Dos asociaciones ciudadanas españolas denunciaron ante la Policía Nacional vínculos entre el hijo del ex presidente José María Aznar, José María Aznar Botella, y el fondo buitre Blackstone. La investigación, presentada por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y la Asociación de Lucha contra la Corrupción, informó a la unidad policial que la empresa de la que es consejero el hijo del ex presidente y de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y que preside Juan Hoyos Martínez de Irujo, el íntimo amigo del ex presidente, mantiene “importantes y sólidos vínculos” con el fondo buitre que participó en la operación de compra de 1890 viviendas sociales de la alcaldía.

El escrito presentado por las asociaciones ciudadanas asegura que los miembros del Consejo de Administración de las sociedades instrumentales del fondo Blackstone crearon un entramado de sociedades que durante años fueron adjudicatarias de promociones de vivienda joven del Instituto de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid. De este modo, la denuncia presentada por las asociaciones sugiere la existencia de un complejo sistema empresarial que se habría beneficiado tanto de la construcción de vivienda pública como de su gestión y de su enajenación en la Comunidad de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular (PP) desde 1995.

La denuncia, citada por el diario español Público, también podría afectar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según apunta el escrito –que sin embargo asegura que todavía debe probarse–, la inmobiliaria Aguirre & Newman Madrid S.A., propiedad de Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre, podría estar relacionada y mantener vínculos con la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid pagó 2,2 millones de euros para “asesoramiento e intermediación inmobiliaria” durante la venta de las 1890 viviendas. La relación se apoyaría a través de Patricia Sainz Sanz, gerente de la empresa intermediaria, que sería socia, apuntan las organizaciones denunciantes, del hermano de Esperanza Aguirre. Sin embargo, las asociaciones ciudadanas que iniciaron la causa expresaron que no pudieron confirmar la conexión, por lo que pidieron a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional que investigue en profundidad este punto.

Cuando los fondos buitre compraron las viviendas públicas del ayuntamiento, la alcaldesa Ana Botella señaló que los contratos y condiciones de los actuales inquilinos serían respetados. “Lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor, en vez de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) será el nuevo propietario de los inmuebles”, afirmó Botella. Sin embargo, los inquilinos denunciaron que, además del cambio de nombre, también se modificaron los precios de los alquileres, los cuales se incrementaron un 41 por ciento. También informaron que los “nuevos dueños” desahuciaron a muchos vecinos que tienen problemas para pagar la renta debido a la falta de ingresos en el domicilio. Otra diferencia señalada por los inquilinos tiene que ver con los contratos que ofrecía el ayuntamiento y los que ofrece ahora el fondo de inversión. Los del primero duraban dos años que se prorrogaban obligatoriamente, siempre y cuando persistieran las condiciones que hicieron al inquilino merecedor de la vivienda pública. Por el contrario, el contrato del fondo buitre tiene una duración de un año que se renovará año a año con un máximo de “tres anualidades”.

Durante abril del año pasado, el fondo buitre Blackstone, de origen norteamericano, compró el Catalunya Banc su plataforma inmobiliaria. La operación, enmarcada en el proceso de venta de la entidad que el gobierno pretende finalizar a lo largo del presente ejercicio, consistió en la venta de la gestión de sus activos inmobiliarios adjudicados y los préstamos de promoción y construcción. Blackstone es el mayor gestor de inversiones de bienes inmobiliarios en el mundo y cuenta con más de 79.000 millones de dólares de capital de inversiones bajo su gestión. La cartera de este fondo buitre incluye hoteles, oficinas, espacios comerciales, industriales y propiedades residenciales en Estados Unidos, Europa y Asia.