Desde Lima

La reciente protesta social contra la petrolera argentina Pluspetrol y su desenlace terminaron dándole el tiro de gracia a un gabinete ministerial que ya hace un tiempo tambaleaba. Cuatro ministros salieron del gabinete del presidente Ollanta Humala, tres de ellos directamente involucrados en la crisis que en los últimos días rodeó a la empresa argentina. Los ministros destituidos son el de Interior, Daniel Urresti, responsable de la violenta represión policial contra los manifestantes levantados contra Pluspetrol en Pichanaki, poblado de la selva central, que dejó un muerto y más de un centenar de heridos, 32 de ellos con impactos de bala; el de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, que fue a la zona de conflicto a negociar con la población en huelga contra Pluspetrol y como salida a la crisis anunció el retiro de la empresa de la zona en conflicto –lo que fue duramente criticado por sectores empresariales y la oposición de derecha, que lo acusaron de claudicar ante las protestas–, y el de Justicia, Daniel Figallo, que acompañó a Mayorga en esas negociaciones. La cuarta baja en el gabinete es la de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte. También deja su cargo el titular de Trabajo, Fredy Otárola, pero solamente para cambiar de cartera: Otárola continúa en el gabinete pero ahora como ministro de Justicia.

Estos cambios ministeriales se dan luego de la crisis social gatillada por las operaciones de la petrolera argentina y en momentos que el gabinete, encabezado por Ana Jara, quien continúa en el cargo, estaba duramente cuestionado y la oposición parlamentaria había logrado las firmas necesarias para interpelarlo. El conflicto social contra Pluspetrol y su desenlace no originaron la crisis ministerial –las denuncias de espionaje por parte de los servicios de inteligencia a dirigentes de la oposición y a la propia vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, los excesos del ministro del Interior, Daniel Urresti, y otros escándalos habían debilitado seriamente al gabinete ministerial– pero la agudizó hasta darles el golpe final a los ministros que perdieron sus puestos. En ese contexto, el fin de semana una última encuesta reveló una caída de tres puntos en la popularidad del presidente Humala en el último mes, bajando a un 22 por ciento de aprobación.

Daniel Urresti, un general del ejército en retiro de comportamiento autoritario, era el más cuestionado de todos los ministros. Su nombramiento, en junio de 2014, fue duramente criticado por sus antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Urresti tiene abierto un proceso judicial por el asesinato de un periodista, ocurrido en 1988, en los años de la guerra interna entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso, cuando se desempeñaba como jefe de Inteligencia en la zona andina de Ayacucho, epicentro de la violencia en esos años.

Recién estrenado en el cargo de ministro, Urresti dejó evidencias, en el discurso y en la práctica, de su marcada vocación autoritaria. Ante cada anuncio de protestas contra el gobierno, respondió con amenazas. Bajo su mando, la policía reprimió duramente diversas protestas. Su compulsiva presencia en Twitter atacando, hasta llegar en no pocos casos al insulto personal, a los opositores al régimen contribuyó decididamente a su caída (ver recuadro). Su salida era exigida por la oposición de izquierda y de derecha. Después de lo ocurrido en Pichanaki su situación era insostenible.

Al general Urresti le gustaba vestir de comando para encabezar operativos policiales, siempre acompañado por los medios. En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, eso le ha dado cierta popularidad y, a pesar de los serios cuestionamientos a su gestión y a su pasado, su nombre suena como un posible candidato presidencial en las elecciones de 2016.

Urresti ha sido reemplazado por José Luis Pérez Guadalupe, hasta el martes un respetado jefe del Instituto Nacional Penitenciario, ajeno a la actividad política. Desde ese cargo, Pérez Guadalupe se ha enfrentado al fujimorismo por no haber permitido que el encarcelado ex dictador Alberto Fujimori se tome más privilegios de los que ya tiene violando las reglas de su detención.

El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, ya debilitado por denuncias de haber favorecido a una empresa petrolera a la que anteriormente estuvo vinculado, quedó en la cuerda floja cuando ante la población de Pichanaki reunida en la plaza del pueblo anunció, acompañado del ministro de Justicia, Daniel Figallo, el retiro de Pluspetrol de la zona a cambio de que se levante la huelga. Que la empresa haya declarado que antes de ese anuncio del ministro ya tenía planificado salir en estos días de este poblado y que esa decisión no los afectaba, no le bajó el tono a las duras críticas de una derecha con fuerte presencia mediática que ha hablado de claudicación ante la protesta social y exigió su renuncia. Figallo también tuvo que irse.

Se espera que estos cambios en el gabinete le sirvan al gobierno, seriamente debilitado en los últimos meses, para descomprimir en algo la crisis política y atemperar su duro enfrentamiento con la oposición. Por lo pronto, la interpelación al gabinete ministerial anunciada por la oposición en el Congreso, donde el oficialismo ha perdido la mayoría que tenía, ha quedado sin piso.