Cuando todo parecía sepultado por la vorágine de las compras navideñas y el sorteo del célebre Gordo que cada año mantiene en vilo a la sociedad española, las tapas de los diarios amanecieron ayer con un titular que lo eclipsó todo: la infanta será finalmente sentada en el banquillo. El juez José Castro acaba de dictaminar la apertura del juicio Urdangarin por fraude fiscal e imputa a la hermana del rey como colaboradora de los delitos de su marido.

El magistrado sostiene que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada ante un tribunal por dos supuestos delitos fiscales de hasta 337.138 euros a la Hacienda pública a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios, al igual que sucederá con otras 16 personas implicadas en el caso. El juicio se prevé para mediados del 2015 en la Audiencia de Palma, luego de que en febrero del 2013 se dictara la primera imputación contra la infanta.

Hace un par de semanas, el caso Urdangarin volvió a ser noticia cuando los tres jueces del tribunal que llevan la causa coincidieron con la tesis de José Castro que inculpa a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos en 2007 y 2008 contra el Tesoro público, a pesar de que existe contra ella una única acusación, la del sindicato Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la infanta.

El juez Castro desestimó los argumentos del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, los abogados del Estado y los letrados de Cristina de Borbón, que defendieron a capa y espada la no existencia de indicios delictivos contra la infanta y apelaron a la aplicación de la llamada doctrina Botín (que recibe su nombre por ser la que salvó del banquillo al recientemente fallecido banquero), una norma que señala que si la fiscalía y la abogacía estatal no acusan en un delito que alude al Estado, no puede juzgarse. En opinión del magistrado, la hermana del rey perjudicó con su actitud al resto de los ciudadanos y por eso no cabe la aplicación de la polémica doctrina como eximente. Precisamente, a este asunto el juez dedica 38 páginas de un auto de 150, concluyendo que Manos Limpias está “absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura de juicio oral” contra la infanta, por mucho que no lo hagan la fiscalía y la abogacía general del Estado. “Ambas entidades reclaman distintas cantidades a la infanta como responsable a título lucrativo, lo que viene a reconocer que hubo perjuicio para el común de los ciudadanos y que, por tanto, quedaría legitimada la acusación popular”, argumenta Castro.

Fiel a su desenfadado estilo, el juez cita incluso las famosas campañas publicitarias del Ministerio de Hacienda para reforzar su planteamiento. “Consciente la Administración Tributaria de que esos principios no calarían fácilmente en el cuerpo social, se decidió a llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria, entre las que habrá de ser resaltada, por ser un clásico del que se ha hecho prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que ‘Hacienda somos todos’ y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: ‘Lo que tú defraudas, lo pagamos todos’”, subraya el magistrado.

En el escrito, Castro aclara que si la acusación de doble delito fiscal no prospera, cabría declarar a la infanta “partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos” perpetrados por su marido “de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos”. Urdangarin está acusado, además de fraude fiscal, de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y blanqueo de capitales, todos relacionados con el desvío de fondos hacia el Instituto Nóos, entidad que presidía junto a su esposa.

El llamado “caso Urdangarin” se abrió en 2010 para investigar la supuesta malversación de seis millones de fondos públicos de los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos. Cristina de Borbón participaba de la junta de dicha organización y, además, era copropietaria con su marido de la compañía Aizoon, en la que se drenaron las cantidades supuestamente defraudadas. De ahí que entre los acusados que tendrán que sentarse al banquillo en 2015 se encuentren el mencionado socio, Diego Torres; su esposa, Ana María Tejeiro, y sus dos hermanos colaboradores de Nóos, además del ex presidente del gobierno balear, Jaume Matas, cuatro de sus colaboradores, cargos de Madrid 2016 y de la Comunidad Valenciana, todos miembros del Partido Popular (ver aparte).

El fiscal pide una pena máxima de 19,5 años de prisión y una multa de 3,5 millones para Iñaki Urdangarin, mientras que para Jaume Matas reclama una pena de 11 años y 16 para Diego Torres. La Fiscalía Anticorrupción no ve culpable a la infanta, pero le exigió el pago de casi 600.000 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo de los fondos fraudulentos operados en Aizoon, que doña Cristina depositó en el juzgado la semana pasada. Al abonar esta cantidad, la infanta evitaba ser parte civil en la causa y ser citada como solicitaba el fiscal, pero con la decisión del juez Castro anunciada ayer, ya eso no podrá librarla del banquillo.

La Casa del Rey, por su parte, expresó su “respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial” tras conocer el dictamen del instructor del caso Nóos y, como anunció el pasado 7 de noviembre, deja en manos de la infanta la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos.