En manos del sepulturero. Para limar las asperezas surgidas en las últimas semanas, Dilma Rousseff convidó a su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, a dialogar durante un viaje de Brasilia a San Pablo, el estado más rico e industrializado del país, donde ambos asistieron a un velorio.

Dilma ratificó ayer en el Palacio del Planalto, sede presidencial, la “necesidad imperiosa de promover una reducción de gastos”, lo cual implica un ajuste estimado entre 60.000 millones y 80.000 millones de reales (20.000 a 27.000 millones de dólares). Con esas palabras respaldó a Joaquim Levy, con quien habría conversado sobre sus declaraciones inoportunas y repetidos bloopers durante el viaje a San Pablo para asistir al entierro del hijo del gobernador de esa provincia.

Es la segunda vez que la presidenta procura encuadrar a su (in)subordinado ministro. Hace dos semanas, durante un encuentro con sus ex jefes de la banca privada, Levy deslizó críticas sobre la supuesta torpeza de Rousseff y días más tarde participó en un almuerzo cuyo anfitrión acababa de publicar un artículo a favor del impeachment presidencial.

En la Explanada de los Ministerios, la ancha avenida brasiliense que va de la Presidencia al Congreso, dicen que Dilma ya habría despedido a cualquier otro ministro que hubiera desafiado su autoridad como lo hizo Levy. Pero lo mantiene en su puesto porque sólo él, con sus ínfulas de primer ministro de facto, garantiza el aval del mercado hacia un gobierno con la popularidad en caída libre.

Desarrollista convicta, la presidenta se siente obligada a renunciar a su programa de crecimiento con distribución de renta y aumento de la demanda interna con el que llegó al gobierno en 2011 y aceptar los consejos ortodoxos de Levy, ex funcionario del FMI y el Banco Bradesco.

Según el cientista político André Singer, las medidas propuestas por Levy suponen enterrar el pacto social gestado durante los tres primeros gobiernos del PT (dos de Lula y uno de Dilma), cuyo punto culminante fue el virtual pleno empleo alcanzado en 2014.

Para Singer, ex portavoz de Lula, “estamos asistiendo a una política deliberada que busca destruir el pleno empleo porque el capital lo considera incompatible con las inversiones competitivas”. Esa tesis es similar a la de las dos líneas internas más importantes del PT, que formalizarán sus críticas a Levy en el congreso partidario de junio.

Entre tanto, fuentes del gobierno dejaron trascender que hay consenso en el gabinete sobre la necesidad de alcanzar un superávit primario que bordee el uno por ciento, pero mientras algunos ministros defienden un corte de 80.000 millones de reales, otros prefieren que sea de 60.000 millones.

Los más moderados argumentan que se debe evitar una austeridad muy radical para evitar el riesgo de una recesión profunda y una disparada de los índices de desempleo.

Por lo pronto, las proyecciones anticipan un año pésimo. El Boletín Focus, divulgado cada lunes por el Banco Central, proyectó que el PBI sufrirá una retracción del 1,01 por ciento en 2015 y la inflación trepará al 8,2 por ciento, pese a que las tasas de interés ya están en el 12,75 por ciento anual y podría seguir creciendo.

El diseño del paquete económico aún está inconcluso pero además de limitar el gasto público también prevé aumentar impuestos y quitar recursos destinados para el seguro de desempleo. El filo de la guadaña no se detiene ahí: habrá menos créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social destinados, por ejemplo, a grandes empresas constructoras.

Esto menguará los fondos para continuar la ampliación y construcción de carreteras, como la BR 163 en la región amazónica o la BR 101, en el nordeste. A lo que se suma la amenaza de parar algunas obras indispensables para los Juegos Olímpicos del año próximo en Río de Janeiro.

Como consecuencia de este enfriamiento de la industria de la construcción ya fueron despedidos 25.000 trabajadores según Miguel Torres, presidente de Fuerza Sindical, la segunda central laboral del país. Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias de San Pablo, dijo que no tiene cifras definitivas, pero arriesgó una “pérdida de 50.000 puestos de trabajo” en ese estado, que representa casi el 40 por ciento del PBI nacional. El vocero patronal Skaf reiteró su apoyo a una “solución” ortodoxa consistente en reglamentar la tercerización del empleo, iniciativa respaldada por un amplio espectro de partidos en el Congreso.

Petrobras

Durante su discurso de ayer en el Planalto y en las declaraciones de la semana pasada a la agencia Bloomberg, Dilma despejó cualquier duda sobre su decisión de ir a fondo con el plan de austeridad. Sin embargo, dio a entender que las reformas (o contrarreformas) no llegarán hasta la petrolera Petrobras, envuelta en un escándalo de corrupción por el cual debió renunciar su antigua dirección en febrero. “La lucha por la recuperación de Petrobras es una lucha mía y de mi gobierno, y tengo la certeza de que es algo que interesa al pueblo brasileño... lo que está en juego es la soberanía”, aseguró, antes de recibir un aplauso cerrado.

Con esa afirmación pareció abortar cualquier especulación sobre cambios de la legislación petrolera que limiten las atribuciones de Petrobras sobre los campos de aguas ultraprondas, o de “pre sal”, donde yacen unos 60.000 millones de barriles.

El opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña impulsa un proyecto de ley, en el que Petrobras pierde atribuciones y las petroleras extranjeras recuperan derechos similares a los que tenían durante la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). La iniciativa socialdemócrata cuenta con la venia del mercado y, acaso, del propio Levy. Pero seguramente el ministro de Hacienda evitará reconocerlo públicamente.