Una nueva democracia se apresta a ingresar en el círculo de las potencias que, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, ponen al conjunto de sus ciudadanos en el cerco de una estrecha vigilancia digital. La Asamblea Nacional francesa comenzó ayer el examen de un proyecto de ley sobre “la información” elaborado por el Ejecutivo. Tres meses después de los atentados contra el semanario Charlie Hebdo y el supermercado kosher del este de París, el gobierno socialista optó por el modelo norteamericano: proponer una ley que permite a los servicios secretos, a la policía y a otras tantas dependencias administrativas de ese tipo espiar más o menos a todo el mundo. Como lo dejó perfectamente retratado el matutino Libération en una de sus últimas portadas: “Todos espiados, todos vigilados”.

El proyecto de ley dota a los seis servicios secretos o de Inteligencia de medios suplementarios para investigar. Entre otros, uno de los problemas radica, por ejemplo, en el hecho de que la mayoría de esos servicios podrán actuar sin la supervisión de un juez. Les basta apenas con una autorización administrativa para acceder a datos privados fuera de todo control judicial. En adelante, será posible que los servicios de Inteligencia recurran libremente a uno de los dispositivos digitales más controvertidos que existen, los llamados Imsi-Catchers. Se trata de un juguetito mediante el cual se puede captar los metadatos de una conversación telefónica, e incluso escucharla. Basta con imaginar lo que daría como resultado un sistema así desplegado en una estación central o un aeropuerto.

El primer ministro francés, Manuel Valls, aseguró que el proyecto de ley “prohibirá la vigilancia en masa”. Sin embargo, su contenido está lejos de legitimar esa posición. Los servicios de Inteligencia tienen el camino abierto para interceptar comunicaciones de personas supuestamente sospechosas; tener acceso a redes y a bases de datos; forzar a los operadores que ofrecen acceso a Internet, a las redes sociales, a los motores de búsqueda y a las empresas que manejan bases de datos a entregar información sobre los contenidos cuando una persona o un grupo esté en el radar de la sospecha de actividades terroristas. La ley obliga a las empresas que dan acceso a la red a instalar “cajas negras” que deben captar de manera automática las “señales débiles” de los comportamientos típicos de los terroristas. En suma, toda la sociedad estará en el molino de la pesca de información. Los servicios de Inteligencia y el Ejecutivo le hacen pagar a todo el mundo el tributo de la inoperancia que demostraron con los autores de las matanzas de París de enero pasado. Los servicios se concentraron en la amenaza potencial del Estado Islámico y dejaron con las manos sueltas a los militantes de Al Qaída en la Península Arábiga.

La filosofía de la ley invierte de hecho la pirámide de la información secreta: los servicios de Inteligencia no arrancan sus investigaciones a partir de un blanco sospechoso, sino de una masa de metadatos extraídos para dar con un blanco. En lo concreto, todo el mundo estará espiado hasta que aparezca ese sospechoso. La ley levantó duras criticas y protestas. “Es peor que la NSA”, comentó Adriane Charmet, coordinadora del grupo militante por las libertades digitales La Cuadratura del Net. El texto de ley contiene de hecho ambigüedades irritantes y resbaladizas que pueden hacer de cualquier inocente un culpable en potencia. Uno de los párrafos que definen el marco de acción de los nuevos dispositivos se refiere a la “prevención del perjuicio a la forma republicana de las instituciones”. Frase pomposa que, sin embargo, como lo explica el presidente del sindicato de los abogados de Francia, Florian Borg, puede permitir que si hay una manifestación con cierto riesgo “se vigile al organizador de la manifestación”. Sindicato de la magistratura, periodistas, Amnistía Internacional, la Liga de los Derechos Humanos y otras ONG denunciaron el alcance de esta ley altamente policial. El juez Marc Trevit, hasta hace unas semanas miembro del polo antiterrorista del Tribunal de Instancia de París, señaló al semanario L’Express que dicha ley “abre el camino a la generalización de métodos intrusivos”. No es para menos: micrófonos ocultos, cámaras, balizas de geolocalización, programas espías, dispositivos de espionaje caracterizado serán utilizados de manera masiva y corriente. Lo que antes estaba reservado al polo antiterrorista y a las investigaciones sobre esa amenaza se volverá el gran instrumento en expansión.

Las autoridades se defienden diciendo que la futura Comisión Nacional de Control de las Técnicas de la Información (CNCTR) tendrá amplios poderes para supervisar las prácticas. Con todo, la ley es tan permisiva con las libertades que llega incluso a permitir que, en “caso de urgencia excepcional”, los servicios intervengan sin ninguna autorización. Con el tono y la lengua militar que lo caracteriza, Valls calificó de “mentirosos e irresponsables” a los sectores que osan comparar la ley francesa con el Patriot Act norteamericano. Los miembros del Observatorio Digital de la Libertades consideran no sin razón que el proyecto de ley es pura y llanamente “liberticida”. Raquel Garrido, integrante del Partido de Izquierda, lamentó que “la lucha contra el terrorismo sirva de nuevo para hacer pasar medidas de vigilancia de masas”. Google, Facebook, Twitter, Yahoo!, los vendedores de acceso a Internet y un sinnúmero de plataformas digitales y dispositivos electrónicos serán los nuevos aliados de la seguridad mundial. Los islamistas radicales son muy eficaces: sus acciones consiguen, además de sembrar el terror, que las democracias occidentales actúen como las dictaduras de las que ellos provienen. Vigilancia masiva, violación de la privacidad, transferencia de poderes de lo judicial a lo policial. Mal que les pese a los tecnodominados, Internet es un fabuloso recreo para entrar en la conciencia de cada habitante de esta Tierra.