Cuando las encuestas, ciertos discursos políticos y la escalada del conflicto habían instalado un clima de pesimismo en Colombia sobre las Conversaciones de Paz, la semana comienza con una noticia que refuerza a otra buena noticia: al anuncio de las FARC de un cese del fuego unilateral por un mes, que comenzará el 20 de julio, se agregó ayer el acuerdo para discutir un “plan de trabajo” que acelere la finalización inmediata de las hostilidades, pero de manera bilateral. O sea, el gobierno aceptó sumarse a la tregua. Para la guerrilla, la decisión llegó acompañada de otra: la exigencia al Estado para que desmantele a los grupos paramilitares que todavía operan en el país. Un pedido que debe leerse en perspectiva. Las FARC no quieren repetir la experiencia de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que durante las décadas del ’80 y ’90 sufrió el exterminio de sus candidatos y militantes más importantes cuando abandonó las armas y se volcó a participar en elecciones.

El gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió a iniciar “un proceso de desescalamiento de las acciones militares” el próximo lunes, cuando comenzará la tregua unilateral dispuesta por las FARC. Cuatro meses después, los delegados del Estado colombiano y los insurgentes realizarán una primera evaluación de las medidas para bajar la intensidad del conflicto, como de los resultados del acuerdo para agilizar la negociación.

La búsqueda de la tregua bilateral llega en el momento que se hablaba de interrumpir las negociaciones en Cuba que se vienen produciendo desde el 19 de noviembre de 2012. El gobierno de Santos y las FARC comenzaron a dialogar desde esa fecha con avances y retrocesos. Las negociaciones son auspiciadas por los países garantes del proceso de paz, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela.

En una de las últimas declaraciones leídas por el comandante Ricardo Téllez de las FARC, la organización señaló: “Reafirmamos nuestra decisión de hacer dejación de las armas pero antes deben tomarse medidas para impedir que tengamos que contemplar impasibles como vuelve a producirse en Colombia el exterminio de una fuerza política nacida de un acuerdo de paz”. Las FARC presentaron además un primer informe con los nombres de los grupos y líderes paramilitares que todavía operan en diferentes regiones del país. El pedido de la guerrilla alude al caso de la Unión Patriótica, una fuerza política de izquierda creada a mediados de los años ’80 cuando negociaron la paz el entonces presidente Belisario Betancur y los insurgentes. La UP fue diezmada por grupos paramilitares de ultraderecha y el Cartel de Cali, principalmente. La nómina de asesinados incluyó dos candidatos presidenciales y cinco mil víctimas en total. La mayoría eran ex guerrilleros y miembros del Partido Comunista Colombiano (PCC).

La decepción que domina a la sociedad por cómo se prolongan las conversaciones en Cuba quedó reflejada en una entrevista reciente que concedió el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle: “Esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana”. Su par en las negociaciones, el comandante Iván Márquez de la guerrilla, había declarado, citando a un senador liberal: “Ha dicho Horacio Serpa con razón que si acabamos con el proceso de paz, tendremos 20 mil muertos más en una década”.

Desde el inicio de las conversaciones en La Habana, para los colombianos este es el peor momento. Lo refleja la encuesta encargada por El Tiempo de Bogotá que se hizo a 1000 personas en 23 ciudades entre el 1º y el 5 de este mes. El 75 por ciento descree de un acuerdo entre el gobierno y las FARC, el 78 no acuerda con el modo en que Santos conduce las negociaciones y el 80 por ciento considera que la guerrilla no tiene voluntad pacificadora. En diciembre de 2013, un estudio semejante indicaba que el porcentaje de negatividad era del 52 por ciento. De ahí que hoy se busque acelerar las negociaciones para conseguir el postergado cese del fuego bilateral.

El presidente acaba de relevar a la cúpula militar de las tres fuerzas armadas y les había pedido a los nuevos jefes “mantener la ofensiva en todo el país” contra la guerrilla. Lo hizo después de que dos bombas panfletarias explotaran en Bogotá y dejaran diez heridos. Santos acusó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el episodio, pero esa precisión no invalida la orden que les impartió a los nuevos mandos: la represión debe extenderse también a las FARC aunque estén negociando la paz. Esa conducta belicista fue criticada ayer por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el máximo comandante de las FARC: “No parece en realidad el lenguaje más adecuado para alguien que afirma estarse jugando su prestigio político en la búsqueda de la paz dialogada”.

El 14 de abril pasado en Buenos Aires, Cauca, las FARC mataron a once soldados de un cuerpo de elite mientras dormían. En un comunicado dijeron que había sido una acción defensiva mientras mantenían una tregua unilateral de casi cinco meses. Desde ese momento, recrudecieron los bombardeos sobre la guerrilla que admitió decenas de bajas en sus filas.

La respuesta de las FARC consistió en ataques a la infraestructura petrolera y energética del país. En Tumaco, al suroeste colombiano, el derrame causado por la voladura del Oleoducto Trasandino –equivalente a unos 10 mil barriles– ocasionó “el daño ambiental más grande de los últimos 10 años”, según el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo.

Las FARC exigen un cese del fuego bilateral definitivo. Santos pone condiciones para ello, pero ahora aceptó intensificar las negociaciones para lograrlo.

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