comisarías. Las diferencias entre una mirada y otra, tanto en la audiencia como en la reunión, fueron tales que la CIDH informó su intención de visitar in situ las cárceles bonaerenses. En 2010, Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH, visitó las penitenciarías de la provincia y emitió un informe muy duro. La preocupación de los organismos que se presentaron ante la CIDH se basa en que sostienen que la situación tiene tendencia a empeorar y que exige medidas urgentes.

No en vano, el relator sobre el Derecho de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, instó al Estado a tomar las medidas pertinentes para evitar las detenciones en comisarías. De hecho, entre los datos pertinentes presentados por la CPM se menciona que encontraron una mujer embarazada que llevaba diez días detenida en la 3ªde La Tablada, y tres chicos de 16 y 17 años, en la 10ª de Puente La Noria, que no habían sido registrados en los libros. Según esos datos, el 7 de octubre, en las comisarías de La Matanza, había 40 detenidos por orden judicial y 273 detenidos fuera de esa lista, un 682 por ciento de exceso.