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Jorge Godoy y Benito Rótolo se negaron a decir palabra ayer frente al juez federal Sebastián Casanello, que dirige el juicio en su contra por las tareas de Inteligencia que fueron realizadas sobre dirigentes políticos, gremiales, sociales, funcionarios y periodistas desde la Base Almirante Zar de Trelew, en la provincia de Chubut. Los ex titulares de la Armada Argentina –fueron jefe y subjefe, respectivamente, entre 2003 y 2011– afrontan penas menores, acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad por impartir “órdenes e instrucciones a sus subalternos para que éstos desarrollen tareas de Inteligencia vedadas”. El debate continuará durante lo que resta de la semana; los alegatos tendrían lugar los primeros días de la próxima.

Quien sí declaró ayer fue Carlos Alegre. Ante Casanello, reconstruyó la historia que él, marino, había decidido denunciar en 2006 ante el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre lo que estaba ocurriendo en la base en donde trabajaba: “Es un hombre joven que no aceptó la orden de realizar tareas de Inteligencia que están prohibidas por la ley. A raíz de la insistencia de sus superiores, hizo la denuncia”, lo había presentado el titular de ese organismo, Horacio Verbitsky, durante la conferencia de prensa que realizaron en aquel tiempo para hacer pública la demanda: las tareas de Inteligencia interior detectadas en la base Almirante Zar, pero con implicancia en otras dependencias, como Puerto Belgrano, Mar del Plata, Zárate, Ushuaia y Buenos Aires. Así comenzó la investigación judicial que en un primer momento estuvo a cargo del juez federal de Rawson, Luis Pfleger. Tras medidas ordenadas, la Justicia encontró documentación que confirmaba lo advertido por Alegre: informes de Inteligencia confeccionados por diferentes órganos de la Armada que clasificaban a los espiados según sus ideas políticas y religión y circulaban a través de los canales de inteligencia bajo el rótulo de información secreta y confidencial. En Rawson procesaron a una docena de marinos de diferente rango, que fueron enjuiciados en 2012. Cuando la causa pasó a Comodoro Py, el juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 3, Daniel Rafecas, procesó a Godoy y a Rótolo.

La apertura del debate consistió en la lectura del auto de elevación a juicio en el que se describió la calificación de los delitos presuntamente cometidos por Godoy y Rótolo según la fiscalía. En ese sentido, se remarcó el “enorme nivel de autonomía y corporativismo de la Armada, con nulo o escaso control del Ministerio de Defensa”, durante el tiempo de los hechos. Luego, declaró Eduardo Hualpa, quien trabajó la causa como abogado desde Trelew. Y por último Alegre. Antes, habían tenido posibilidad de hablar en el debate los imputados. Ambos se negaron, con lo cual Casanello ordenó que se leyeran sus declaraciones en indagatoria. La importancia de este juicio es “demostrar que se trató de una práctica sistemática y estructural por parte de toda una fuerza”, explicó Diego Morales, titular del Area de Litigios del CELS. Esas actividades de Inteligencia sobre referentes de organismos sociales, políticos, gremiales, funcionarios del Ejecutivo, como la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, y judiciales, constituyeron una “violación de las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional” que “se realizó mientras los dos imputados ejercían la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada Argentina”, consideró el organismo denunciante.

Por otro lado, desde el CELS también entienden la importancia del debate en el contexto actual del país: “El juicio podrá fijar criterios claros para la supervisión civil sobre las actividades de Inteligencia y la importancia de los cambios recientemente incorporados al proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que apuntan en ese sentido”, amplió Morales.