El Frente para la Victoria (FpV) se encaminaba, al cierre de esta edición, a convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2015, el cual prevé un crecimiento de 2,8 por ciento, una variación del índice de precios al consumidor nacional urbano del 15,0 por ciento y un tipo de cambio promedio de 9,45 pesos. El oficialismo contaba con el apoyo de sus tradicionales aliados correntinos, misioneros y neuquinos. La oposición, UCR, PRO, Unen, PJ disidente, adelantó su voto negativo. Después de doce años de presupuestos “kirchneristas”, el programa de gobierno propuesto en esta nueva iniciativa hace foco en los servicios sociales, es decir, seguridad social, educación, cultura y salud. Los recursos para cubrir estas partidas representan el 58,7 por ciento del total y tendrán un incremento de 25,3 por ciento en comparación con lo previsto para este año. En 2015 está previsto destinar 275.601 millones de pesos para mejorar el nivel de ingresos de la población a través de seis jurisdicciones. Estas erogaciones representarán un incremento de 48 por ciento al crédito vigente al 31 de agosto de este año.

“Este gobierno no quiere aplicar un ajuste; por el contrario, llevó adelante una serie de medidas anticíclicas para evitar un mayor impacto de la crisis internacional, como por ejemplo el Pro.Cre.Ar, el Pro.Cre.Auto, el plan Ahora 12 de cuotas y la moratoria previsional. Escuchamos a economistas de la oposición como (Federico) Sturzenegger y (Javier) González Fraga decir que van a reducir las retenciones, eliminar el Impuesto a las Ganancias y que la deuda externa podría saltar al 20 por ciento del PBI. Lo que van a hacer es reducirles los impuestos a los sectores de altos recursos”, argumentó el senador Aníbal Fernández.

La sesión del Presupuesto arrancó a las 16. Antes, hubo una serie de homenajes a Antonio Cafiero y Stella Maldonado y un recordatorio por los cuatro años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Los tres homenajes fueron acompañados por unanimidad. Luego, la oposición arremetió contra el vicepresidente Amado Boudou, casi como un déjà-vu de las últimas sesiones. La representante de la UCR Laura Montero fue la primera senadora de la oposición en cuestionar el proyecto bajo discusión. “Hay caída de la producción, caída de reservas, de hidrocarburos, el saldo de la balanza comercial es negativo”, arrancó la aliada de Julio Cobos y continuó: “A las provincias las han estrujado, no les mandan los recursos suficientes. Esta es la realidad, existe una mala presupuestación (sic)”.

La senadora radical ahondó en un argumento utilizado por varios legisladores de la oposición: que el gobierno nacional no destina los recursos suficientes a las provincias o que por la discrecionalidad en el reparto, las jurisdicciones opositoras no reciben recursos.

Un rubro relevante del Presupuesto son las obras públicas y proyectos plurianuales, que incluyen desde la refacción de edificios que pertenecen a la jurisdicción federal, como pueden ser los ministerios, hasta obras netamente provinciales, como rutas, parques nacionales y obras hídricas. Son recursos que se vuelcan en cada una de las jurisdicciones. A título de ejemplo, Córdoba recibirá recursos por 1169,3 millones de pesos, seguida por Santa Fe (1115,4), CABA (1728,0), provincia de Buenos Aires (4147,3), Tucumán (392,1), Salta (458,6) y Corrientes (335,3).

Durante los últimos debates parlamentarios sobre el Presupuesto, quedó en evidencia que la supuesta “discrecionalidad” no es tanto un problema para la oposición, sino que cada legislador utiliza ese argumento para conseguir más recursos para su jurisdicción, una meta lógica de la contienda política.

“El Presupuesto no garantiza la inclusión, sino que sigue concentrando la decisión política de avasallamiento de los recursos genuinos de las provincias. Lamento que sólo tengamos el 0,36 por ciento en concepto de obra pública cuando el límite de coparticipación secundaria es de 2,4 por ciento”, manifestó la rionegrina María Odarda (Alianza Frente Progresista).

Una de las políticas de estímulo, tanto económico como social, lanzada este año fue el plan Progresar, que vuelca recursos para que los jóvenes de entre 18 y 25 años puedan continuar sus estudios. Para 2015 fueron presupuestados 4175 millones de pesos, para llegar a los 618.882 beneficiarios. La principal jurisdicción que recibirá estos recursos es la provincia de Buenos Aires, con 1612,6 millones de pesos, seguida por Córdoba (326,5 millones), Santa Fe (176,3 millones), Corrientes (138,6), Entre Ríos (113,8), Misiones (159,4), Mendoza (197,6), Tucumán (194,1), Santiago del Estero (152,4), Salta (174,5) y CABA (82,5 millones), entre otras.

“Este gobierno quiere defender a muerte un presupuesto que tiene como eje el subsidio –lanzó el salteño Carlos Romero–. Es tan irracional que tiende a analizar la realidad en una visión anticapitalista extrema.” Las palabras del ex compañero de fórmula de Carlos Menem fueron similares a las que expresó más tarde Fernando “Pino” Solanas, quien habló de la “patria subsidiada”.

Si bien es verdad que a partir del déficit energético el Estado debe invertir divisas para importar combustible, también es relevante remarcar que a partir de la formulación y ejecución de políticas de energía eléctrica, por ejemplo, el Estado transfiere a la población 71.920 millones de pesos. Este dato aparece invisibilizado cuando se analizan los subsidios. En tanto, las transferencias para sostener y compensar las tarifas del sector automotor representan 19.010 millones de pesos.