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La detención de los presidentes de las dos mayores constructoras de Brasil, vinculados con el escándalo de corrupción en torno de la petrolera estatal Petrobras, no afectará la marcha del plan de infraestructura impulsado por el gobierno, afirmó el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. “Ese plan de concesiones es fundamental para el desarrollo económico y social y será realizado con absoluta transparencia, lisura y acompañado por todos los órganos de fiscalización”, dijo el funcionario en una entrevista publicada ayer por el diario O Estado de Sao Paulo. Otávio Azevedo y Marcelo Odebrecht, presidentes de las constructoras Andrade Gutiérrez y Odebrecht, fueron detenidos el viernes por la policía, acusados de fraude en licitaciones y cartelización en el caso de corrupción en Petrobras. A principios de mes, la presidenta, Dilma Rousseff, anunció un nuevo plan de infraestructura –el cuarto en la última década– que incluye obras en ferrocarriles, rutas, puertos y aeropuertos con una inversión prevista de 64.000 millones de dólares.

De acuerdo con el plan, estas obras serán ofrecidas en concesión al sector privado local y extranjero, y tendrán una financiación de entre 70 y 90 por ciento del costo de los proyectos por parte de la banca estatal. El juez a cargo del proceso judicial del caso Petrobras, Sérgio Moro, afirmó que las obras públicas en curso y a iniciarse pueden ser otra fuente de corrupción y remarcó que existe ese riesgo debido a que el gobierno no impidió que las empresas investigadas participaran de nuevas licitaciones. Cardozo respondió que respeta y no comenta las decisiones judiciales, pero advirtió que sería claramente ilegal e inconstitucional cualquier acto administrativo que aparte las empresas de las licitaciones sin que se comprueben delitos ni se les permita a los empresarios ejercer la legítima defensa.

Petrobras admitió que ese esquema de corrupción le provocó durante la última década una fuga de capitales por una suma que asciende a 2000 millones de dólares. Según la policía, la empresa estatal concedía a las firmas participantes del esquema obras o servicios cuyo costo se sobrevaluaba hasta un cuatro por ciento y repartían la diferencia –que las concesionarias simulaban donar a los partidos políticos para blanquear ese dinero– entre directores de la petrolera y dirigentes partidarios. Por el caso se investiga también a medio centenar de dirigentes políticos, la mayoría de los cuales integran la coalición gobernante y entre quienes figuran los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Renan Calheiros y Eduardo Cunha, respectivamente.

El Partido de los Trabajadores y otros fuerzas políticas implicadas en el caso admitieron haber recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados antes las autoridades fiscales y electorales. No obstante, según la policía, las empresas eran presionadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.