Durante casi un mes, Moisés Sánchez Cerezo formó parte de la lista de más de 23.000 desa-parecidos en México. A la mayoría de ellos ninguna autoridad los busca, excepto sus propios familiares. Pero el sábado pasado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Veracruz dio con el paradero de Moisés, periodista, activista, taxista, padre de familia. Oculto dentro de una enorme bolsa negra de basura, sus restos eran un amasijo; sólo se percibía que había sido degollado. Y como en Ayotzinapa, nuevamente la policía municipal es la autora material y un alcalde es señalado como autor intelectual del crimen: el panista Omar Cruz Reyes.

A nivel nacional, este homicidio es el décimo en la administración de Enrique Peña Nieto, desde el 1º de diciembre de 2012. En Veracruz, es el undécimo caso desde que el también priísta Javier Duarte Ochoa tomó posesión del cargo, el 1º de diciembre de 2010. Otros cuatro periodistas veracruzanos están desaparecidos y al menos una docena han tenido que huir del estado –incluso al extranjero– para proteger sus vidas y las de sus familias.

Moisés era un modesto periodista comunitario. Reporteaba, escribía, diseñaba, y cada semana imprimía y distribuía de forma gratuita el periódico La Unión, en el pequeño municipio de Medellín de Bravo, de apenas 2725 habitantes. El crimen fue cometido el 2 de enero por seis sicarios, tres de ellos ex policías, quienes sacaron al periodista a rastras de su casa, en la comunidad de El Tejar, y robaron su computadora, su cámara fotográfica y su teléfono celular. En sus desplazamientos contaron con la protección de la policía municipal de Medellín de Bravo, que supo lo que ocurría y no intervino. Ese mismo día Moisés fue asesinado “con elevada crueldad”, según la Procuraduría de Veracruz. El cadáver del periodista y activista “estaba irreconocible” cuando lo encontraron, 22 días después.

Al día siguiente del secuestro de Moisés Sánchez Cerezo, el 3 de enero, el gobernador Javier Duarte Ochoa le negó la calidad de periodista: “No es reportero, es conductor de taxi y activista social”, reclamó ante las primeras preguntas de la prensa local sobre el caso.

Y es cierto, a medias. Moisés Sánchez financiaba la publicación semanal de su periódico comunitario con sus ingresos como taxista. Reporteaba al mismo tiempo que recorría el municipio y registraba y publicaba las deficiencias urbanas, los abusos de poder y los nexos por acción u omisión de funcionarios municipales con el crimen organizado. Los casos más fuertes los compartía con reporteros de la vecina zona metropolitana de Veracruz, la más poblada del estado, con casi 850 mil habitantes. Su activismo lo llevó también a organizar varias manifestaciones de protesta, la última apenas en diciembre pasado, por la muerte de un comerciante. Alentados por Moisés, los vecinos habían organizado varios comités de vigilancia que patrullaban sus calles.

Una semana después del secuestro, el gobierno veracruzano debió recular y el procurador de Justicia del estado, Luis Angel Bravo Contreras, declaró que el activismo del director del periódico La Unión era una de las hipótesis más sólidas sobre su desaparición, especialmente el conflicto permanente que mantenía con el alcalde del Partido de Acción Nacional, Omar Cruz Reyes, quien lo habría amenazado.

La desconfianza en las investigaciones de la administración estatal inundó los medios y las redes sociales por todo el país. En Veracruz, como en el resto de México, la impunidad impera. A finales de febrero del año pasado, el gobernador Duarte Ochoa se comprometió a resolver los 10 asesinatos de periodistas ocurridos en lo que iba de su administración. A estas alturas, sólo el homicidio de Gregorio Jiménez, ocurrido hace casi un año, ha sido resuelto. El resto sigue en el limbo, y la cuenta volvió a elevarse a 10. A nivel nacional, la impunidad rebasa el 90 por ciento de los crímenes contra la prensa.

El cuerpo de Moisés Sánchez Cerezo fue encontrado la madrugada del sábado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, unos 25 kilómetros al noroeste de Medellín de Bravo. Según la declaración de Clemente Noé Rodríguez Martínez, un ex policía y traficante de drogas, el secuestro y asesinato fue un encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo y, a la vez, chofer y escolta personal del alcalde panista Omar Cruz Reyes, quien fue señalado como autor intelectual. El motivo aparente es que Moisés estaba “calentando” la zona. El alcalde habría dicho que, con su activismo y su periódico, “patea el avispero”.

“Tengo elementos para tener certeza probable de la participación del alcalde”, declaró ayer el procurador veracruzano y anunció que solicitará al Congreso del estado que retire el fuero constitucional que protege al alcalde Omar Cruz Reyes –lo mismo que a todos los presidentes municipales, gobernadores y legisladores del país– para poder llevar una investigación sobre su presunta autoría intelectual.

Por lo pronto, Jorge Sánchez, hijo del periodista, puso ayer en duda que el cuerpo que le presentaron como el de su padre sea el de él; sólo le mostraron un cadáver, sin ninguna de sus pertenencias. La familia no fue notificada del hallazgo, se enteró por la prensa local. Jorge Sánchez se trasladó a Xalapa, la capital del estado, para tratar de identificarlo; lo que vio detalladamente lo ha llevado a pedir la ayuda de Artículo 19 para confirmar sus dudas sobre el cuerpo que vio. Por lo pronto, han entregado el perfil genético de la familia a la Procuraduría General de la República.