El Congreso de Chile aprobó anteayer, a la espera de la promulgación presidencial, el proyecto de reforma del sistema educativo, que entrará en vigor en marzo de 2016 y que busca terminar con el lucro, el copago y la selección de alumnos en los establecimientos que reciben aportes del Estado. La medida, que fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado para volver a la Cámara baja, donde se aprobó definitivamente, es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el gobierno de Michelle Bachelet y que se fundamenta en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012. Ayer, la jefa de Estado trasandina pidió tranquilidad a los chilenos. “Quisiera hacer un llamado a las familias a que tengan calma, que tengan confianza, no se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente”, dijo Bachelet a los periodistas sobre la nueva norma, considerada clave para la reforma educacional que impulsa su gobierno. “Estamos contentos porque dimos un primer paso, un paso enorme para que Chile al fin tenga un sistema educativo más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación”, enfatizó la mandataria.

El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentada en tres ejes: el fin del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido. En esa línea, Bachelet destacó que con este proyecto, “aseguramos que los recursos públicos se inviertan en la educación de nuestros niños y jóvenes, lo que nos parece que es un inicio para avanzar en calidad. También nos va a permitir que nunca más nuestros niños y niñas puedan ser discriminados por sus condiciones familiares y sociales”, agregó la mandataria.

Durante la parte final de la sesión donde se debatió la reforma educativa, el presidente de la Cámara baja, Aldo Cornejo, ordenó el desalojo parcial de las tribunas, después de que algunos integrantes de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) protagonizaran una protesta. La decisión generó el rechazo de los legisladores opositores, quienes interrumpieron en varios momentos el proceso de votación del proyecto para protestar contra la medida, incluso algunos se retiraron de la sala. El diputado conservador José Manuel Edwards acusó a Cornejo de no dar garantías al ordenar el de-salojo de los opositores al proyecto y afirmó que su bancada pedirá la censura de la mesa directiva. Tras la votación, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, expresó su gratitud y satisfacción con el respaldo parlamentario, tras diez meses de discusión.

“Al final del día lo importante es que la democracia ha construido sus propios fundamentos para avanzar en una educación de calidad. Este es un proyecto que sienta la base filosófica de cómo se construye educación en Chile, un país donde buscamos que los estudios de los niños ya no se decidan por la capacidad económica de sus padres”, indicó Eyzaguirre. En tanto, la ex líder estudiantil y diputada Camila Vallejo destacó que este proyecto hace justicia al desmantelar tres pilares de las leyes de mercado. “Nos estamos poniendo a la altura de países desarrollados que trabajan por poner en primer lugar el criterio de equidad”, valoró Vallejo. “Los padres de menores ingresos conocerán ahora lo importante que es no tener que pagar más recursos por garantizar la educación de sus hijos”, agregó. “No estaríamos legislando esta reforma si no hubiese sido por la lucha del movimiento social”, subrayó tras el debate la diputada comunista, líder de las protestas estudiantiles de 2011.

La normativa termina con la selección por rendimiento previo de alumnos en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, incorporando en la legislación la frase “sin fines de lucro” y estableciendo de forma gradual la incorporación de la gratuidad en los colegios del país. Junto con ello, fija sanciones a los gestores que aprovechen los recursos destinados a la educación: esto significa que quien lucre deberá devolver el monto malversado de los recursos y, además, pagar una multa del 50 por ciento de lo que haya utilizado de mala manera.

Asimismo, los colegios no podrán seleccionar por factores socioeconómicos, étnicos, nacionales, culturales, religiosos o de discapacidad con el fin de terminar con las discriminaciones arbitrarias. Por ende, las instituciones educativas no podrán exigir antecedentes económicos de la familia del postulante ni contemplar el rendimiento escolar pasado. La entrada en vigencia de la nueva ley será a partir del 1º de marzo del 2016, sin perjuicio de las reglas especiales que al efecto se establecen, entre ellas, un plazo de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2017) para que los gestores de establecimientos particulares subvencionados que quieran seguir operando en la actividad educacional transfieran su calidad de tal. La nueva ley es la primera gran reforma al sistema educativo chileno y se fundamenta en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles que se desarrollan en Chile desde el año 2011.