El gobernante Frente Amplio uruguayo, con mayoría en Diputados, convirtió en ley el proyecto de servicios de comunicación audiovisual. De este modo, busca “establecer la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual” con criterios de “pluralismo, diversidad e interés público”.

La ley, que fue aprobada con el voto de 50 de los 75 diputados presentes y ahora el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 120 días para reglamentarla, había obtenido media sanción de Diputados a fines de 2013, pero la semana pasada el Senado introdujo reformas y tuvo que volver a la cámara de origen. La iniciativa, que fue elogiada entre otros por el ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión Frank La Rue, entiende “por servicio de comunicación audiovisual a un servicio que proporciona una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión” y busca la “promoción del pluralismo y la diversidad”, junto a la “no discriminación”.

Con la norma el Estado uruguayo apunta a “garantizar el acceso universal, así como el uso de los servicios de radiodifusión abierta y gratuita de radio y televisión como parte de una estrategia integral para lograr el objetivo de asegurar la inclusión social de toda la población y el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República”. La ley destaca que “la potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual debe entenderse en el marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”.

Entre otros puntos, el texto aprobado se refiere a la titularidad de los medios y busca evitar los monopolios y oligopolios, propone que los propietarios de medios paguen un canon por el uso del espectro, multas de distinto calibre por infracciones, impulsa la producción nacional y limita la emisión de imágenes violentas. Además, la norma limita la publicidad a un máximo de 15 minutos por hora y establece un nuevo horario de protección al menor, entre otros aspectos.

El presidente José Mujica se había expresado a favor de la ley en líneas generales a través de una entrevista en Océano FM, en la que expresó que a su entender “la peor amenaza es que todavía venga alguno desde afuera y por abajo o por arriba se termine apropiando. Más clarito: yo no quiero que Clarín (grupo mediático de Argentina), Globo (grupo brasileño) o (Carlos) Slim (empresario mexicano) se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay”.

En cambio, el ex presidente Julio María Sanguinetti opinó esta semana que “nadie hubiera objetado un proyecto que regulara la concesión de ondas, llenando un vacío legislativo”, pero dijo que la ley de medios, de 186 artículos, “es inconstitucional” y es “un revólver cargado en la nuca del periodismo independiente”. Es que las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado consideran que lo que está en juego es la libertad de prensa, algo que es rechazado desde el oficialismo. Para el Frente Amplio, la ley es garantista y asegura la libertad de expresión.

Según el artículo 106 del proyecto, las personas jurídicas aspirantes a titular de un servicio de comunicación audiovisual deberán cumplir, como mínimo, requisitos como “no ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria”. Además, el artículo 51 concreta que “es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual”, así como establecer mecanismos para su control.

El presidente electo Tabaré Vázquez, quien asumirá en marzo, ya anunció su compromiso de reglamentar y hacer cumplir la ley, que definió como “impostergable”.